Pequeños y medianos empresarios que proveen servicios al INABIE han manifestado su preocupación por las significativas pérdidas económicas que, según sus afirmaciones, han enfrentado al ser excluidos de los procesos de licitación para el almuerzo escolar. Varios afectados reportan inversiones paralizadas y deudas acumuladas, cuestionando la transparencia y equidad en las adjudicaciones, lo que ha generado un llamado a investigar la situación antes de proceder con los desembolsos.
Proveedores de pequeñas y medianas empresas comunicaron este lunes las repercusiones financieras que, de acuerdo con sus declaraciones, han experimentado al quedar fuera de los procesos de asignación del servicio de almuerzo para estudiantes del INABIE. Doris Jiménez, dueña de una cocina industrial, manifestó que lleva tres años sin poder ofrecer sus productos, manteniendo una inversión de aproximadamente RD$6 millones en su negocio y con el establecimiento cerrado, mientras cuestiona la ausencia de respuesta a las solicitudes que ha presentado.
Por otro lado, Juan Bautista Acevedo, quien también posee una compañía proveedora, aseguró que las micro, pequeñas y medianas empresas están siendo desplazadas por corporaciones de mayor envergadura. Acevedo explicó que posee equipamiento valorado en más de RD$1 millón que no puede utilizar y que acumula casi RD$4 millones en compromisos financieros, enfatizando además que, aunque un proveedor sea calificado, esto no garantiza necesariamente una adjudicación.
La consultora para MIPYMES, Elizabeth Beriguete, solicitó este lunes a las autoridades detener la entrega de fondos anticipados correspondientes a las licitaciones del almuerzo escolar del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), hasta que se investiguen las interrogantes surgidas en torno a las adjudicaciones, incluyendo los RD$110 millones destinados a empresas de jóvenes radicados en Azua.
Beriguete hizo estas declaraciones en respuesta a la información divulgada sobre compañías de reciente constitución, administradas por jóvenes con edades entre 19 y 24 años y sin historial crediticio, que resultaron beneficiarias de contratos para suministrar el almuerzo escolar en San Pedro de Macorís. La consultora mantuvo que la situación debe ser examinada antes de que los recursos económicos sean entregados a los adjudicatarios.
