Seis meses después de la aprehensión del expresidente Nicolás Maduro, Venezuela se encuentra sumida en una emergencia nacional. Devastadores terremotos han dejado miles de fallecidos y heridos, además de cuantiosos daños materiales, lo que ha paralizado el avance de reformas institucionales y la planificación de futuras elecciones. Esta catástrofe pone a prueba tanto al gobierno interino como a la relación estratégica con Estados Unidos, mientras el país busca reconstruirse y atender a sus ciudadanos.
Caracas.- Transcurridos seis meses desde la detención de Nicolás Maduro, Venezuela afronta las graves repercusiones de los terremotos del miércoles 24 de julio, los cuales han provocado al menos 2.595 muertes y han suspendido el proceso de reformas institucionales, así como el camino hacia posibles comicios. “La captura del presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una incursión militar de Estados Unidos en Caracas y tres regiones cercanas el 3 de enero, había inaugurado una etapa nueva y prometedora para una nación inmersa en una prolongada crisis política, económica y social”, detalló Carlos Seijas Meneses, periodista de EFE. Agregó que ahora esa misma Venezuela atraviesa una emergencia nacional que ha enlutado a miles de familias y lucha por sanar a los más de 12.000 lesionados.
“El país con reservas petroleras, cuya infraestructura se encuentra deteriorada tras años de corrupción, falta de mantenimiento y administraciones cuestionables, enfrenta hoy también el enorme desafío de reparar los daños físicos estimados en 6.700 millones de dólares, lo que representa cerca del 6 % del producto interno bruto (PIB), según cálculos preliminares del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)”, se señala. El Gobierno venezolano calcula en más de 12.800 las personas que perdieron sus hogares debido a daños severos y al colapso de numerosos edificios, la mayoría en el estado costero de La Guaira, al norte del país y adyacente a Caracas, la zona más afectada por los sismos.
Esta calamidad pone a prueba no solo al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la aprehensión de Maduro, sino también a su nuevo «aliado y socio», Estados Unidos, y al plan establecido por la Administración de Donald Trump para Venezuela, específicamente la segunda de las tres etapas: la recuperación. Según Washington, su estrategia “permanece inalterada”.
Durante los seis meses previos y bajo la supervisión de la Casa Blanca, Delcy Rodríguez impulsó la apertura de sectores como el petrolero, el minero y el eléctrico a la inversión privada y extranjera, desmanteló progresivamente el gabinete de Maduro y renovó la cúpula militar. La líder chavista también promovió una amnistía y cientos de liberaciones de presos políticos, además de anunciar un proceso de reforma del sistema de justicia penal y otro para la reestructuración del Gobierno.
La semana anterior a los temblores, EE.UU. había dado un paso enfocado en la tercera y última fase de su plan: la transición, con el envío a Caracas de la opositora Dinorah Figuera para iniciar conversaciones con el chavismo, excluyendo a la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, quien ha insistido en que tiene «la responsabilidad de dirigir» una negociación con el Gobierno de Rodríguez. Las conversaciones entre el presidente del Parlamento y hermano de la jefa de Estado, Jorge Rodríguez, y Figuera se sumaban al proceso de renovación institucional, ya que, según esta opositora, uno de los objetivos principales es conformar un «robusto, fiable y transparente» Consejo Nacional Electoral (CNE), actualmente bajo control chavista.
Figuera había anticipado que debían “entregar en diciembre de 2026 el resultado de un trabajo”, lo que hoy parece incierto, al estar toda la atención centrada en la tragedia, que también coincide con la finalización del periodo de interinato. Según la Constitución, la ausencia temporal del mandatario será cubierta por el vicepresidente ejecutivo por 90 días, prorrogables por otros 90, sumando un total de 180 días, si así lo decide el Parlamento, que finalmente no lo debatió. En cualquier caso, este 4 de julio se cumplen esos 180 días, por lo que ahora el Parlamento, controlado por el chavismo, debería determinar si existe o no una ausencia absoluta. De declararse la falta absoluta, se debe celebrar una “elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes”, y mientras tanto, Delcy Rodríguez continuaría al frente del Ejecutivo.
Sin embargo, el mismo día de la captura de Maduro, el Tribunal Supremo había dictaminado que la ausencia del chavista se produjo en una “situación excepcional, atípica y de fuerza mayor no contemplada literalmente en la Constitución”. Por lo tanto, ordenó que Rodríguez asumiera la Presidencia encargada, sin que ello implicara “decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la ausencia presidencial (temporal o absoluta) ni sustituir las competencias de otros órganos del Estado para realizar dicha calificación” posteriormente.
La emergencia también ha acelerado un proceso de apertura de Venezuela al ámbito internacional que ya había comenzado con las reformas económicas para la llegada de inversores extranjeros. En los últimos días, Caracas ha establecido acercamientos con naciones que antes eran adversas al Gobierno chavista, como El Salvador, Ecuador, Chile, Panamá, Argentina, Guyana e Israel, que han brindado apoyo a Venezuela en la tragedia. La significativa solidaridad internacional se ha manifestado en el envío de ayuda humanitaria, equipos de rescate y personal de salud.
La Administración Trump asegura que “mantiene su compromiso de apoyar a los afectados y trabajar junto a socios para ayudar a las familias a reunirse, proporcionar asistencia y llevar esperanza donde más se necesita”. Además, insiste en que su respuesta “sigue expandiéndose, con cientos de individuos, ayuda humanitaria y capacidades especializadas que están respaldando los esfuerzos de rescate y auxilio”. La apertura tras el doble terremoto también se observa en la mayor cantidad de medios extranjeros que ahora están en el país y a quienes antes se les dificultaba el ingreso por trámites de visa. Lo cierto es que, si antes no había certidumbre sobre el futuro político del país, ahora menos, al estar hoy priorizada en la agenda la atención a las víctimas y la búsqueda de soluciones para las miles de familias sin hogar a causa de una de las mayores catástrofes en la historia de Venezuela.
