Amnistía Internacional ha solicitado a los gobiernos de Haití y El Salvador que aseguren el cumplimiento de los derechos fundamentales durante las operaciones contra grupos armados en Haití. Esta petición surge tras el despliegue de militares salvadoreños en Puerto Príncipe. La organización enfatiza la necesidad de transparencia y el respeto a las normativas internacionales en todas las acciones militares para proteger a la población civil.
Amnistía Internacional ha solicitado a los gobiernos de Haití y El Salvador que garanticen el respeto a los derechos humanos durante las operaciones dirigidas a combatir las bandas armadas en territorio haitiano, luego del despliegue de más de dos mil efectivos salvadoreños en Puerto Príncipe. La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, indicó que tanto el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, como el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, deben asegurar que las acciones de las tropas cumplan con las directrices internacionales de derechos humanos. “El compromiso del primer ministro haitiano de no permitir transgresiones debe materializarse en garantías efectivas”, declaró Piquer a través de un comunicado.
La organización demandó a ambas administraciones la publicación del acuerdo que autoriza el despliegue militar, la explicación de los sistemas de supervisión de los efectivos y la definición clara de las normas sobre el uso de la fuerza, así como los procedimientos para reportar posibles abusos.
El contingente salvadoreño arribó a Haití en octubre con la misión inicial de colaborar en la búsqueda de cuatro militares de ese país, quienes desaparecieron el 18 de ese mes después de una emboscada de grupos armados en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets. Los soldados extraviados formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), cuya creación fue aprobada en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para apoyar la lucha contra los colectivos armados que dominan gran parte de Puerto Príncipe.
Sin embargo, Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación por la falta de claridad respecto al funcionamiento del contingente adicional enviado por El Salvador y su coordinación con la Policía Nacional Haitiana (PNH) y la GSF. La semana pasada, el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, explicó que la mayoría de los efectivos salvadoreños desplegados en Haití no pertenecen a la GSF, por lo que se encuentran fuera de su mandato y de los mecanismos de reporte de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas.
Por su parte, Fils-Aimé sostuvo que su Gobierno busca terminar con el control de las bandas armadas y restablecer la autoridad del Estado con el apoyo de El Salvador y las fuerzas internacionales. Piquer advirtió que las operaciones de seguridad podrían incrementar los peligros para comunidades que ya enfrentan una grave crisis humanitaria, especialmente cuando se realizan cerca de viviendas, centros educativos y hospitales. “La población haitiana tiene el derecho de vivir sin violencia y sin temor”, manifestó la representante de Amnistía Internacional.
En este sentido, la organización insistió en que el empleo de la fuerza debe ajustarse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, además de considerar medidas específicas para proteger a los niños y adolescentes, incluyendo a aquellos reclutados por las bandas armadas. También exigió que cualquier denuncia de violaciones de derechos humanos sea investigada de manera rápida, independiente e imparcial, con mecanismos que permitan a las personas afectadas presentar sus quejas sin miedo a represalias.
Finalmente, Amnistía Internacional solicitó el esclarecimiento de lo sucedido con los cuatro militares salvadoreños desaparecidos y exigió su liberación inmediata y sin daños si permanecen retenidos por alguna banda armada.
