La Fiscalía ha solicitado que se declare inadmisible la petición de uno de los imputados en un caso de corrupción administrativa, quien busca la devolución de un teléfono móvil Samsung S3. Este dispositivo ha sido presentado como evidencia crucial por los fiscales en el proceso judicial que involucra a Hugo Beras, Jochi Gómez y otros. La jueza Patricia Padilla se ha reservado su decisión para el 23 de julio.
El Ministerio Público ha pedido que se desestime una solicitud presentada por un individuo que enfrenta cargos, con la cual busca la restitución de un dispositivo móvil. Este aparato fue incorporado por los representantes legales del Estado como parte de las pruebas en el proceso judicial por actos de corrupción administrativa que se sigue contra Hugo Beras, Jochi Gómez y otros implicados. Juan Francisco Álvarez Carbuccia, quien fue remitido a juicio el 5 de junio junto a Hugo Beras, exdirector administrativo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y el empresario Jochi Gómez, formuló dicha solicitud ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar, quien representó a la Fiscalía durante la audiencia, abordó el asunto en respuesta a preguntas de la prensa sobre el requerimiento del acusado relacionado con la devolución de un teléfono Samsung S3, cuyo valor aproximado en el mercado es de RD$3,000. “Él está solicitando la devolución de un aparato que figura en la acusación del Ministerio Público, y en caso de que no se le conceda, pide que se condene al Estado a pagar siete millones de pesos por la no devolución de dicho equipo”, explicó.
El representante del Ministerio Público detalló que el dispositivo forma parte de las evidencias obtenidas de las extracciones realizadas en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), enfatizando su importancia como prueba en el desarrollo del proceso. La jueza Patricia Padilla se reservó su decisión para el 23 de julio próximo.
Según la acusación, Hugo Beras facilitó adjudicaciones fraudulentas a compañías que carecían de la capacidad técnica necesaria y participó en la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia. Por su parte, José Ángel Gómez Canaán es señalado como beneficiario de contratos ilegítimos con Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, y se le atribuye el control de sistemas semafóricos, videovigilancia y espionaje tecnológico, además de sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo.
El expediente indica que Juan Francisco Álvarez Carbuccia emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados son procesados por lavado de activos, uso de testaferros y sabotaje de la red semafórica, delitos relacionados con la manipulación de licitaciones y decisiones del Comité de Compras para favorecer a empresas vinculadas a la trama de corrupción, así como por facilitar el control técnico de la red semafórica y la falsificación de certificaciones.
En cuanto a las entidades jurídicas, la acusación establece que fueron utilizadas para la formalización de contratos fraudulentos y el control de la red semafórica, entre otros actos ilícitos. A solicitud del Ministerio Público, el grupo fue enviado a juicio el 5 de junio, acusado de incurrir en lavado de activos, desfalco, asociación delictiva y estafa en perjuicio del Estado dominicano, además de sabotaje, robo de identidad, así como crímenes y delitos de alta tecnología y uso de documentos privados. También fueron acusados por contrabando y violación a la Ley de Armas.
