CNN, MS NOW y Politico han solicitado una audiencia judicial urgente, alegando que la Casa Blanca ha ignorado una orden que exigía la restitución de las credenciales de sus periodistas. Este desarrollo sigue a la negativa de acceso a los reporteros, a pesar de la decisión judicial previa que consideraba la revocación inicial como un posible proceso inadecuado. La disputa subraya las tensiones entre la administración y ciertos medios de comunicación.
CNN, MS NOW y Politico pidieron este jueves una sesión de emergencia ante un tribunal federal, luego de que a los reporteros de estas tres empresas se les negara nuevamente la entrada a la Casa Blanca. Esto ocurrió a pesar de una resolución judicial que ordenaba la reposición inmediata de sus pases de prensa.
El magistrado federal Timothy Kelly había instruido horas antes al Gobierno del presidente Donald Trump que permitiera temporalmente el acceso de los periodistas de las tres organizaciones al complejo presidencial. El juez consideró que era probable que las empresas pudieran demostrar que la retirada de sus credenciales se realizó sin un procedimiento legal adecuado según la Constitución.
La orden, con una validez inicial de catorce días, instruye a los funcionarios de la Casa Blanca a “devolver, restablecer y restaurar” las acreditaciones permanentes que habían sido retiradas a los periodistas de CNN, MS NOW y Politico. Sin embargo, en la mañana de este jueves, representantes de las tres entidades intentaron entrar al complejo presidencial y fueron rechazados, conforme lo reportaron los propios medios en un escrito judicial.
Frente a esta situación, sus abogados pidieron la intervención apremiante de Kelly y destacaron que el tiempo era especialmente relevante debido a las actividades programadas en la Casa Blanca. El desacuerdo comenzó después de que Trump anunciara el 18 de septiembre que prohibiría la entrada a CNN, MS NOW y Politico, a quienes acusó de difundir información falsa sobre su gestión.
Al día siguiente, los periodistas de esos medios fueron rechazados por el Servicio Secreto y sus credenciales fueron confiscadas. Las organizaciones presentaron posteriormente una demanda en la que sostienen que la determinación constituye una represalia por su cobertura periodística y quebranta tanto la Primera Enmienda como las garantías de debido proceso de la Constitución estadounidense.
El Gobierno, por su parte, ha defendido las limitaciones argumentando que el acceso a la Casa Blanca es un privilegio y que existen justificaciones vinculadas con estándares de profesionalismo, conducta y protección de información delicada. Kelly expresó dudas sobre el argumento de seguridad nacional presentado por la administración, al señalar que esa razón no figuraba en las explicaciones iniciales ofrecidas públicamente para justificar la prohibición.
El litigio sigue abierto y el tribunal deberá determinar ahora cómo proceder ante la queja de los medios de que la orden de restitución no fue cumplida inmediatamente.
