Un operativo policial fue llevado a cabo este viernes en la Prolongación 27 de Febrero, Santo Domingo Oeste, para efectuar el desalojo de ocupantes en predios supuestamente vinculados al exbeisbolista Pedro Martínez. La acción responde a la creciente problemática de ocupaciones irregulares en la zona, práctica que persiste a pesar de las normativas oficiales que buscan combatirla y sancionarla.
Un extenso despliegue de agentes de seguridad se realizó durante la mañana de este viernes en la Prolongación 27 de Febrero, cerca del acceso a las avenidas Buenos Aires y Bayona, en Santo Domingo Oeste. El objetivo fue ejecutar el desalojo de un área de terreno en esa localidad. Según datos preliminares y declaraciones de testigos, las personas removidas ocupaban de forma presuntamente ilícita propiedades que se atribuyen al exlanzador de las Grandes Ligas, Pedro Martínez.
Santo Domingo Oeste es uno de los municipios del Gran Santo Domingo donde se registran frecuentemente incidentes de ocupaciones no autorizadas de terrenos. A pesar de las advertencias emitidas por las autoridades, esta práctica sigue generando disputas relacionadas con la propiedad privada.
DECRETO CONTRA OCUPACIONES IRREGULARES
El 11 de noviembre de 2022, mediante el Decreto 668-22, el presidente Luis Abinader estableció una serie de disposiciones destinadas a prevenir y perseguir las invasiones y ocupaciones indebidas de bienes privados y del Estado. La normativa estipula que los ciudadanos extranjeros que sean debidamente procesados por estos hechos podrán ser expulsados del país, de acuerdo con las facultades constitucionales del presidente, y se les prohibirá regresar al territorio nacional.
Para tales fines, el decreto ordena acciones coordinadas entre el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Migración y la Policía Nacional. Entre las medidas adoptadas se incluye la creación de una unidad especializada dentro de la Policía Nacional para la prevención y persecución de invasiones y ocupaciones irregulares de terrenos privados y estatales.
Asimismo, se instruye al ministro de Interior y Policía y al director general de la Policía Nacional para que, respetando el debido proceso legal y conforme a la ley, procedan con la persecución y el sometimiento a la justicia de quienes participen en estas actividades. En cuanto a los extranjeros a quienes se les compruebe la comisión de infracciones contra la propiedad privada, también se encomendó a la Dirección General de Migración llevar a cabo los procedimientos correspondientes para su expulsión del país e impedir su reingreso al territorio nacional.
