Un exmagistrado del Tribunal Constitucional, Hermógenes Acosta, ha manifestado serias inquietudes acerca de la reciente legislación del Código Penal. Sus preocupaciones se centran en un posible error de procedimiento durante su aprobación, lo que podría llevar a la invalidación total de la ley. Además, critica aspectos como el cúmulo de penas y las restricciones a la libertad de expresión, sugiriendo un aplazamiento de su implementación.
Hermógenes Acosta, quien fuera juez del Tribunal Constitucional (TC), expresó el lunes su inquietud respecto a diversas secciones de la Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal. Afirmó que podría existir un defecto en el proceso de aprobación de la ley, una situación que, en su opinión, podría resultar en la anulación completa de la normativa. Durante una entrevista en el programa El Día, sostuvo: “En una de las demandas de inconstitucionalidad se argumenta la existencia de un vicio de procedimiento. Cuando esto ocurre, el Código se invalida por completo.”
Acosta también señaló como preocupantes las estipulaciones relativas a la acumulación de condenas, considerando que desvirtúan el propósito de las sentencias. De igual forma, manifestó inquietud por las sanciones previstas para los delitos relacionados con la libertad de expresión. “Las penas son sumamente severas, son muy graves”, aseveró.
El exmagistrado indicó que la legislación no establece distinciones que él considera fundamentales. “No se hace diferencia entre funcionarios públicos y ciudadanos comunes”, afirmó. En lo concerniente a la libertad de expresión, recordó que el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia han establecido criterios jurisprudenciales para prevenir que ciertas disposiciones penales sobre difamación e injuria sean aplicadas a periodistas o a las denuncias y críticas difundidas por los medios de comunicación. “Lo que se está estipulando en el Código Penal, conforme a la jurisprudencia, no es aplicable a periodistas ni a medios de comunicación. Así lo había dictaminado la Suprema Corte de Justicia anteriormente y el Tribunal Constitucional en el año 2016”, explicó.
Acosta consideró que el nuevo Código Penal no debería entrar en vigor el próximo 3 de agosto, con el fin de que puedan subsanarse las deficiencias que, según él, han sido detectadas durante el proceso de revisión y así evitar futuras disputas sobre su constitucionalidad.
