La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) ha dictaminado a favor del derecho a reparar de los agricultores, obligando a John Deere a facilitar el acceso a herramientas de diagnóstico y recursos de reparación. Esta decisión, que implica una supervisión de diez años, pone fin a años de prácticas anticompetitivas que forzaban a los agricultores a depender exclusivamente de los concesionarios autorizados para el mantenimiento de sus equipos, lo que resultaba en altos costos y demoras críticas.
John Deere ha enfrentado un conflicto con sus clientes agricultores durante más de una década, y el año 2026 marca un punto de inflexión decisivo. Hace unos meses, la empresa ya recibió una sanción judicial por monopolizar las reparaciones, lo que la obligó a compensar a los agricultores que, durante años, tuvieron que pagar precios exorbitantes por sus arreglos. Ahora, el golpe final ha llegado: la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) ha fallado a favor del derecho a reparar de los agricultores, lo que significa que la gigante de maquinaria agrícola deberá facilitar el acceso a sus herramientas de diagnóstico. Durante diez años, John Deere estará bajo estrecha vigilancia para asegurar que brinde acceso a estas herramientas a quienes necesiten reparar sus propios tractores.
La sentencia establece que John Deere debe ofrecer a agricultores y talleres de reparación independientes, por un período de diez años, los mismos recursos que ya proporciona a sus concesionarios autorizados, y hacerlo de manera justa y razonable. El acuerdo también prohíbe que los concesionarios de Deere tomen represalias o discriminen a los clientes que opten por reparaciones independientes y que promuevan activamente la disponibilidad de estos nuevos recursos.
La importancia de esta decisión radica en que, si bien el derecho a reparar es un concepto conocido en el ámbito tecnológico, en el sector agrícola, con maquinaria especializada de alto valor, adquiere una dimensión crítica. El tiempo para sembrar o cosechar es limitado, y si un tractor o una cosechadora se avería durante varios días a la espera de un técnico autorizado, esto se traduce en una pérdida real de producción. Además, el costo de las reparaciones no suele ser bajo. La FTC considera que las prácticas de John Deere eran ilegales y abusivas, al obligar a los agricultores a depender de sus concesionarios autorizados para las reparaciones, lo que incrementaba los costos y provocaba retrasos en el servicio en momentos cruciales. Es importante destacar que esta sentencia podría sentar un precedente como modelo para la aplicación del derecho a reparar en otros sectores, como el automotriz.
En abril de 2026, John Deere ya había llegado a un acuerdo de 99 millones de dólares en una demanda colectiva con agricultores que habían pagado reparaciones costosas desde 2018, resarciendo así el daño económico causado. Ahora, la sentencia de la FTC exige un cambio en el modus operandi de la empresa, obligándola estructuralmente a poner sus servicios de reparación a disposición de los propietarios de equipos y talleres independientes.
Es posible gastar hasta 450.000 euros en un John Deere nuevo y aun así, el tractor no es completamente propiedad del comprador. Estas máquinas son mucho más que cuatro ruedas enormes; incorporan GPS, sensores, telemetría y software propietario de la marca, lo que constituye el nudo de la cuestión.
En detalle, Deere posee el control exclusivo de una herramienta de software de reparación totalmente funcional llamada "Service Advisor", cuya distribución restringía únicamente a sus concesionarios autorizados. La FTC calificó esta práctica como "un estrangulamiento ilegal sobre reparaciones esenciales de equipo agrícola". Además, Deere deberá pagar un millón de dólares de forma colectiva a los cinco estados demandantes en concepto de costos de ejecución antimonopolio, y estará sujeta a una supervisión de cumplimiento estricta durante los próximos diez años, un plazo que podrá extenderse si la empresa incumple los términos del acuerdo.
Aunque el acuerdo es vinculante, tiene un plazo definido y un mecanismo de supervisión para asegurar su cumplimiento, John Deere se ha limitado a afirmar que esta medida solo refuerza un "compromiso de años" que, según la empresa, ya venía cumpliendo. Resta por ver cómo se implementará en la práctica: la verdadera aplicación de precios "justos y razonables" dependerá de la rigurosidad con la que la FTC vigile su cumplimiento.
