Una propuesta legislativa en Bolivia que contempla la esterilización obligatoria, bajo supervisión judicial, para mujeres sin hogar ha provocado una considerable controversia. Organizaciones de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo han expresado su preocupación, argumentando que la medida infringe derechos fundamentales. La iniciativa, impulsada por un diputado opositor, busca la reinserción social de estas personas, especialmente aquellas con adicciones y que tienen hijos en condiciones de calle.
En Bolivia, una propuesta de ley que incluye la posibilidad de imponer la esterilización, con control judicial, a mujeres sin hogar ha sido fuertemente criticada por la Defensoría del Pueblo y diversas entidades de derechos humanos. Estas instituciones han advertido que tal disposición violaría derechos esenciales de las personas.
La iniciativa fue presentada por Néstor Rodríguez, diputado suplente de la coalición opositora de centro Unidad. Su argumento principal es fomentar la integración social de individuos sin hogar y prestar atención especial a mujeres que consumen estupefacientes o sustancias inhalantes y que tienen descendencia en dichas circunstancias.
El texto del proyecto establece inicialmente que cualquier procedimiento de anticoncepción permanente requerirá el consentimiento libre, previo e informado del individuo. Sin embargo, contempla que, una vez “agotadas las instancias pertinentes”, la esterilización podría volverse obligatoria y aplicarse bajo supervisión judicial.
Rodríguez explicó que la idea surgió al observar la situación de mujeres y niños que residen en las calles y están expuestos al uso de sustancias. “La propuesta nace al ver cómo están ahora las mujeres y sus bebés que inhalan clefa (un tipo de pegamento altamente inflamable). El proyecto de ley busca una nueva forma de vida”, afirmó Rodríguez.
El documento fue entregado hace varias semanas y, según el legislador, deberá ser considerado inicialmente por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Rodríguez indicó que la iniciativa pretende responder a la “necesidad” de las personas sin hogar de reintegrarse en la comunidad y aclaró que cualquier posible procedimiento sería precedido por evaluaciones médicas y psicológicas. “Primero se revisará la historia clínica de cada persona, será evaluada por un médico y un psicólogo, será una atención integral y al final se procederá con la esterilización”, detalló.
El diputado también sugirió la posibilidad de modificar el artículo referente a la esterilización obligatoria cuando la comisión legislativa revise el proyecto. El artículo 15 de la propuesta indica que la obligatoriedad podría aplicarse “bajo control judicial”, con el razonamiento de que los recién nacidos pueden ser “inmersos en la trata y el tráfico”.
La comunicadora y activista feminista Patricia Flores calificó la iniciativa de “inaceptable, discriminatoria y atentatoria contra la vida humana”. “Está planteando lo que en su momento la humanidad llamó una especie de limpieza étnica porque él está pensando en dirigir su atención a mujeres indígenas en situación de calle y extrema pobreza, personas que no tienen valor como futuros ciudadanos”, declaró Flores.
La activista sostuvo además que, en lugar de recurrir a medidas de este tipo, el Estado debería invertir mayores esfuerzos y recursos para evitar que las personas terminen viviendo en condiciones de pobreza extrema.
La Defensoría del Pueblo y varias organizaciones defensoras de derechos humanos emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron “su más profundo rechazo y preocupación” por la propuesta. “La institución defensorial recuerda que la esterilización forzada constituye una grave violación de los derechos humanos y vulnera, entre otros, los derechos a la dignidad, la integridad personal, la libertad, la vida privada y familiar, la igualdad, la salud y los derechos sexuales y reproductivos”, puntualiza el documento.
Las organizaciones también recordaron que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las decisiones sobre el cuerpo y la salud reproductiva corresponden exclusivamente a cada mujer y no pueden estar sujetas a coacción.
La Defensoría y las organizaciones instaron al Legislativo y a las demás autoridades del Estado a actuar dentro del marco de la Constitución boliviana y a descartar cualquier propuesta que vulnere la dignidad humana mediante la esterilización obligatoria.
