La asociación Hazte Oír, actuando como acusación popular, ha ajustado su petición de pena para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, de 24 a 13 años de cárcel. Esta modificación surge tras la decisión de la Audiencia Provincial de avalar parcialmente la investigación judicial, limitando los cargos a tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Para la asistente de Gómez, Cristina Álvarez, se solicitan seis años de prisión.
La acusación popular, encabezada por la organización ultracatólica Hazte Oír, ha modificado su demanda de condena para Begoña Gómez, la cónyuge del presidente del Gobierno, dentro del proceso penal que se sigue en su contra: ha pasado de 24 a 13 años de reclusión. Esta alteración se produce luego de que la Audiencia Provincial decidiera respaldar parcialmente la polémica investigación del juez Juan Carlos Peinado y remitir el caso de Gómez a un jurado popular, pero restringiendo los delitos imputados de cuatro a dos: tráfico de influencias y malversación. Para Cristina Álvarez, su colaboradora en La Moncloa, la acusación popular solicita una pena de seis años de privación de libertad. En su documento de conclusiones, Hazte Oír adapta su imputación a las restricciones impuestas por la Audiencia y establece así su solicitud de encarcelamiento para la esposa de Pedro Sánchez.
Por el presunto tráfico de influencias en la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, se piden dos años de cárcel; por la sustracción de fondos públicos, otros 11 años: tres por el salario público de su asistente en La Moncloa, a quien supuestamente encomendó tareas relacionadas con la cátedra, y ocho por la supuesta “apropiación con fines de lucro” —“o uso privado sin intención de apropiación”, aclaran— de un programa informático desarrollado en dicha cátedra. En caso de que el tribunal considere que existe un “concurso medial” entre ambos delitos —es decir, que uno haya sido el medio para cometer el otro—, la acusación popular solicita una sentencia única de 10 años de reclusión para Gómez.
Después de que Peinado enviara ante el jurado a la cónyuge del presidente del Gobierno, a su asistente y al empresario Juan Carlos Barrabés —a quien acusaba de asistir a Gómez en sus proyectos profesionales a cambio de “apoyo” para obtener “licitaciones públicas”—, la Audiencia Provincial restringió el alcance del procedimiento: en primer lugar, excluyó a Barrabés por falta de pruebas. Además, desestimó los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida. Respecto al primero, los magistrados aclararon que “no existen indicios suficientemente creíbles de que las personas investigadas hayan recibido obsequios, regalos o beneficios económicos, directos o indirectos, sin justificación en el marco de la actividad desarrollada por la cátedra”. “Por el contrario”, añadieron, “los acuerdos y aportaciones económicas realizados por las empresas [que colaboraron con la cátedra] parecen vinculados a los propósitos propios de la misma”.
En cuanto a la apropiación indebida, que el juez Peinado relacionaba con el software, la Audiencia fue menos tajante: precisó que el Código Penal no contempla su aplicación a un “bien intangible o inmaterial”. No obstante, al profundizar en esta tesis y rechazar también una administración desleal, señaló que cualquier conducta censurable relacionada con un “beneficio patrimonial” debe “enmarcarse” en este contexto “en el ámbito de la malversación”.
Además de las penas de prisión, Hazte Oír —como líder de una acusación popular compuesta también por los partidos Vox e Iustitia Europa, el pseudosindicato Manos Limpias y la asociación Movimiento de Regeneración Política de España— pide que Begoña Gómez sea sancionada, por el delito de tráfico de influencias, con una multa “del doble del beneficio buscado u obtenido”, así como con la privación de la posibilidad de acceder a subvenciones o ayudas públicas y del derecho a disfrutar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un periodo de 10 años. Y solicitan, de cara al juicio, que se determine “la capacidad económica” de Gómez para concretar el importe de la multa. Por las malversaciones, la acusación popular solicita la suspensión de empleo o cargo público por cuatro años y la inhabilitación absoluta —una privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos— por 20 años.
