Un abogado y paciente con cáncer, Ariel Roberto Contreras Medos, ha presentado una demanda por responsabilidad patrimonial contra el Seguro Nacional de Salud (SENASA) y su director. La acción legal se basa en la alegada negativa inicial y el subsiguiente retraso en la autorización de un tratamiento crucial para su carcinoma papilar de tiroides. La demanda argumenta que la conducta de la aseguradora estatal menoscabó derechos fundamentales del paciente, incluyendo la salud y la vida, lo que ha llevado el caso ante el Tribunal Superior Administrativo.
Ariel Roberto Contreras Medos, quien ejerce la abogacía y es paciente oncológico, ha iniciado un proceso legal por responsabilidad patrimonial contra el Seguro Nacional de Salud (SENASA) y Edward Guzmán Padilla, su director ejecutivo. La acción judicial se fundamenta en la presunta denegación inicial y la posterior tardanza en la aprobación de un tratamiento médico esencial para abordar un carcinoma papilar de tiroides. Esta demanda fue interpuesta ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) y plantea que la actuación de la aseguradora del Estado habría vulnerado los derechos constitucionales del paciente a la salud, la existencia, la dignidad humana y una efectiva protección judicial.
Según lo expuesto en la demanda, Contreras Medos recibió un diagnóstico de carcinoma papilar de tiroides en diciembre de 2024 y, posteriormente, se sometió a una tiroidectomía completa en el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT). El análisis anatomopatológico, conforme al expediente, habría confirmado la existencia de un carcinoma papilar clásico con invasión de la cápsula tiroidea.
Tras la intervención quirúrgica, médicos especialistas en endocrinología y medicina nuclear prescribieron una terapia ablativa con yodo radiactivo I-131, con una dosificación de 100 milicurios. El propósito de este tratamiento era erradicar posibles células malignas remanentes y disminuir el riesgo de reaparición o expansión de la enfermedad.
La acción judicial sostiene que el paciente entregó a SENASA la prescripción médica, los estudios clínicos pertinentes y la estimación económica del procedimiento. Sin embargo, el 3 de febrero de 2025, recibió una comunicación donde la institución le indicaba que la radioyodoterapia no estaba incluida en su plan de servicios, por lo que no podía ser cubierta. La parte demandante afirma que esta determinación lo forzó a presentar una acción de amparo de extrema urgencia para conseguir el acceso al tratamiento, mientras el procedimiento seguía sin autorización. Además, declara que la dilación lo obligó a permanecer por un periodo más prolongado de lo esperado bajo terapia hormonal sustitutiva y una dieta con restricción de yodo, circunstancia que, según la demanda, le habría causado repercusiones físicas, emocionales, cognitivas y laborales.
El expediente judicial detalla que el 24 de febrero de 2025, la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo dictaminó que SENASA debía cubrir el 80 % del costo de la radioyodoterapia y estableció una multa por cada día de incumplimiento. No obstante, la demanda argumenta que la cobertura supuestamente no fue aprobada de forma inmediata, lo que originó nuevas acciones judiciales, peticiones de liquidación de las multas y recursos presentados ante el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia. De acuerdo con los documentos aportados por la parte accionante, ambas altas cortes desestimaron las acciones promovidas por SENASA para suspender o impugnar la ejecución de las decisiones favorables al paciente. La demanda también alega que la institución supuestamente mantuvo una actitud de incumplimiento constante, lo que obligó al afectado a iniciar procedimientos de ejecución forzosa para asegurar el cumplimiento de las sentencias.
En su recurso, Contreras Medos expone que los acontecimientos constituyen supuestamente un funcionamiento anómalo de la Administración pública y una deficiencia en la provisión del servicio. Esto se basa en la consideración de que SENASA habría negado inicialmente un tratamiento indicado por especialistas y, posteriormente, habría demorado su autorización a pesar de la existencia de resoluciones judiciales. Por esta razón, solicita al Tribunal Superior Administrativo declarar la responsabilidad patrimonial de SENASA y de los funcionarios mencionados, así como ordenar una compensación por los perjuicios materiales, morales, psicológicos, biológicos y profesionales que afirma haber padecido.
De forma simultánea, Contreras Medos ha presentado una querella con constitución en actor civil ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra antiguos funcionarios de SENASA y otros individuos relacionados con el sector privado. En dicha instancia, solicita que los hechos sean investigados dentro del expediente conocido como Operación Cobra y que las autoridades determinen si la presunta negación inicial y las supuestas demoras fueron resultado de decisiones administrativas aisladas o si guardan relación con posibles irregularidades más amplias en la administración de los servicios de salud. Las alegaciones contenidas tanto en la demanda como en la querella deberán ser examinadas por las autoridades pertinentes, respetando el debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia de todas las personas señaladas.
