La investigación del caso COBRA 2.0 ha destapado una presunta red donde formularios médicos, ya completos con datos de afiliados y servicios, eran enviados a un médico para su formalización. Los documentos, que incluían reclamaciones a SENASA, supuestamente eran firmados y sellados por el imputado, incluso en casos donde no había atendido a los pacientes. El dinero obtenido se distribuía según un esquema preestablecido.
Conforme a la documentación del caso COBRA 2.0, los impresos empleados en una de las modalidades investigadas se enviaban a través de la compañía Expreso Vegano, con Ángel Luis Guzmán Vásquez registrado en los comprobantes de remisión. Los destinatarios de estos papeles eran Felipe de Jesús Rodríguez, padre del acusado Víctor Felipe Rodríguez García. Según la imputación, una vez recibidos los escritos, Laura Mariel Guerrero Mosquea y Heidy Coronado Paulino informaban a Víctor Felipe Rodríguez García vía WhatsApp y le remitían fotos de los acuses de recibo que confirmaban el envío.
El Ministerio Público sostiene que los formularios llegaban previamente rellenados con la información de los miembros y los servicios sanitarios que serían solicitados a SENASA. El acusado, conforme al expediente, se limitaba después a validarlos con su rúbrica, sello y comprobante fiscal. La acusación añade que algunos de los afiliados incluidos en las peticiones no habían sido asistidos por Rodríguez García, a pesar de que sus datos se utilizaban para reportar consultas y tratamientos médicos ante SENASA. El informe indica que el imputado conocía esta situación y, a pesar de ello, habría formalizado y presentado las solicitudes.
En lo que respecta al dinero obtenido, el expediente detalla un reparto previamente fijado: el 35 % correspondía a Víctor Felipe Rodríguez García, mientras que del 65 % restante, Heidy Coronado Paulino recibía el 50 % y Laura Mariel Guerrero Mosquea el 15 %. El documento señala que el facultativo retiraba los fondos de su cuenta y entregaba posteriormente las cantidades correspondientes. La investigación establece que esta práctica se habría mantenido hasta octubre de 2024, cuando Rodríguez García comunicó su determinación de no seguir participando. Sin embargo, según la información del caso, Heidy Coronado Paulino habría insistido después para que permaneciera en el esquema.
