Los individuos señalados en la supuesta conspiración para atentar contra la vida del presidente Luis Abinader podrían enfrentar condenas de prisión de cinco a diez años por asociación delictiva agravada, e incluso hasta 40 años por delitos de terrorismo, si las acusaciones del Ministerio Público son confirmadas. La trama habría sido planeada para el 6 de noviembre, Día de la Constitución. Delvinson De la Cruz Sosa es uno de los principales investigados, y su audiencia de medida de coerción se llevará a cabo este martes.
Desde un lustro hasta una década de encarcelamiento por el delito de asociación ilícita agravada, y sanciones que podrían extenderse hasta los cuarenta años por actos de terrorismo, son algunas de las condenas que enfrentarían los involucrados en la presunta estrategia para atacar al presidente Luis Abinader, en caso de que las infracciones imputadas por la fiscalía sean comprobadas y las normativas penales aplicables resulten procedentes.
La entidad acusadora imputa provisionalmente asociación delictiva y tentativa de actos terroristas a los sujetos investigados por una supuesta trama que se habría planeado para ejecutarse durante los eventos conmemorativos del Día de la Constitución, el pasado 6 de noviembre. Entre los principales señalados se encuentra Delvinson De la Cruz Sosa, de 29 años, contra quien el Ministerio Público solicita tres meses de prisión preventiva. La sesión para la medida de coerción está agendada para este martes 10 de noviembre, a las 4:00 de la tarde, frente a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte.
El nuevo Código Penal dominicano, establecido mediante la Ley 74-25 y modificado por la Ley 44-26, contempla en su artículo 373 penas de cinco a diez años de reclusión por asociación ilícita agravada, cuando se cumplen las condiciones establecidas para dicha infracción, entre ellas la conexión con actividades terroristas.
Asimismo, el artículo 154 establece penas de uno a dos años de prisión por ciertas amenazas de muerte. No obstante, las amenazas deben distinguirse de los cargos formalmente imputados en este expediente, que incluyen asociación delictiva y tentativa de terrorismo.
En lo que respecta a los actos terroristas, la Ley 267-08 prevé sanciones para determinadas conductas y establece que la tentativa de crímenes terroristas puede ser castigada como el delito consumado, siempre que se demuestren los elementos necesarios para configurar esa infracción.
Aunque algunas de las sanciones previstas para delitos de terrorismo pueden alcanzar los 40 años de prisión, esa cifra no representa una condena automática para los investigados. Su aplicación dependerá de los hechos demostrados, los artículos legales correspondientes y la responsabilidad individual de cada imputado. La legislación dominicana también establece reglas sobre el concurso de infracciones y la acumulación de penas. Sin embargo, no todas las sanciones pueden sumarse automáticamente, debido a que debe determinarse si corresponden a delitos independientes o a una misma conducta.
Según el expediente de 57 páginas presentado por el Ministerio Público, el supuesto ataque habría sido planificado para el pasado viernes 6 de noviembre, durante las actividades oficiales por el Día de la Constitución. Las investigaciones indican que los involucrados habrían intercambiado información sobre la preparación de artefactos explosivos, los movimientos del presidente y posibles rutas de escape después de la supuesta ejecución del atentado.
El Ministerio Público sostiene que los participantes utilizaron plataformas digitales como Telegram, WhatsApp, Instagram y Zangi para comunicarse y coordinar acciones relacionadas con el presunto plan. Según las indagatorias, De la Cruz Sosa habría administrado un grupo de Telegram denominado «Trinitarios Élite», supuestamente utilizado para organizar actividades relacionadas con la trama.
Las autoridades también identificaron un grupo de WhatsApp denominado «Élite Privado», que habría sido empleado para promover movilizaciones y captar participantes. De la Cruz Sosa fue arrestado durante un allanamiento realizado el pasado 3 de noviembre en un apartamento ubicado en el segundo nivel de una vivienda de la calle Joaquín Balaguer, en el sector Vista del Valle, de San Francisco de Macorís.
Como parte de las investigaciones, las autoridades también allanaron la Ferretería Molina, ubicada en la avenida Profesor Juan Bosch, establecimiento donde laboraba el imputado. Durante los operativos fueron ocupados equipos electrónicos y sustancias químicas que están siendo evaluados para determinar si guardan relación con la presunta planificación del atentado. También se han divulgado informaciones sobre la ocupación de armas, pertrechos militares y materiales presuntamente explosivos. No obstante, la naturaleza y capacidad de estos últimos deben ser determinadas mediante los análisis periciales correspondientes.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte tiene previsto conocer este martes 10 de noviembre, a las 4:00 de la tarde, la solicitud de tres meses de prisión preventiva contra De la Cruz Sosa. La audiencia fue aplazada anteriormente a solicitud de sus abogados defensores, quienes pidieron tiempo adicional para estudiar las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
El abogado Jerso Liranzo explicó que necesitaba examinar íntegramente la solicitud de medida de coerción y los elementos probatorios antes de presentar los argumentos de defensa. La decisión que adopte el tribunal determinará las condiciones en que el imputado enfrentará la investigación, sin que constituya una declaración de culpabilidad.
Otro de los investigados es Leomar Antonio Brens Brito, quien se presentó voluntariamente ante las autoridades policiales en San Francisco de Macorís tras enterarse de que su nombre figuraba en el expediente. Brens Brito, dedicado a la rotulación, pintura de letreros y diseño gráfico, negó cualquier participación en el presunto atentado y aseguró que su relación con una de las personas investigadas se limitó a una solicitud de trabajo.
«Yo soy pintor de letras y ese muchacho fue dos veces a la casa para que le hiciera un letrero. Como yo me dedico a eso, seguro alguien le dijo: mira, ve donde fulano», declaró ante los medios de comunicación. El hombre sostuvo que no llegó a confeccionar los letreros solicitados, aseguró que carece de antecedentes penales y ofreció disculpas públicas al presidente Abinader, reiterando que nunca ha realizado amenazas contra el mandatario. Asimismo, agradeció el trato recibido por parte de los agentes policiales desde el momento de su entrega voluntaria.
