Veinticinco individuos, incluyendo veintiún médicos y cuatro ex-empleados del Seguro Nacional de Salud (SENASA), enfrentan una solicitud de prisión preventiva de 18 meses por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). Se les imputa participar en una supuesta red que, durante cuatro años, habría facturado servicios médicos inexistentes a afiliados, generando reclamaciones fraudulentas por más de 41 millones de pesos dominicanos.
Un total de veintiún profesionales de la medicina y cuatro individuos asociados previamente al Seguro Nacional de Salud (SENASA) se encuentran entre los veinticinco acusados para quienes la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha solicitado una medida de coerción de dieciocho meses de prisión preventiva, como parte del proceso conocido como operación COBRA 2.0.
El expediente judicial, que abarca quinientas veinticinco páginas, detalla una indagación donde el Ministerio Público señala la existencia de una presunta organización que, a lo largo de aproximadamente cuatro años, habría utilizado la plataforma de SENASA para registrar cobros por consultas, procedimientos y otros servicios de salud que, según los relatos obtenidos, algunos beneficiarios afirman nunca haber recibido.
Conforme a la acusación, entre el primer mes de 2021 y el segundo mes de 2025, se habrían detectado 4,363 autorizaciones consideradas ilegítimas, vinculadas a solicitudes de pago que ascienden a RD$41,125,551.
Entre los mencionados se encuentran profesionales de diversas ramas de la medicina, tales como internistas, ginecólogos-obstetras, ortopedistas, traumatólogos y cirujanos generales, además de otros especialistas y personas conectadas con la infraestructura administrativa y operacional bajo investigación.
