Una alta ejecutiva de Ueno Casa de Bolsa fue arrestada en Paraguay por supuestamente eliminar documentos cruciales relacionados con operaciones bursátiles del expresidente Santiago Peña, quien se encuentra en prisión preventiva. El incidente ocurrió durante un allanamiento fiscal, donde se encontraron papeles rasgados que vinculan a la casa de bolsa con el colapso de Ueno Bank. Las autoridades continúan las investigaciones para recuperar y analizar la información destruida.
Andrea Benítez, la encargada de Operaciones en Ueno Casa de Bolsa, fue aprehendida el lunes en Asunción, Paraguay. Su detención se produjo después de que los fiscales, según los informes, la sorprendieran deshaciéndose de papeles concernientes a transacciones financieras del expresidente Santiago Peña, quien permanece encarcelado preventivamente por la investigación del fracaso de Ueno Bank.
El Ministerio Público paraguayo detalló que los fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta lideraron la intervención en las oficinas de la casa de bolsa. En un cubo de basura, hallaron varias hojas rotas que, al parecer, habían sido impresas esa misma mañana a las 11:45, momentos antes de la llegada de los investigadores. Tras este descubrimiento, Andrea Benítez fue acusada del delito de frustración de la ejecución penal, mientras las autoridades se esfuerzan por restaurar y examinar los documentos eliminados.
Entre los fragmentos recuperados, se identificaron direcciones de correo electrónico pertenecientes a individuos que ocupaban puestos importantes en compañías asociadas al Grupo Vázquez, el conglomerado empresarial bajo escrutinio. «Este procedimiento es parte de las acciones fiscales orientadas a recolectar y proteger elementos relevantes para el esclarecimiento de los hechos investigados», comunicó el Ministerio Público.
La captura de Benítez ocurrió en el contexto de una serie de inspecciones realizadas por la Fiscalía paraguaya en propiedades conectadas con el expresidente Santiago Peña y el exdirector del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo. Ambos están imputados y bajo custodia preventiva por su presunta implicación en irregularidades financieras ligadas a Ueno Bank.
Los investigadores también revisaron una casa de veraneo de Peña en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción, donde confiscaron computadoras, documentos y un teléfono móvil. Durante la operación, las autoridades localizaron una caja fuerte de alta complejidad que sigue sellada, dado que los investigadores aún no disponen del equipamiento técnico necesario para abrirla. La Fiscalía está evaluando los métodos para acceder a su contenido y determinar si contiene pruebas relacionadas con las transacciones económicas bajo investigación.
Peña fue destituido mediante juicio político
El expresidente Santiago Peña fue removido de su cargo el 6 de noviembre a través de un juicio político aprobado por los 44 senadores presentes, en medio de las pesquisas sobre el derrumbe de Ueno Bank. Tras su destitución, fue arrestado en su residencia de Asunción y, posteriormente, se le dictó prisión preventiva. Según la información divulgada, Peña perdió los privilegios asociados a su condición de expresidente, lo que permitió a las autoridades avanzar con las acciones judiciales en su contra.
Por su parte, Carlos Carvallo se entregó a la Policía el 7 de noviembre y también enfrenta cargos relacionados con las supuestas anomalías financieras. Conforme al expediente del Ministerio Público, entre 2023 y 2026, Ueno Bank recibió depósitos de organismos estatales y entidades de previsión, mientras concedía préstamos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial. La Fiscalía sostiene que Peña, quien habría sido accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025, influyó en decisiones relacionadas con la asignación de recursos públicos a la institución financiera.
Entre las operaciones examinadas, se encuentran reuniones con representantes del Instituto de Previsión Social (IPS) para definir inversiones en títulos emitidos por el banco. Las autoridades calculan que alrededor de 800 millones de dólares de instituciones estatales estuvieron involucrados en las operaciones financieras investigadas, principalmente fondos de previsión. Además, aproximadamente 32,000 jubilados del IPS tenían fondos relacionados con la entidad bancaria.
Peña está acusado de administración en provecho propio y lesión de confianza, mientras que Carvallo enfrenta cargos por lesión de confianza y producción mediata de documento público de contenido falso. Las indagaciones sobre el colapso de Ueno Bank se han extendido fuera de Paraguay, con solicitudes de colaboración internacional dirigidas a Argentina, Luxemburgo y Estados Unidos.
El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, informó que las autoridades están trabajando para localizar y recuperar bienes presuntamente relacionados con las operaciones financieras bajo investigación. Hasta el momento, la Fiscalía ha identificado unas 37 empresas y cerca de 35 individuos vinculados al expediente, sin descartar nuevas imputaciones a medida que avancen las pesquisas. Asimismo, las autoridades ordenaron embargos preventivos superiores a los 70 millones de dólares sobre bienes de directivos y sociedades accionistas, incluyendo U Paraguay, U Holdings y Grupo Vázquez.
El fiscal Francisco Cabrera explicó que estas medidas buscan recuperar recursos para que los ahorristas afectados puedan recibir la totalidad de sus depósitos. Mientras tanto, la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción mantiene bajo reserva parte de las actuaciones debido a la complejidad del expediente. La fiscal adjunta Nancy Salomón advirtió que las investigaciones prosiguen y que las autoridades buscan establecer el alcance de las operaciones financieras, las responsabilidades individuales y el destino de los recursos comprometidos.
