En 2025, la República Dominicana registró una disparidad notable entre los permisos de construcción privados emitidos y el número real de edificaciones completadas. Los datos de la Oficina Nacional de Estadística, en colaboración con el Ministerio de Vivienda, revelan que se construyeron tres veces más proyectos de los que contaban con autorización. Esta situación suscita interrogantes sobre la supervisión y el cumplimiento normativo en el sector, con La Altagracia mostrando la brecha más pronunciada.
Los informes divulgados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), con información proveniente del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVHED), indican que durante el año 2025, la cantidad de autorizaciones concedidas para proyectos de construcción del sector privado fue considerablemente menor que el número de obras efectivamente registradas en el país. Según las estadísticas de la ONE, en 2025 se expidieron 1,362 permisos para edificaciones privadas, mientras que se contabilizaron 4,163 construcciones, lo que representa una diferencia de 2,801 proyectos.
La provincia de La Altagracia obtuvo 264 autorizaciones, pero registró 1,642 obras, lo que equivale a aproximadamente el 40 % del total nacional. Santo Domingo lideró en permisos aprobados con 290, mientras que reportó 827 construcciones. El Distrito Nacional, con 234 permisos, se ubicó en el segundo puesto en autorizaciones y registró 186 proyectos, una cifra inferior. Por su parte, Santiago, con 219 permisos, ocupó el cuarto lugar en licencias y contabilizó 250 edificaciones. En conjunto, estas cuatro demarcaciones concentraron cerca de tres cuartas partes de las autorizaciones emitidas durante el año.
Otros territorios con una actividad constructiva destacada fueron San Juan, con 145 edificaciones; Azua, con 105; Samaná, con 101; San Cristóbal, con 87; Duarte, con 86; Puerto Plata, con 81; San Pedro de Macorís, con 71, y La Vega, con 63. En contraste, las provincias con el menor número de construcciones fueron Pedernales y Monte Plata, con un proyecto cada una; San José de Ocoa, con dos; Monte Cristi y Santiago Rodríguez, con tres; Peravia, con seis; y Barahona y Hermanas Mirabal, con nueve edificaciones cada una.
PROVINCIAS CON MÁS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN
Después de Santo Domingo, La Altagracia, el Distrito Nacional y Santiago, el siguiente grupo de provincias con un mayor número de permisos incluyó a Duarte, con 55; La Vega, con 40; San Pedro de Macorís, con 33; Puerto Plata, con 32; Samaná, con 27; San Cristóbal, con 24; Espaillat, con 21; Monseñor Nouel, con 13; San Juan, con 12; Valverde, Peravia y Barahona, con nueve; y Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez, con seis, entre otras. Las cifras más bajas correspondieron a Pedernales, con un permiso; Bahoruco, Monte Plata y San José de Ocoa, con dos cada una.
LA ALTAGRACIA TAMBIÉN LIDERÓ EL ÁREA TOTAL EN CONSTRUCCIÓN
En lo que respecta a la superficie total empleada para construcciones del sector privado, La Altagracia encabezó la lista a nivel nacional con 1,545,273.3 metros cuadrados, seguida por Santo Domingo, con 1,368,845.5; el Distrito Nacional, con 958,078.9; y Santiago, con 414,125.9 metros cuadrados. También se destacaron Puerto Plata, con 143,070.6 metros cuadrados; San Pedro de Macorís, con 110,308.8; La Vega, con 93,589.3; San Cristóbal, con 82,137.3; La Romana, con 79,945.6; y Duarte, con 64,827.2 metros cuadrados.
LA DIFERENCIA ENTRE PERMISOS Y CONSTRUCCIONES PLANTEA INTERROGANTES
En resumen, mientras el MIVHED concedió 1,362 autorizaciones para edificaciones privadas, el país registró 4,163 construcciones. Esta discrepancia de 2,801 proyectos plantea cuestionamientos sobre la supervisión, el acatamiento de la normativa y el desarrollo urbano, responsabilidades que la Ley 176-07 asigna a las administraciones municipales. Uno de los datos más llamativos concierne a La Altagracia. La provincia obtuvo 264 permisos, pero registró 1,642 construcciones. Además, las estadísticas muestran que solo en septiembre de 2025 se contabilizaron 1,116 edificaciones, un patrón que demanda una explicación por parte de las autoridades competentes.
LOS RIESGOS DE UN CRECIMIENTO SIN PLANIFICACIÓN
La disparidad entre las autorizaciones otorgadas y la cantidad de construcciones registradas presenta retos para la planificación territorial. Entre estos se incluyen la presión sobre el suministro de agua potable, el drenaje de aguas pluviales, la movilidad en las ciudades, el sistema eléctrico, la gestión de residuos sólidos y un incremento en la vulnerabilidad ante inundaciones, huracanes y sismos. Construir más no siempre implica un mejor desarrollo. Una adecuada planificación urbana puede resultar en una mejor calidad de vida, ciudades más resilientes, menor riesgo, mayor competitividad, inversión sustentable, seguridad jurídica, protección del medio ambiente y bienestar para la población.
Especialistas consideran que esta tendencia refleja el desarrollo acelerado de varios municipios en La Altagracia, particularmente Punta Cana, impulsado por el auge del turismo y la inversión en bienes raíces. No obstante, advierten que, sin una planificación apropiada, dicho desarrollo podría generar condiciones de hacinamiento y mayores niveles de vulnerabilidad a largo plazo. Asimismo, argumentan que las oportunidades derivadas del crecimiento económico, el fortalecimiento del sector turístico y la llegada de inversión nacional y extranjera deben ir acompañadas de una planificación que asegure el desarrollo sostenible y preserve la calidad de vida de los habitantes.
