Durante los seis años de gobierno del presidente Luis Abinader, el sector turístico dominicano ha experimentado un crecimiento sin precedentes, alcanzando hitos significativos. Sin embargo, este auge también ha generado controversias, especialmente en torno a la presunta privatización de playas y la restricción del acceso público. La situación ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre la inversión privada y el derecho ciudadano al disfrute de los bienes comunes.
A pesar de ser el turismo un pilar fundamental para la economía dominicana, persisten desafíos por resolver, incluso con los notables avances y las inyecciones de capital impulsadas en los seis años de administración del presidente Luis Abinader. Desde el año 2020, la administración gubernamental implementó el Plan de Recuperación Responsable del Sector Turístico, que asignó más de 400 millones de pesos dominicanos a la promoción, convenios con aerolíneas y mejoras en la infraestructura turística en áreas como Pedernales, Miches, Bergantín, además de respaldar proyectos hoteleros privados.
Parte de la ejecución de este esquema gubernamental, en conjunto con la estrategia de Marca País, ha posicionado al turismo dominicano para obtener resultados destacados. Entre estos logros se incluyen el reconocimiento de la Organización Mundial del Turismo como la primera nación caribeña en recuperarse post-pandemia, la llegada de 11.7 millones de visitantes foráneos en 2025, una expansión turística que atrajo a casi tres millones de cruceristas y la estimación del Banco Central de una inversión extranjera directa superior a los cinco mil millones de dólares para este año.
No obstante, el fortalecimiento de la actividad turística, la captación de capitales y la diversificación de la oferta de destinos también han suscitado interrogantes sobre ciertas iniciativas que involucran fondos públicos y capital privado. Esto surge a raíz de recientes denuncias sobre el uso de áreas públicas y la supuesta privatización de costas, realizadas por el comunicador Sergio Carlo y el vocalista de Aljadaqui, Mariano Lantigua. Estos acontecimientos han vuelto a poner en relieve el derecho constitucional de los ciudadanos a gozar de estos espacios y los límites entre la inversión particular y el aprovechamiento de propiedades de dominio público.
A este respecto, Sara Hernández, presidenta de la Asociación Dominicana de Prensa y Turismo (Adompretur), consultada por NDigital, expresó su postura acerca del sector turístico y su evolución bajo la actual administración gubernamental: “Bajo la visión del presidente Abinader, no solo hemos alcanzado cifras récord con más de 11 millones de visitantes, sino que se ha consolidado como nunca la cadena de valor de esta industria y esto obviamente ha fortalecido a nuestros agricultores, artesanos, transportistas, el sector de la construcción y también los emprendedores locales que dan vida a cada experiencia de quienes visitan República Dominicana”, señaló Hernández.
Aseguró que el modelo de gestión implementado por el Gobierno en el sector “no solo diversifica nuestro destino hacia nuevos horizontes como es el caso de Pedernales, Miches, Punta Cana, Bergantín y otros destinos”, sino que garantiza también el impacto económico, llegando directamente a las comunidades. Añadió que con las alianzas sólidas, el país por medio al sector ha logrado mayor conectividad aérea y una apuesta por la sostenibilidad, refiriendo que gracias a esos aspectos el Gobierno ha impulsado un turismo que genera “oportunidades reales”, que a su juicio, se traduce en progreso para todas las familias dominicanas.
Las playas dominicanas no son “un privilegio exclusivo de ningún complejo hotelero”, afirma la presidenta de Adompretur. La experta, tras abordar el impacto económico del desarrollo turístico en República Dominicana durante los últimos seis años bajo el mandato del presidente Luis Abinader, se refirió a las recientes acusaciones sobre el uso de espacios públicos en el sector, declarando que: “Las playas dominicanas son públicas por ley y por derecho constitucional, no un privilegio exclusivo de ningún complejo hotelero”.
Asimismo, agregó que la actitud en algunos complejos hoteleros evidencia una situación antigua, la cual calificó de abusiva en ciertos casos, refiriéndose a “la privatización disfrazada de nuestras costas”. “De hecho, ningún comercio o seguridad privada tiene la facultad jurídica de expulsar a ningún ciudadano de la franja marítima que nos pertenece a todos”, enfatizó Hernández. Criticó que permitir esta situación no favorece el turismo, sino que “es seguir validando el despojo de nuestro propio territorio”. En ese sentido, recomendó a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y a las locales que deben sancionar con firmeza esta y cualquier otra acción en contra del disfrute colectivo de las costas y playas. “Si guardamos silencio hoy por cosas como estas, mañana tendremos que pedir permiso para mirar nuestro propio mar”, concluyó.
Casos: denuncias por uso de espacios públicos turísticos. La semana pasada, el comunicador Sergio Carlo presentó una queja formal ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en contra del hotel Dreams Macao Punta Cana. Acusó al personal del establecimiento de obligarlo a reubicar su sombrilla debido a la celebración de una boda privada. Mediante un video difundido en redes sociales, Carlo mostró el instante en que dos empleados del hotel, identificados como Andri y Manuel, le pidieron trasladarse varios metros para despejar el área donde se llevaría a cabo una sesión fotográfica.
El comunicador cuestionó la solicitud, argumentando que vulnera lo establecido en el artículo 15 de la Constitución y la Ley 60-00, normativas que especifican que los primeros 60 metros de playa, medidos desde la pleamar, son de dominio público y de libre acceso para todos los ciudadanos. De manera similar, en julio, el vocalista y líder de la banda Aljadaqui, Mariano Lantigua, también hizo una reclamación después de su visita a Juan Dolio, donde reportó que trabajadores de un hotel le impidieron colocar sillas y un pequeño toldo en un sector de la playa, aduciendo que ese espacio pertenecía al complejo turístico.
El artista expresó su descontento y afirmó que, a pesar de haber alquilado un apartamento en la zona para compartir con su familia, no se le permitió usar un “shelter” para protegerse del sol: “Vinieron a prohibirme hasta las sillas. Tenemos que quemarnos bajo el sol y no podemos ni sentarnos cómodos”, manifestó a través de varios videos publicados en su cuenta de Instagram. La situación también abre el debate sobre el alcance de las inversiones público-privadas en el sector turístico y sobre la necesidad de garantizar que estas iniciativas se desarrollen sin afectar los derechos de la población ni el acceso a espacios que, por su naturaleza y disposición legal, corresponden al disfrute colectivo.
Respuesta del ministro de Turismo y recuperación de playas. David Collado, en respuesta a estas denuncias, aclaró a través del Ministerio de Turismo que se desautoriza cualquier acción de miembros de seguridad privada de complejos inmobiliarios o turísticos que tenga como propósito impedir o restringir el libre acceso de los ciudadanos a las playas públicas, siempre que dicho disfrute se realice de manera ordenada, pacífica y en cumplimiento de las leyes y normativas vigentes.
Con el propósito de fortalecer la seguridad jurídica, la convivencia y el uso responsable de nuestros espacios costeros, coordinaremos una mesa de trabajo junto al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales —institución que, conforme al artículo 18 de la Ley 64-00, tiene la responsabilidad de la conservación, el control y el uso sostenible de los recursos costeros y marinos del país—, así como con el Ministerio de Interior y Policía y la Procuraduría General de la República, para revisar estos casos y establecer criterios de actuación claros que armonicen el interés público, la protección del medio ambiente, la seguridad y el respeto a los derechos de todos. “Nuestro objetivo es garantizar que las playas, como patrimonio de todos los dominicanos, puedan ser disfrutadas en orden, tranquilidad y con estricto apego a las normas que regulan cada zona del país”, dijo Collado en un comunicado difundido en su Instagram.
Asimismo, la entidad indicó que ese mismo criterio será aplicado en cualquier otro proyecto o desarrollo turístico donde se presenten situaciones similares, siempre procurando soluciones institucionales que privilegien el interés nacional, la convivencia ciudadana y el desarrollo sostenible del turismo dominicano. “Nosotros no recuperamos playas, le devolvimos las playas a la gente. (Playa Sosua 1ra etapa, Playa Guayacanes 1, playa Guayacanes 2, Playa Esmeralda, playa Macao, playa las galeras, playa los patos, playa los quemaitos, playa de Haina, playa de Nizao, parqueo Bayahibe, Parque Nacional la caleta)”, concluyó.
Principales inversiones en turismo (2020-2026). El Desarrollo turístico de Pedernales (Cabo Rojo) es la mayor apuesta turística del Gobierno, con una inversión estimada para la primera fase de aproximadamente 2,000 millones de dólares, entre recursos públicos y privados. El Estado ha destinado alrededor de 300 millones de dólares en infraestructura y ha aportado terrenos para el proyecto, que incluyen:
- Puerto de cruceros Cabo Rojo.
- Aeropuerto Internacional de Pedernales (en construcción).
- Redes eléctricas y de agua potable.
- Planta de tratamiento.
- Desarrollo de hoteles y áreas comerciales.
Inversiones hoteleras privadas. El Gobierno ha promovido la llegada de nuevas cadenas y la expansión de complejos turísticos. Entre los principales proyectos se encuentran:
- Playa Grande Golf & Ocean Club (María Trinidad Sánchez): 1,000 millones de dólares, incluyendo un aeropuerto internacional privado.
- Nuevos hoteles y ampliaciones en: Miches, Punta Cana, Cap Cana, Puerto Plata, Samaná y La Romana.
Inversión extranjera directa (IED) en turismo, según BCRD. El turismo sigue siendo uno de los principales receptores de inversión extranjera en República Dominicana. El Banco Central informó que, en el primer semestre de 2026, el sector turístico recibió el 20.1% de toda la inversión extranjera directa captada por el país. Asimismo, la entidad bancaria presentó una proyección de IED que superará para el 2026 los 5,300 millones de dólares, manteniendo al turismo entre los sectores más atractivos para los inversionistas.
Acuerdos de inversión en FITUR. En la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, Banreservas anunció acuerdos para proyectos turísticos con un valor superior a 6,500 millones de dólares, con expectativas de financiamiento por más de 4,200 millones de dólares para nuevas inversiones hoteleras y de infraestructura. En este contexto, sería conveniente realizar una mirada interinstitucional y normativa que permita unificar criterios sobre la gestión y el uso de los espacios públicos vinculados al turismo. Para ello, las autoridades de los ministerios de Turismo y Medio Ambiente, junto con los gobiernos municipales, deberían establecer con mayor claridad las competencias, responsabilidades y mecanismos de supervisión, de manera que se garantice un equilibrio entre el desarrollo de las inversiones, la protección de los recursos naturales y el derecho de los ciudadanos al disfrute de estos espacios.
