La Comunidad de Madrid ha implementado un nuevo criterio para la adjudicación de viviendas protegidas de alquiler en Guadarrama, exigiendo a los solicitantes haber residido al menos una década en el municipio. Esta medida, que busca priorizar a los residentes de larga data, ha generado debate sobre su impacto en quienes han sido desplazados por el mercado o recién llegan a la localidad. La iniciativa se está extendiendo a otros municipios madrileños, sumando cientos de viviendas bajo este mismo esquema.
Mientras el mercado de la vivienda en Madrid experimenta incrementos históricos, la Comunidad de Madrid ha revelado una nueva estrategia para la asignación de su parque de viviendas protegidas. En Guadarrama, se requerirá un mínimo de diez años de residencia para optar a un piso de alquiler protegido. Sin embargo, esta condición excluye a los vecinos que ya fueron expulsados del municipio por el alto coste de la vida y a aquellos que, necesitando más una vivienda protegida, no han podido establecerse por un periodo tan prolongado.
Esta medida afecta a 58 viviendas bajo un convenio de protección pública en alquiler, ubicadas en Las Laderas. Se trata de 24 pisos de dos dormitorios y 34 de tres, con una inversión de 14,2 millones de euros. Estas propiedades mantendrán su estatus de alquiler protegido por al menos dos décadas adicionales. Los ingresos familiares de los solicitantes deben oscilar entre 1,5 y 5 veces el IPREM, lo que, con un IPREM de 600 euros, representa entre 900 y 3.000 euros mensuales. Aunque las obras ya han comenzado, aún no hay fecha de adjudicación. Un 75% de estos pisos (43 unidades) se destinará a quienes demuestren más de diez años de empadronamiento en Guadarrama, mientras que el resto se adjudicará conforme a la normativa general.
La aplicación de este criterio no se limita solo a Guadarrama. La Comunidad de Madrid firmó convenios similares el mismo día con Villa del Prado, Móstoles y Valdemoro, indicando una extensión de esta política. En total, suman 676 viviendas y 138 millones de euros de inversión, de los cuales el Gobierno regional aporta más de 113 millones. En los cuatro municipios, el 75% de las viviendas se reservará a personas con diez años de empadronamiento local. En Guadarrama, donde el PP gobierna en coalición con Vox, el convenio se firmó tras un rechazo inicial al borrador regional, lo que sugiere que esta política se alinea con el lema de 'Madrid para los madrileños de siempre'.
El argumento oficial detrás de esta decisión es proteger al 'vecino de siempre'. El alcalde, Diosdado Soto, ha destacado la falta de oferta de vivienda en el pueblo durante años, mencionando 12 viviendas en 2023 y más de 20 en la nota de este mes, y aspira a que esta promoción sea "la primera de otras". No obstante, la pregunta es quién realmente se beneficia del 75%. Este filtro favorece a quienes han logrado permanecer diez años en el pueblo, pero excluye a quienes se vieron obligados a marcharse por no poder pagar, a los jóvenes que buscan independizarse o a quienes llegaron hace menos de una década para trabajar. Esto ocurre en un contexto de un aumento interanual de casi el 17% en los precios de alquiler en julio, y en ascenso. En esta dinámica, el empadronamiento prevalece sobre la necesidad laboral.
El requisito de diez años es el mismo plazo que España exige para la nacionalización por residencia. En Canarias, un decreto similar que pide 12 años de arraigo para vivienda pública ya enfrenta una demanda por ser considerado irrazonable, dado que la vida de una persona puede cambiar drásticamente en una década. En Madrid, la propia Comunidad había explorado una ruta similar en el borrador del nuevo reglamento de vivienda protegida de marzo, exigiendo 10 años de empadronamiento en la región tanto para comprar como para alquilar. Tras el rechazo social, la exigencia para alquiler se redujo a 5 años. Más Madrid criticó que la norma trataba como ciudadanos de segunda a cientos de miles de personas de otras nacionalidades o provincias.
Existe una paradoja comarcal, ya que el borrador regional aún no ha sido aprobado y debe pasar por la Comisión Jurídica Asesora antes de volver al Consejo de Gobierno. Sin embargo, los convenios de Guadarrama exigen el doble de plazo que los planteados por la Comunidad. Una situación análoga se observa en el Plan Vive, que ya elevó de tres a cinco años el requisito de empadronamiento o vínculo laboral en el municipio. La exigencia de permanencia aumenta a medida que disminuye la disponibilidad de pisos.