La Procuraduría General de República Dominicana ha llevado a cabo veinte allanamientos como parte de una investigación internacional solicitada por Bélgica. Esta operación se enfoca en una red de trata de personas, explotación sexual y lavado de activos que involucra a ciudadanos dominicanos y colombianos. La colaboración busca desmantelar esta estructura criminal y garantizar que los responsables enfrenten la justicia, reforzando el compromiso contra el crimen organizado transnacional.
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- En el marco de la estrategia de cooperación legal internacional del Ministerio Público dominicano, la institución llevó a cabo veinte registros domiciliarios. Estas acciones fueron una respuesta a una solicitud de las autoridades judiciales de Bélgica, quienes están desarrollando una investigación que abarca varias naciones y que implica a diversos ciudadanos en una organización dedicada al tráfico humano, la explotación sexual y el blanqueo de capitales.
La indagatoria comenzó en junio de 2026, tras la detención de Ana Mercedes Encarnación Mejía y Juana de Jesús Holguín, junto con otros dominicanos, quienes se dedicaban a engañar a mujeres de República Dominicana y Colombia para trasladarlas a Bélgica con fines de explotación sexual. Cinco mujeres fueron rescatadas en junio pasado, en la vivienda de Encarnación Mejía, ubicada en Bélgica. La principal líder de esta red, que transportaba a las víctimas a través de España, ya había cumplido una condena de cinco años por explotar sexualmente a una pariente.
A partir de las investigaciones realizadas por las autoridades belgas, se logró identificar la existencia de una estructura criminal que generaba cuantiosos ingresos económicos a través de actividades de explotación sexual. Las pesquisas revelan que una parte de los fondos obtenidos por esta organización delictiva era transferida a la República Dominicana con el propósito de introducirlos en el sistema financiero mediante inversiones en bienes inmuebles y otras operaciones diseñadas para ocultar y disimular el origen ilícito de los recursos.
La Dirección General de Persecución, con el apoyo de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional y Derechos Humanos, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el Departamento de Lavado de Activos de la Policía Nacional, ejecutaron diversas diligencias investigativas. Estas acciones estaban orientadas a la obtención de pruebas relevantes para el proceso penal que se desarrolla en el país europeo.
Entre las actuaciones procesales se destacan 20 allanamientos a propiedades vinculadas a la estructura en el Gran Santo Domingo (Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional) y en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Durante estas intervenciones estuvieron presentes miembros de la Policía de Bélgica y Países Bajos, quienes se encuentran acreditados para esta investigación.
Estas acciones reafirman el compromiso de la actual administración de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso con la lucha contra la delincuencia organizada que trasciende fronteras. El procurador adjunto Wilson Camacho recordó que la cooperación internacional es una herramienta fundamental para enfrentar delitos complejos que superan los límites nacionales, como el tráfico de personas, la explotación sexual y el blanqueo de capitales, permitiendo fortalecer las investigaciones y asegurar que quienes forman parte de estas redes criminales rindan cuentas ante la justicia.
Reiteró que la Procuraduría General y el Ministerio Público continuarán colaborando con las autoridades internacionales, en estricto cumplimiento de los acuerdos y tratados de cooperación firmados por la República Dominicana, con el objetivo de combatir eficazmente las estructuras del crimen organizado en todas sus formas.
