El Poder Ejecutivo ha puesto en marcha una iniciativa para detener las apropiaciones ilícitas de tierras asignadas a proyectos de Reforma Agraria. Este protocolo busca intervenir en las zonas afectadas, fortaleciendo la seguridad jurídica de miles de agricultores en todo el país. La medida surge tras denuncias de organizaciones campesinas sobre prácticas fraudulentas para despojar a productores legítimos de sus propiedades.
El Gobierno ha iniciado una estrategia para detener las intrusiones y ocupaciones ilegales de propiedades vinculadas a programas de la Reforma Agraria, según informó la Presidencia este martes. El procedimiento de acción tiene como objetivo intervenir en las áreas afectadas por estas ocupaciones y fortalecer la certidumbre legal para miles de agricultores a nivel nacional.
Las autoridades acordaron comenzar un registro para establecer un plan de acción legal, técnico y operativo en diversas localidades del país, donde los parceleros han sido perjudicados por esta situación. Entre estas localidades se encuentran: Mogollón (San Juan de la Maguana), Villa Riva (Duarte), Montecristi, Monte Plata y Villa Altagracia (San Cristóbal).
El plan fue coordinado tras un encuentro en el Ministerio de Agricultura, con la participación del ministro de Justicia, Antoliano Peralta, y el ministro de Agricultura, Francisco Oliveiro Espaillat, junto al director general del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Darío Castillo Lugo, y representantes de las principales asociaciones de campesinos, según detalló el Gobierno en un comunicado.
Las asociaciones de agricultores denunciaron durante la reunión que personas inescrupulosas, interesadas en apropiarse de tierras, emplean diversas tácticas y se valen de supuestos abogados y presuntos respaldos de civiles, policías y militares para organizar esquemas destinados a desplazar a los verdaderos productores de sus propiedades.
Para estas agrupaciones, tales prácticas no solo ponen en peligro la estabilidad productiva y el patrimonio de hombres y mujeres que han labrado la tierra por años, sino que también generan conflictos que podrían poner en riesgo su integridad física e incluso sus vidas.
Bajo esta estrategia, se establecerá una comisión técnica interinstitucional encargada de documentar los casos, evaluar su situación legal y territorial, y proponer las acciones correspondientes, incluyendo mecanismos que permitan avanzar en la regularización y titulación definitiva.
El ministro de Justicia indicó que, respetando el debido proceso, se articularán los mecanismos legales que permitan enfrentar estas situaciones, garantizar los derechos de los productores y proteger los terrenos destinados por el Estado al desarrollo agrícola.
Por su parte, el ministro de Agricultura sostuvo que asegurar la tenencia de la tierra constituye también una defensa de la producción agropecuaria y de la seguridad alimentaria nacional. “Impulsaremos las medidas necesarias para que esos terrenos cumplan con el propósito para el cual fueron designados: producir alimentos y generar bienestar en el campo dominicano”, expresó Oliveiro.
El Gobierno señaló que el protocolo incluirá mecanismos de seguimiento entre Justicia, Agricultura y el IAD, con la participación de las organizaciones campesinas, y se respetará el debido proceso y el marco legal vigente para responder a los casos identificados y prevenir nuevas afectaciones.
