El Ministerio Público ha revelado que numerosos beneficiarios de SENASA negaron haber recibido los servicios de salud que aparecen registrados bajo sus nombres. Los testimonios indican un completo desconocimiento de los médicos, diagnósticos y procedimientos, así como de las visitas a los centros de salud. Esta situación ha llevado a la hipótesis de una selección deliberada de afiliados para la suplantación de identidad.
El Ministerio Público ha confirmado que, tras entrevistar a varios beneficiarios de SENASA, estos manifestaron no haber recibido las atenciones médicas que figuran en los documentos de reclamación. Según sus declaraciones, los pacientes no reconocen a los facultativos mencionados en los registros, ni los diagnósticos o tratamientos allí consignados. Asimismo, aseguraron no haber visitado los establecimientos sanitarios o consultas donde se habrían autorizado dichos servicios. Los declarantes también confirmaron que no solicitaron, firmaron ni recibieron las consultas, tratamientos o intervenciones quirúrgicas que se reportaron a su nombre.
Algunos aseguran que estaban en otros lugares
El informe judicial incluye testimonios de personas afiliadas que indicaron que, en las fechas y horas en que supuestamente recibieron asistencia médica, se encontraban realizando otras actividades que impedían su presencia en los centros de salud. Entre los ejemplos mencionados, figuran individuos que estaban en sus puestos de trabajo, en sus hogares, fuera de su ciudad e incluso en el extranjero, cuando, según los expedientes revisados, se habrían efectuado consultas o procedimientos a su nombre. El Ministerio Público también subraya que varios de los entrevistados desconocían por completo la existencia o ubicación de los centros de salud y consultorios donde presuntamente habían sido atendidos.
El expediente habla de una selección de afiliados
Basándose en la coherencia de estos testimonios, el Ministerio Público sostiene que los afiliados utilizados en las solicitudes de pago habrían sido elegidos de forma intencionada. La acusación detalla que se trataba de personas que residen en distintas partes del país y con características variadas. Conforme a la investigación, los implicados habrían seleccionado a beneficiarios que, debido a su ubicación geográfica o a la escasa utilización de su seguro, tendrían menos probabilidades de darse cuenta de que sus datos estaban siendo empleados. El Ministerio Público interpreta este patrón como un indicio de una operación que habría recurrido a información confidencial, usurpación de identidad y falsificación de firmas para generar reclamaciones contra SENASA sin el conocimiento de los afectados.
