Representantes legales de más de un centenar de afectados en el caso Investor Winner, conocido como Operación Gaviota, han expresado su preocupación por los continuos retrasos en el proceso judicial. Denuncian más de veinte aplazamientos en el juicio de fondo, atribuyendo estas demoras a estrategias dilatorias por parte de las defensas de los acusados. Estas interrupciones han generado desilusión entre las víctimas, quienes ven disminuir sus esperanzas de obtener justicia.
Los letrados que asisten a más de cien perjudicados, de las al menos cuatro mil personas que resultaron afectadas por la supuesta estafa piramidal asociada a la compañía Investor Winner, también llamada Operación Gaviota, han cuestionado los más de veinte aplazamientos que, según sus declaraciones, ha acumulado el procedimiento legal. Este lleva cerca de un año en la fase de juicio de fondo. Los abogados Emmanuel Rivera Rodríguez y Misael Rodríguez señalaron que las dilaciones se deben a presuntas maniobras obstructivas de las defensas de los imputados, mencionando entre ellas los cambios de representantes legales, la sustitución de defensores públicos, problemas de salud y la ausencia de traslado de algunos procesados al juzgado.
Rivera Rodríguez afirmó que estas circunstancias han causado el desaliento de los perjudicados, muchos de los cuales, según indicó, han empezado a perder la fe en recibir una resolución judicial tras tanto tiempo de espera. «Las víctimas, evidentemente, ya prácticamente han perdido la esperanza en la justicia debido a estos incidentes», manifestó el abogado al explicar las razones de su reclamo.
Al detallar las situaciones que, en su opinión, han impedido el progreso del juicio, Rivera Rodríguez apuntó que algunos de los acusados han cambiado de defensores públicos durante el transcurso del proceso, lo que ha provocado nuevos incidentes y demoras. También criticó las dificultades para trasladar a los procesados que se encuentran en prisión hasta la sede judicial, una situación que, según su explicación, ha causado que algunas audiencias no puedan llevarse a cabo con normalidad. Como ejemplo, relató que abogados y víctimas deben viajar desde provincias como La Altagracia para asistir a las citas judiciales y, en ocasiones, regresar a sus localidades sin que se haya avanzado en el conocimiento del caso. «¿Cómo es posible que por un traslado, donde ellos no mueven al imputado, tengamos que nosotros venir de Higüey cada vez que hay audiencia, y un aplazamiento dura, por ejemplo, diez minutos, y ya uno tiene que volver a su pueblo?», inquirió.
El jurista indicó que entre las personas afectadas hay residentes de Santiago, Cotuí, San Pedro de Macorís, el Distrito Nacional, El Seibo y La Romana, quienes deben desplazarse para seguir el expediente.
Los representantes de los perjudicados también expresaron inquietud por supuestas fallas administrativas en la gestión de los roles de audiencia. En ese sentido, señalaron que han observado situaciones en las que, según su explicación, algunos imputados que están en libertad aparecen registrados como detenidos, mientras que otros que se encuentran privados de libertad figuran como si estuvieran libres. A juicio de los abogados, esas inconsistencias generan incertidumbre entre las víctimas y afectan la confianza en el desarrollo del proceso. Los juristas hicieron un llamado al Poder Judicial para que se preste atención a estas dificultades y se tomen las medidas necesarias para evitar nuevas interrupciones en el conocimiento del expediente.
Rivera Rodríguez explicó que la presunta estafa habría afectado a más de 4,000 familias, aunque aclaró que no todas acudieron ante las autoridades para presentar denuncias o constituirse en querellantes. Indicó que en el proceso se han formalizado querellas correspondientes a más de 400 familias y que el equipo legal que representa junto a Misael Rodríguez lleva la defensa de más de 100 víctimas. A pesar de las demoras que denuncian, los abogados aseguraron que cuentan con elementos probatorios para sustentar las reclamaciones de sus representados y manifestaron su expectativa de que el tribunal pueda avanzar hasta emitir una decisión favorable a los afectados.
El caso Gaviota, también conocido como Operación Gaviota, es una investigación del Ministerio Público contra una presunta red que habría utilizado la empresa Investor Winner para captar capital de inversores mediante promesas de altos rendimientos económicos. Según los antecedentes de la investigación, el esquema operó entre 2020 y 2024 y ofrecía ganancias mensuales de entre un 10 % y un 30 %, bajo el argumento de que los fondos serían destinados a actividades bursátiles y operaciones de trading. La estructura habría empleado plataformas digitales y redes sociales para atraer a nuevos participantes, quienes entregaban dinero con la esperanza de recibir beneficios económicos periódicos. El Ministerio Público atribuye a la presunta red la movilización de más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, a través de un mecanismo que habría funcionado bajo el modelo piramidal o esquema Ponzi, en el que los pagos a los primeros inversores se realizaban con los recursos aportados por nuevos integrantes.
La Operación Gaviota fue iniciada por el Ministerio Público mediante allanamientos y detenciones contra personas señaladas de formar parte de la estructura investigada. En octubre de 2025, un tribunal dispuso la apertura a juicio de fondo contra los implicados, quienes enfrentan acusaciones por presuntos delitos de estafa, asociación de malhechores, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos, entre otras infracciones. Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de juicio de fondo, en la que las partes deben presentar y debatir sus pruebas ante el tribunal. Los abogados de las víctimas indicaron que el Ministerio Público ya había concluido sus alegatos y que correspondía a los representantes de los querellantes continuar con sus planteamientos, por lo que esperaban avanzar con la presentación de testigos y pruebas documentales y financieras. Los representantes legales insistieron en que las demoras prolongadas perjudican a las personas que esperan recuperar sus recursos y obtener una respuesta judicial por las pérdidas económicas que atribuyen a la presunta estructura fraudulenta.
