La justicia argentina ha solicitado las grabaciones de seguridad y datos de tránsito del aeropuerto de Puerto Iguazú en relación con la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. Esta acción surge a raíz de denuncias de diputados sobre una posible asistencia del gobierno de Javier Milei a Bolsonaro para cruzar la frontera, lo que ha generado una investigación por presunto encubrimiento y abuso de autoridad.
Buenos Aires (EFE).- Las autoridades judiciales de Argentina han solicitado acceso a las grabaciones de cámaras de seguridad y otros datos relacionados con el tránsito de Flávio Bolsonaro por el aeropuerto de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. Desde este lugar, el ex candidato presidencial brasileño partió con destino a Estados Unidos.
Un tribunal federal en Buenos Aires y otro en Misiones consideraron válidas dos querellas presentadas por los legisladores Gabriel Solano y Marcela Pagano. Estas querellas se refieren a la posible ayuda del Gobierno del presidente Javier Milei a Bolsonaro y su familia para cruzar la frontera y abordar una aeronave privada que los trasladó inicialmente a Guayaquil (Ecuador) y posteriormente a Miami.
El requerimiento de las filmaciones busca establecer si se dará continuidad a la investigación tras la acusación de Solano por encubrimiento agravado, extralimitación de funciones, incumplimiento de los deberes de un servidor público, malversación de fondos y desvío de caudales públicos.
Solano, miembro del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FITU), afirmó en su denuncia que Milei y miembros de su administración debían estar al tanto de la restricción de salida que la judicatura brasileña había impuesto a Bolsonaro después de su derrota en las elecciones brasileñas del domingo anterior.
La controversia en Argentina por el viaje de Flávio Bolsonaro.
La legisladora Pagano, quien fuera parte del movimiento ultraderechista de Milei y ahora es opositora al oficialismo, se presentó ante los tribunales de Puerto Iguazú. Simultáneamente, interpuso una denuncia ante la justicia brasileña en la ciudad de Foz de Iguazú, pidiendo una investigación sobre el cruce fronterizo y un posible delito de tráfico de personas.
