Una investigación revela el funcionamiento de una red fraudulenta dentro de SENASA, donde se utilizaban datos de afiliados para generar autorizaciones médicas falsas y reclamaciones ilegítimas. El esquema involucraba a empleados y médicos con roles definidos, causando un perjuicio económico considerable a la institución y afectando a miles de personas.
Conforme a la indagación, una organización ilícita operaba de manera constante y coordinada dentro de SENASA, mediante una estructura donde sus miembros poseían roles específicos para elaborar, convalidar y registrar aprobaciones médicas ilegítimas. El plan iniciaba con la adquisición y uso indebido de la información personal y sensible de los miembros de la entidad. Los individuos afectados, según el expediente, jamás solicitaron, recibieron ni requirieron las atenciones sanitarias que posteriormente aparecían registradas a su nombre.
Para llevar a cabo la maniobra, se empleaban datos confidenciales de los afiliados, documentos médicos y administrativos adulterados, así como formularios en los que se consignaban consultas, diagnósticos y procedimientos que presuntamente nunca se realizaron. El expediente establece que la estructura contaba con una distribución de funciones entre personal interno de SENASA y profesionales de la salud bajo investigación. Entre los empleados señalados se encuentran Ángel Luis Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino y Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, además de otros exempleados que continúan siendo investigados.
Estos empleados, de acuerdo con la acusación, tenían acceso a las bases de datos de SENASA, desde donde obtenían información confidencial sobre los afiliados y sus planes de salud. Posteriormente, esos datos eran empleados para elaborar solicitudes médicas a nombre de personas que no habían solicitado los servicios. En los formularios se incorporaban los datos personales de los afiliados, diagnósticos, consultas y procedimientos, además de rúbricas que, según la investigación, eran falsificadas. Una vez completados, los documentos pasaban a manos de los médicos implicados.
Los profesionales de la salud, según el expediente, firmaban y sellaban los formularios y colocaban el código PSS, con lo que se buscaba dar apariencia de legalidad a las solicitudes y permitir que estas fueran procesadas por el seguro. En otros casos, Ángel Luis Guzmán Vásquez, Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y sus colaboradores facilitaban directamente los datos de los afiliados a los médicos investigados. Con esa información, se elaboraban reclamaciones sustentadas en diagnósticos y procedimientos inexistentes, que nunca habían sido solicitados ni realizados. Para completar el trámite, se incorporaban datos falsos y se falsificaban las firmas de los afiliados.
De esta manera, siempre según el expediente, la estructura suplantaba la identidad de los afiliados y utilizaba su información para generar reclamaciones fraudulentas ante SENASA, con el propósito de obtener pagos y beneficios económicos de manera indebida. La investigación sostiene que la operación fue planificada, reiterada y sostenida en el tiempo, afectó a miles de afiliados y provocó un perjuicio patrimonial significativo al Seguro Nacional de Salud.
