La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) ha manifestado inquietud ante el proyecto de Código Penal aprobado en el Senado. La organización considera que, a pesar de la necesidad de una legislación moderna, el texto ignora observaciones cruciales del sector empresarial, lo que podría generar inseguridad jurídica y afectar negativamente a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) mostró su inquietud con respecto al borrador del Código Penal que recibió aprobación en primera instancia por parte del Senado. La entidad cree que, si bien la nación requiere una normativa penal actualizada, el documento conserva cláusulas sobre la culpabilidad penal de las entidades corporativas que no incluyen las sugerencias técnicas presentadas por el ámbito empresarial.
La agrupación afirmó que la actualización del Código Penal no debería servir como pretexto para ratificar una regulación sin considerar los argumentos planteados por los sectores productivos. En este contexto, alertó que las normativas actuales crean ambigüedad legal y podrían dañar de forma particular a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
ANJE también criticó el proceso legislativo que condujo a la elaboración de la propuesta, declarando que fue “rápido y excluyente”, sin aprovechar el lapso de vacatio legis para integrar las correcciones necesarias a través de consultas entre distintos sectores. De igual forma, consideró ilógico que la puesta en marcha de los artículos referentes a la responsabilidad penal de las personas jurídicas se haya diferido únicamente por tres meses, a pesar de que, según indicó, las observaciones técnicas remitidas por el empresariado no fueron acogidas.
La organización añadió que el proyecto desaprovecha la oportunidad de establecer un sistema diferenciado para las micro y pequeñas empresas, así como un marco de responsabilidad penal para las entidades jurídicas “más claro, equilibrado y acorde con los principios de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica”. Por tal motivo, reiteró su solicitud para que se revise la propuesta antes de su ratificación final, con el fin de asegurar una legislación que fortalezca la certeza legal y la competitividad del país.