El senador Antonio Marte, líder de Conatra, ha declarado que el precio justo del pasaje en el transporte público privado debería ser de RD$95, a pesar de que actualmente se mantiene en RD$35. Argumenta que los costos operativos han aumentado considerablemente, afectando la rentabilidad del sector. Además, ha presentado diversas propuestas para mejorar el tránsito y la gestión del transporte, así como abordado temas migratorios y económicos relevantes para la nación.
En Santo Domingo, el senador por Santiago Rodríguez y presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, sostuvo que el valor real del pasaje en el transporte público, tanto urbano como interurbano del ámbito privado, debería situarse en RD$95 actualmente. Explicó que los operadores afiliados a su gremio continúan cobrando la tarifa establecida de RD$35 debido a las normativas actuales y a los subsidios recibidos para el combustible.
Durante una entrevista en el programa del periodista Héctor Herrera, el legislador argumentó que la tarifa actual de RD$35 es insuficiente frente a los gastos operativos del sector. Señaló que insumos como neumáticos, piezas de repuesto y lubricantes han experimentado aumentos de hasta un cien por ciento en sus precios dentro del mercado nacional.
Comparó la tarifa dominicana con las aplicadas en sistemas de transporte colectivo en otras naciones de la región y en Estados Unidos, donde los pasajes varían entre 2.50 dólares y cifras superiores al convertirlos a la moneda local. Marte indicó que el sector del transporte soporta una carga operativa considerable y afirmó que la estabilidad gubernamental en la República Dominicana depende directamente del funcionamiento de Conatra, una entidad que agrupa a más de 85,000 vehículos en todo el país.
En cuanto a las medidas para enfrentar los embotellamientos viales en las principales ciudades del país, Marte hizo referencia a las iniciativas presentadas por la dirección del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Manifestó haber aconsejado al director del organismo que renunciara a su puesto si no obtenía el respaldo presupuestario, el personal policial necesario o si enfrentaba interferencias por llamadas de grupos políticos.
En su intervención, el empresario propuso una regulación estricta para la circulación del motoconchismo. Afirmó que un conductor de motocicleta en la modalidad de concho genera un ingreso promedio de RD$4,000 diarios, una cantidad que supera la rentabilidad actual de los conductores de vehículos de cuatro ruedas. Sostuvo que esta disparidad económica ha provocado que propietarios de automóviles prefieran guardar sus vehículos y usar motocicletas para el traslado de pasajeros.
Propuso la obligatoriedad de que cada motocicleta cuente con un seguro de responsabilidad civil, rotulación visible y placas distintas según su uso: servicio de taxi, mensajería, transporte privado o recreativo. Asimismo, sugirió limitar el tránsito de motocicletas a las vías secundarias que conectan con las avenidas principales. Para los vehículos particulares, planteó la implementación de un sistema de circulación alternada basado en placas pares e impares para reducir en un cincuenta por ciento la congestión vehicular diaria.
Respecto a la vigencia del Decreto 253-12, recordó la asignación de un impuesto de RD$2.00 por galón de combustible destinado a los programas de renovación de la flota vehicular antigua. Señaló que corredores como el de la avenida Núñez de Cáceres fueron financiados con estos fondos recaudados y no con asignaciones directas del presupuesto general del Estado. Criticó la implementación de los sistemas de teleférico en Santo Domingo y Santiago, considerándolos inversiones elevadas y sugirió reemplazarlos por esquemas de autobuses alimentadores hacia las líneas del Metro.
En el ámbito del transporte de pasajeros de rutas interurbanas, Marte aseguró que la actividad ha dejado de ser lucrativa para los inversores privados. Precisó que desde el año 2017 sus empresas no han adquirido unidades nuevas debido al alto costo de compra de los autobuses, que oscilan entre los 22 y 25 millones de pesos. Explicó que la falta de retorno de inversión ha obligado a empresarios del transporte a diversificar su patrimonio hacia otros sectores económicos, como el turismo y los centros de entretenimiento. Detalló que en sus talleres permanecen estacionadas cerca de cien unidades por falta de rentabilidad operativa o por baja demanda de pasajeros en ciertas rutas. En ese sentido, sostuvo que el Estado dominicano ha mostrado deficiencias en la administración directa de sistemas de transporte público y abogó por esquemas de alianzas o consorcios privados.
En relación con el flujo migratorio haitiano hacia el territorio dominicano, Marte estimó que en el país residen aproximadamente 5 millones de ciudadanos haitianos. Denunció que los procesos de repatriación llevados a cabo por la Dirección General de Migración resultan ineficaces, ya que gran parte de los extranjeros deportados regresan a territorio dominicano en cortos periodos mediante el pago de sobornos a intermediarios y militares en los puntos fronterizos. No obstante, reconoció que las infraestructuras de control, como el muro fronterizo y el aumento del patrullaje, han mejorado la seguridad en zonas rurales cercanas, citando el caso de la comunidad La Sidra de Toma en Santiago Rodríguez. Sobre las iniciativas de intervención internacional en la crisis de Haití, expresó su afinidad con los métodos aplicados por el gobierno de El Salvador contra el crimen organizado y manifestó su apoyo a acciones firmes contra las bandas armadas en la nación vecina.
El senador se manifestó en contra de la reducción proyectada en el Presupuesto General del Estado a las asignaciones destinadas a la Junta Central Electoral (JCE) y a las organizaciones políticas. Consideró que la disminución de recursos afecta la igualdad en la contienda electoral para los partidos con menor estructura económica. En materia salarial y costo de vida, solicitó al gobierno central realizar una revisión del salario mínimo general debido al incremento constante en la canasta básica y los combustibles. Rechazó los aumentos propuestos en el costo de los marbetes para vehículos de años anteriores, sugiriendo que cualquier reajuste fiscal sea aplicado exclusivamente a propietarios de vehículos de modelo reciente o de alta gama.
