El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) aclaró que la asignación de contratos para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no implica un desembolso inmediato de fondos, sino una fiscalización continua. Esta declaración surge en un contexto de cuestionamientos sobre la adjudicación de licitaciones a empresas jóvenes sin historial crediticio, enfatizando que los pagos se realizarán solo por los servicios efectivamente prestados y supervisados.
El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) comunicó, a través de una nota de prensa, que la asignación de convenios para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no significa una "carta blanca". La institución mantendrá una vigilancia constante sobre los proveedores seleccionados para los períodos 2026-2027 y 2027-2028.
Cabe recordar que la entidad se encuentra bajo escrutinio debido a la concesión de una licitación por 110 millones de pesos a jóvenes de entre 19 y 24 años en Azua. Estas empresas, de reciente creación y sin respaldo crediticio, están ubicadas a más de cien kilómetros de los centros educativos de San Pedro de Macorís donde deben suministrar los alimentos.
INABIE explicó que el importe total de cada acuerdo no representa una transferencia instantánea de dinero al proveedor. El "pago corresponde al valor del servicio por las raciones alimentarias entregadas efectivamente y sujetas a inspección institucional".
En este sentido, el INABIE precisó que todos los contratistas estarán sujetos a procesos ininterrumpidos de seguimiento e inspección. Esto tiene como fin verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas, sanitarias y operativas.
La entidad afirmó que, si durante la ejecución contractual se detecta que un proveedor incumple con los requisitos establecidos, se tomarán las medidas administrativas pertinentes. Esto ocurrirá sin importar que el proveedor haya calificado en el momento de la adjudicación.
En cuanto a los criterios de selección, el organismo detalló que participaron 2,644 proponentes. De estos, 1,729 resultaron seleccionados mediante 34 licitaciones regionales dirigidas a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).
Asimismo, aclaró que la reciente constitución de una compañía comercial no constituye un impedimento legal para participar. Esto es válido siempre que las empresas hayan demostrado su solvencia mediante estados financieros provisionales certificados por un contador público autorizado (CPA) y la disponibilidad de crédito bancario o comercial.
