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El Hierro frente al desafío migratorio: Respuestas gubernamentales y debate político

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La isla de El Hierro ha experimentado un flujo migratorio sin precedentes, recibiendo en dos semanas una cantidad de personas cercana a su población total. Ante esta situación, el Gobierno ha destinado cinco millones de euros y ha activado un marco legal en desarrollo. Este escenario ha intensificado el debate sobre la gestión migratoria, la reubicación de menores y la eficacia de las políticas europeas, mientras la llegada de cayucos desde Senegal y Gambia continúa generando presión.

La isla volcánica de El Hierro, con aproximadamente 12.000 habitantes, ha recibido en un lapso de dos semanas una cifra de personas casi equivalente a su población empadronada. En respuesta a esta situación, el Gobierno ha inyectado cinco millones de euros y ha activado un marco legal que ha estado en preparación durante dos años. Ante la llegada de embarcaciones desde Senegal y Gambia, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado informes sobre el despliegue de Frontex para gestionar este éxodo.

Mientras el tema migratorio se convierte en un punto central de la campaña política, El Hierro ha acogido a más de 10.000 personas solo en el mes de noviembre. La discusión actual se centra en el reparto de menores, la regularización de migrantes y un posible pacto europeo. La incógnita es si las soluciones se implementarán con la rapidez necesaria para abordar la llegada de cayucos. Tras la segunda reunión interministerial, el Gobierno central aprobó tres millones de euros para el Servicio Canario de la Salud y dos millones para el Cabildo, fondos que se suman a los 15,18 millones de emergencia ya previstos.

Sin embargo, estas ayudas para la isla no resuelven la cuestión fundamental: ¿este marco legal llega a tiempo? Mientras llegan para prestar apoyo el Guardamar Calíope y una treintena de agentes, el alcalde ha criticado la falta de previsión. Afirma que Canarias aún no ha recibido ningún euro, aunque reconoce avances en las derivaciones de personas. En el día de hoy, las llegadas de cayucos han dado una tregua de 24 horas. El presidente Sánchez ha conversado con Senegal y tiene previsto hacerlo con Gambia.

En cuanto a las cifras, Interior registra 24.364 llegadas a Canarias hasta el 15 de noviembre, lo que representa un aumento del 65,9% en comparación con 2025, con un pico de 1.580 personas en un solo día. Estos datos coinciden plenamente con las cifras comunicadas por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, sobre este movimiento migratorio a través de la ruta canaria.

Es importante contextualizar estos números: Frontex había reportado una disminución del 71% en las llegadas durante los primeros cinco meses del año, y la cifra actual sigue siendo inferior a las 39.910 llegadas registradas en 2023. Según Torres, aproximadamente 16.000 personas llegaron a El Hierro desde enero, de las cuales unas 500 permanecen en la isla, mientras que el resto fue derivado. Asimismo, las desapariciones en las rutas hacia Europa han aumentado casi un 20%.

Un elemento clave en esta situación es la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, acordada con Junts. Esta reforma establece la contingencia migratoria extraordinaria y exige el traslado de menores desde territorios saturados. Hasta febrero, se habían reubicado 1.019 menores. En junio, la ministra Sira Rego mencionó alrededor de 2.000 reubicaciones y un fondo adicional de 35 millones de euros. Este principio, que establece que la frontera es responsabilidad de todos, ya está recogido en el Boletín Oficial del Estado.

Respecto a la regularización, algunas voces advierten sobre un posible “efecto llamada”. No obstante, el Real Decreto 316/2026 exige acreditar la presencia en España antes del 1 de enero de 2026, y el plazo de solicitud previsto finalizaba el 30 de junio. Por lo tanto, quienes desembarcan actualmente no pueden acogerse a esta medida. Esta situación afecta a unas 500.000 personas que ya residen, contribuyen con impuestos y trabajan en el país.

A nivel europeo, el Pacto Europeo de Migración y Asilo entró en vigor el 12 de junio, implementando de forma obligatoria un cribado en frontera. Interior ha prometido un enfoque garantista y en agosto aprobó dos anteproyectos, uno de asilo y otro de extranjería, para adaptar la legislación. Canarias y Euskadi han advertido que esto podría incrementar la presión sobre las regiones fronterizas. Según Clavijo, el Gobierno ha solicitado a Bruselas celeridad para desplegar Frontex en Senegal y Gambia, pero la Unión Europea está revisando reglamentos.

En el ámbito político, el PP ha propuesto enviar a la Armada y Vox ha planteado militarizar las fronteras. Por supuesto, el gobierno central no comparte esta visión. En relación con la afluencia en Ceuta, Pedro Sánchez respondió a Jordi Wild: "El 30 y el 31 de julio, cuando se produce la avalancha, nosotros nos enfrentamos a un dilema: ¿nos liamos a tiros —una masacre— con chavales que van desarmados y que están saltando al mar para llegar a Ceuta, o tratamos de absorber a todos esos chavales para que posteriormente se puedan ir?".

De hecho, tres cuartas partes de las llegadas resultaron en salidas voluntarias apenas dos o tres días después de su llegada. Sin embargo, Abascal rechaza el reparto argumentando que fomenta la llegada de más personas. Feijóo tiene prevista una visita a Canarias el viernes 20, y Sánchez lo hará el sábado. La llegada de un cayuco con 134 personas a bordo es, ante todo, una operación de salvamento, y el derecho del mar obliga a realizar rescates. La militarización no altera esta obligación.

Clavijo ha reprochado que, desde julio, se sabía que la ruta migratoria se intensificaría y que no se ha instalado el hospital de campaña que solicitó en el CATE de San Andrés. Defender lo público implica actuar a tiempo, y en este aspecto, el Gobierno tiene una deuda. La derecha argumenta que un aumento del 65,9% refuta el modelo actual. Feijóo propone una inmigración con cupos y la expulsión directa de quienes incumplan la ley. Abascal considera que la regularización acelerará la “invasión”. Desde la izquierda, algunos ven en el Pacto una “Europa fortaleza”. Sin embargo, ninguna de estas posturas resuelve completamente la tensión entre el control fronterizo, la protección del asilo y la capacidad real de acogida.