Un residente de Salamanca se enfrenta a una sanción económica de 751 euros por arrojar bolas de papel mojado desde la terraza de su vivienda, que impactaron cerca de la terraza de un establecimiento hostelero. La Policía Local identificó al autor y el Ayuntamiento ha propuesto la multa, amparándose en la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana y Gestión de Residuos, que considera esta acción como una infracción grave.
La acción de lanzar objetos, como las bolitas de papel que algunos estudiantes usaban en el colegio, puede escalar a situaciones con implicaciones legales serias. Recientemente, en Salamanca, una patrulla de la Policía Local observó a una persona lanzando bolas de papel mojado desde la terraza de un sexto piso. Estas bolas caían en las proximidades de la terraza de un bar, provocando salpicaduras.
Lo que podría parecer una simple gamberrada, escaló cuando, semanas después, el Ayuntamiento publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una propuesta de sanción para el vecino identificado, ascendiendo a 751 euros. Esta medida no es un hecho aislado, sino que cuenta con precedentes jurídicos.
Los hechos tuvieron lugar en una vivienda de la calle Bordadores, desde donde las bolas de papel mojado alcanzaron las inmediaciones de la terraza de un local de hostelería situado en la calle Condes de Crespo Rascón. La notificación no especifica la cantidad exacta de bolas lanzadas, ni reporta heridos o daños materiales, ni menciona a vecinos o peatones afectados. Sin embargo, la Policía Local presenció el incidente e identificó al presunto responsable. Existe un antecedente de una situación similar que resultó en una multa de 200 euros.
El Código Civil contempla sanciones para el lanzamiento de objetos más contundentes. Su artículo 1910 establece que el habitante de una casa es responsable de los daños causados por las cosas que se arrojen o caigan de ella. Esto no se refiere a accidentes con elementos estructurales como banderas o tejas, sino a acciones intencionadas o negligentes, como un "agua va" malintencionado. El Tribunal Supremo aplica esta normativa a propietarios, inquilinos e incluso negocios. Aunque en este caso no se reclaman daños, la ley subraya la seriedad de arrojar objetos desde una vivienda.
La multa se justifica en la aplicación del artículo 11 de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana y Gestión de Residuos del Ayuntamiento, que prohíbe arrojar a la vía pública "todo tipo de residuos u objetos de pequeña entidad". Una bola de papel se considera un residuo, según la definición legal que engloba cualquier objeto que su poseedor desecha o tiene intención de desechar, independientemente de si está mojado o no. La ordenanza califica esta conducta como grave.
El monto de 751 euros se debe a que la Ley de Bases del Régimen Local permite a los ayuntamientos sancionar el incumplimiento de sus ordenanzas, estableciendo límites económicos. Las multas leves pueden llegar hasta los 750 euros, las graves hasta 1.500 euros, y las muy graves hasta 3.000 euros. Por ello, las sanciones graves comienzan en 751 euros, un euro por encima del máximo para las leves, ya que, aunque no se detecta reincidencia o agravantes, sí se presume una mala intención.
La gravedad de la infracción se determina por criterios generales fijados en la ley estatal, que gradúa las infracciones según el perjuicio a la salubridad o los daños al ornato público. Cada ordenanza local especifica qué conductas se encuadran en cada nivel. En Salamanca, el hecho de arrojar algo de pequeña entidad ya se considera grave. En otras localidades, como Getafe, arrojar pipas, chicles o colillas puede implicar multas de hasta 1.500 euros.
Una infracción sería considerada muy grave, con multas de hasta 3.000 euros, si causara perturbaciones relevantes en la convivencia, afectando de forma grave, inmediata y directa la tranquilidad o los derechos de otras personas. Acciones como pintarrajear o destrozar un escaparate ya constituyen un delito. Es importante destacar que los ayuntamientos solo pueden imponer estas sanciones cuando no exista una normativa sectorial específica que regule la materia.
Los hechos ocurrieron el 3 de septiembre y el informe correspondiente se emitió el 28 de septiembre. Posteriormente, la comisión de Medio Ambiente ha estado analizando el caso. Dado que la notificación no pudo ser entregada en el domicilio del implicado, el Ayuntamiento recurrió a su publicación en el BOE, un procedimiento habitual previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo cuando no se localiza al interesado. Este fue también el caso de un vecino de Salamanca que instaló una piscina en un patio de luces sin permiso. Desde los hechos hasta el análisis en comisión, han transcurrido casi dos meses. Ahora, el vecino dispone de 10 días para presentar alegaciones. Una vez finalizado este plazo, se emitirá la resolución.
La publicación en el BOE es una propuesta dentro de un expediente sancionador, no una multa firme. El vecino tiene derecho a alegar, aportar pruebas o negar los hechos. La misma ley contempla reducciones en la sanción: si el infractor reconoce su responsabilidad o realiza el pago voluntariamente antes de la resolución, la multa puede disminuir. Cada reducción es de al menos el 20%, y pueden ser acumulables. En este caso, los 751 euros podrían reducirse a aproximadamente 601 euros con una reducción, y a unos 451 euros con dos reducciones.
