La suspensión de cinco agentes policiales tras la muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes ha generado un importante debate sobre las responsabilidades de los miembros de una patrulla durante operativos. La Policía Nacional investiga una posible "falta de humanización", mientras la legislación dominicana detalla las obligaciones de los agentes para proteger la vida y asistir a personas heridas, incluso cuando no son directamente responsables del disparo.
La reciente suspensión de cinco oficiales que acompañaban al cabo José Francisco Moreta Heredia en el operativo donde Darlin Enmanuel Mercado Reyes perdió la vida por un disparo, ha provocado una discusión sobre las obligaciones de los integrantes de una patrulla cuando alguien resulta herido en una intervención. El portavoz de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, anunció esta medida, explicando que los agentes fueron apartados preventivamente por una aparente "falta de humanización" durante el suceso, conducta que está siendo examinada por los órganos de control interno de la institución.
Aunque la investigación penal se centra en determinar la culpabilidad del cabo Moreta Heredia por el disparo fatal, la normativa dominicana también establece deberes específicos para los demás policías que participan en un operativo donde una persona sufre lesiones. La Ley No. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, en su artículo 5, estipula que la misión de la institución es "proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas; garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades; prevenir e investigar las infracciones penales y preservar el orden público". Este mandato convierte la protección de la vida en la principal obligación de los miembros de la Policía Nacional, incluso cuando es necesario emplear la fuerza.
La ley exige asistir a toda persona herida
Esta obligación se amplía de forma más detallada en el artículo 55 de la misma ley, que regula el uso de la fuerza. La norma indica que los agentes solo podrán utilizarla cuando sea estrictamente indispensable y siguiendo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad. Sin embargo, el artículo también especifica lo que debe suceder una vez que una persona resulta herida durante un operativo. La disposición establece que los policías deben minimizar los daños y las lesiones, proteger y preservar la vida humana y solicitar de inmediato asistencia y servicios médicos para cualquier persona lesionada o afectada. Asimismo, señala que si el uso de la fuerza provoca lesiones o la muerte, el hecho debe ser comunicado inmediatamente a los superiores para que estos informen al Ministerio Público y se inicie la investigación correspondiente. En otras palabras, la responsabilidad legal de un policía no concluye al dejar de disparar, sino que continúa con el deber de proteger la vida de la persona herida y activar los protocolos establecidos por la ley.
Los demás policías también tienen responsabilidades
La legislación también considera las obligaciones para los demás miembros de la patrulla. El artículo 14 de la Ley 590-16 establece que los policías deben desempeñar sus funciones con absoluto respeto a la Constitución, los derechos fundamentales y los derechos humanos. La disposición añade que ningún miembro de la institución podrá ordenar, infligir o tolerar actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni justificar una actuación ilegal bajo el pretexto de órdenes superiores o circunstancias excepcionales. Estas normativas implican que los agentes que presencian una actuación presuntamente irregular también tienen deberes legales y disciplinarios durante la intervención.
Los protocolos también establecen cómo actuar después del uso de la fuerza
A estas disposiciones se añade el Reglamento para el Uso de la Fuerza de la Policía Nacional, aprobado mediante el Decreto No. 2-25, el cual detalla los procedimientos que deben seguir los agentes una vez que emplean la fuerza. El reglamento establece que, cuando una persona resulte herida, los policías deben proporcionar o gestionar atención médica inmediata, proteger la vida de la víctima, asegurar la escena de los hechos e informar lo ocurrido a la cadena de mando para la activación de los procedimientos correspondientes. Estas normas también están en línea con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego, que disponen que, siempre que el uso de la fuerza cause lesiones, los agentes deben garantizar asistencia médica en el menor tiempo posible y comunicar el incidente a las autoridades competentes para su investigación.
¿Qué investiga ahora la Policía Nacional?
En el caso de Darlin Mercado Reyes, un video difundido en redes sociales muestra que, tras recibir el disparo, el joven cayó al pavimento mientras los demás integrantes de la patrulla permanecían en el lugar. Precisamente esa actuación es la que ahora analiza la Policía Nacional, después de que el vocero institucional afirmara que en las imágenes se percibe una aparente "falta de humanización". Hasta el momento, la Policía Nacional no ha informado que los cinco agentes suspendidos sean investigados por haber participado en el disparo que causó la muerte del joven. La suspensión constituye una medida administrativa mientras la Dirección de Asuntos Internos determina si su comportamiento durante y después del hecho se ajustó a las obligaciones establecidas en la Ley 590-16, el Reglamento para el Uso de la Fuerza y los protocolos institucionales. Las investigaciones deberán establecer si los agentes cumplieron con el deber legal de procurar asistencia médica inmediata, proteger la vida del herido, informar oportunamente a la cadena de mando y actuar conforme a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos que rigen el ejercicio de la función policial en la República Dominicana.
