Ante los recientes incendios que han afectado a miles de personas en Ávila, Madrid y Toledo, el Ministerio de Trabajo ha recordado la existencia de un permiso retribuido de hasta cuatro días por causas de fuerza mayor. Esta medida busca proteger a los trabajadores que no puedan asistir a sus puestos debido a cortes de carreteras o evacuaciones, asegurando su seguridad y empleo. Además, se promueve el uso de ERTEs temporales para empresas afectadas.
Tras el devastador incendio que ha provocado la evacuación y confinamiento de decenas de miles de personas en las provincias de Ávila, Madrid y Toledo, la ministra de Trabajo ha enfatizado que, dada la gravedad de los daños en viviendas e infraestructuras, los empleados no deben "elegir entre su seguridad y su empleo". La ministra ha invitado a las empresas a acogerse al "escudo social" que les permite solicitar Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) para darles tiempo a recuperar la normalidad. Por otro lado, muchos trabajadores de las zonas afectadas por el incendio se habrán levantado preguntándose qué sucede si no pueden llegar a su puesto de trabajo debido a carreteras cortadas o zonas evacuadas. La legislación ya contempla una respuesta para estas situaciones de fuerza mayor: un permiso retribuido de cuatro días.
Este derecho, conocido como permiso climático, surgió como una medida de "escudo social" tras la DANA que afectó a Valencia en 2024, cuando varios trabajadores perdieron la vida en el trayecto hacia o desde sus empleos. El Gobierno respondió con el Real Decreto-ley 8/2024, que estableció un nuevo supuesto de permiso retribuido en el Estatuto de los Trabajadores. Este cambio añade un nuevo apartado al artículo 37.3 y reconoce hasta cuatro días de ausencia sin pérdida salarial por motivos de fuerza mayor. Estos días, además, se consideran tiempo de trabajo, lo que significa que no es necesario recuperarlos posteriormente.
La vicepresidenta Yolanda Díaz recordó este fin de semana, a través de sus redes sociales, el alcance de este permiso. El objetivo, según explicó, es cubrir a "las personas trabajadoras que, como consecuencia de la pérdida de su medio de transporte o de alteraciones en el transporte público o colectivo, no puedan desplazarse a su puesto de trabajo" hasta que la situación se normalice. La ministra también señaló que la protección de la vivienda se extiende hasta que la familia encuentre una "solución habitacional estable y adecuada". Una vez transcurridos los cuatro días, si el problema persiste, entra en juego el ERTE por fuerza mayor, un mecanismo que fue utilizado durante el gran apagón de este año y la DANA de Valencia en 2024. La última reforma de este "escudo social" permite a los afectados disfrutar del permiso de forma inmediata, ya que "la acreditación de cualquiera de estas situaciones podrá realizarse con posterioridad y por cualquier medio de prueba".
Por su parte, CCOO también ha recordado en redes sociales los derechos de quienes se enfrentan a un riesgo grave por el fuego, que van desde la paralización de la actividad hasta la justificación de la ausencia sin temor a sanciones. Las delegaciones territoriales del sindicato en las zonas afectadas insisten en la importancia de "proteger el empleo, proteger las empresas y proteger el tejido productivo". UGT ha adoptado una postura similar, publicando un documento de preguntas y respuestas para las personas afectadas. "Nadie debe elegir entre su salud y su salario", afirma el sindicato en su comunicado. Ambas organizaciones sindicales destacan un aspecto crucial: la acreditación del permiso puede realizarse a posteriori, siendo suficiente una captura de pantalla del aviso oficial para activar este derecho.
Los datos de julio demuestran la relevancia de este permiso retribuido como medida de "escudo social". Los incendios en Madrid, Ávila y Toledo ya suman más de 77.000 hectáreas calcinadas. España se acerca a las 170.000 hectáreas quemadas en lo que va de año. Solo en la Sierra Oeste madrileña y Ávila se han contabilizado cerca de 100.000 personas afectadas, entre evacuadas y confinadas. Con tantas personas confinadas sin poder moverse de su localidad, o sin un pueblo al que regresar, el permiso deja de ser un detalle menor y para muchos empleados se convierte en la diferencia entre cobrar o no ese mes.
Sin embargo, el permiso no alcanza a todos. Fue concebido para proteger a los trabajadores del sector privado y al personal laboral de la Administración, pero el sindicato USO ha denunciado que más de tres millones de empleados públicos quedan excluidos de esta cobertura. Del mismo modo, los empleados autónomos tampoco pueden acceder a este paraguas de protección, a menos que coticen por la contingencia de cese de actividad.
