El empresario colombiano Alex Saab ha alcanzado un acuerdo significativo con la Fiscalía de Estados Unidos, comprometiéndose a entregar 195 millones de dólares y a colaborar activamente con el Departamento de Justicia. Este pacto implica su declaración de culpabilidad por conspiración para lavar dinero en una corte de Miami y ofrecer información crucial sobre posibles implicaciones de altos funcionarios venezolanos. A cambio, los fiscales recomendarán una sentencia reducida, sujeta al valor de su cooperación en futuras investigaciones.
El empresario colombiano Alex Saab ha llegado a un entendimiento con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el cual se compromete a entregar la suma de 195 millones de dólares y a colaborar plenamente. Esta cooperación implica proporcionar detalles exhaustivos sobre sucesos que podrían vincular a figuras destacadas del gobierno venezolano. Este acuerdo con la Fiscalía lo llevó a admitir su culpabilidad recientemente en una conspiración de lavado de dinero ante un tribunal federal en Miami.
Además, el pacto estipula que los fiscales sugerirán una condena en el límite inferior del rango establecido y solicitarán disminuciones adicionales si consideran que su contribución es valiosa para otras indagaciones. Durante una audiencia celebrada este lunes ante la jueza Kathleen M. Williams, en la Corte del Distrito Sur de Florida, Saab modificó su declaración de “no culpable”, presentada el 24 de julio, y asumió la responsabilidad por el cargo imputado. “Culpable, señoría”, respondió Saab en el transcurso de la sesión.
La entonces presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, deportó a Alex Saab bajo la presión de Estados Unidos, nación que ha investigado al empresario de origen colombiano por más de una década. Saab enfrenta una acusación de lavado de activos relacionada con una supuesta conspiración para establecer compañías fachada, manipular registros de envío y apropiarse de una porción de los fondos de contratos gubernamentales destinados a la importación de alimentos desde Colombia y México.
El empresario, de 54 años, había sido acusado en 2019, durante la primera administración de Donald Trump. Posteriormente, fue arrestado en una escala técnica para reabastecer combustible en Cabo Verde, cuando, según el Gobierno venezolano, se encontraba en una misión de carácter humanitario con destino a Irán.
