La implementación de Verifactu, el sistema de facturación de la Agencia Tributaria, ha generado confusión y retrasos, afectando a empresas y autónomos. Originalmente prevista para 2026, su aplazamiento a 2027 ha mermado la credibilidad de la normativa y expuesto el desconocimiento generalizado. Expertos señalan la necesidad de una comunicación más clara y la adaptación de los negocios a los nuevos requisitos.
El sistema Verifactu de la Agencia Tributaria, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de enero de 2026, fue aplazado a última hora por el Gobierno hasta el 1 de enero de 2027, añadiendo más incertidumbre a una normativa ya marcada por la confusión. Este es el segundo aplazamiento de la regulación.
José Rodríguez, responsable de producto en Holded y líder del proyecto Verifactu en la compañía, opina que la poca antelación del aplazamiento ha restado seriedad a la normativa. “Fue un retraso que sucedió quince días antes de que fuera efectivo y esto yo creo que le da poca credibilidad y poco peso a la normativa”, afirma.
Los sucesivos aplazamientos han contribuido a un profundo desconocimiento sobre Verifactu. Una encuesta de Holded revela que el 27% de los empresarios no está familiarizado con la normativa, y un 22% cree que ya entró en vigor en 2026. La complejidad de las comunicaciones de Hacienda también ha contribuido a esta confusión. Rodríguez señala que la Agencia Tributaria es muy técnica y que, para quienes no tienen conocimientos técnicos, se requiere una explicación más sencilla. Las empresas de software y asesorías han asumido la tarea de "evangelizar" a empresas y autónomos sobre la normativa.
Aunque la entrada en vigor definitiva de Verifactu se espera para mediados de 2027, los softwares de facturación ya deben cumplir con uno de los requisitos de la ley antifraude, de la que Verifactu forma parte: al crear una factura, esta se bloquea y sus datos esenciales no pueden modificarse. Rodríguez identifica esto como el primer punto de fricción, ya que ha revelado muchos flujos de facturación que no cumplían la normativa. Explica que muchas de estas prácticas eran costumbres arraigadas más que errores intencionados, como crear facturas en negativo en lugar de rectificativas o editar facturas ya emitidas.
Quienes ya utilizan un software de facturación certificado no notarán cambios significativos con la entrada en vigor de Verifactu, ya que la otra parte del sistema es el envío telemático automático a la Agencia Tributaria. Sin embargo, los negocios que aún emiten facturas de forma manual experimentarán mayores dificultades. Según Rodríguez, “Los negocios más tradicionales o antiguos son los que más complicado lo tienen porque es un doble aprendizaje. No sólo Verifactu, sino la ley antifraude”, aunque añade que “aquellos que ya tengan algún contacto con la tecnología, creo que están bastante a salvo en ese sentido”.
Paralelamente, avanza la ley Crea y Crece, que regula la factura electrónica con el objetivo de facilitar el intercambio digital de facturas entre cliente y proveedor. Esta coexistencia de dos leyes distintas que regulan aspectos diferentes de la facturación (una el envío en tiempo real a Hacienda y otra el formato de circulación entre empresas) ha generado aún más confusión, siendo la duda más recurrente entre los empresarios. Aunque muchos profesionales reclaman la unificación, la Agencia Tributaria ha rechazado esta opción, argumentando que ambos sistemas tienen objetivos distintos: la factura electrónica busca controlar los plazos de pago entre proveedores, mientras que Verifactu persigue evitar el fraude.
La obligación de Verifactu afecta a la práctica totalidad de empresas y autónomos en España, con dos excepciones territoriales y una de tamaño. Quedan excluidos los negocios en País Vasco (que tiene su propio sistema, Ticket BAI) y Navarra (que está implementando el suyo). Tampoco aplica a grandes empresas con una facturación anual superior a 6 millones de euros, ya que estas están sujetas al Suministro Inmediato de Información de la Agencia Tributaria. Se ha debatido sobre la exención para autónomos que realizan facturas sencillas (sin automatizaciones), pero Rodríguez admite que la definición de esta exención no es del todo clara para él, planteando interrogantes sobre qué se considera automatización y cuándo se incurriría en sanción.
Si no hay nuevos aplazamientos, Verifactu entrará en vigor el 1 de enero de 2027 para empresas y el 1 de julio de 2027 para autónomos. La recomendación para quienes aún no se han preparado es que, si utilizan un software de facturación, se aseguren de que ya cumple con la ley antifraude. Si no lo utilizan, se aconseja consultar un software de facturación para estar operativos antes del 1 de enero. Rodríguez sugiere aprovechar los periodos de prueba gratuitos que ofrecen muchos softwares. Advierte que no conviene relajarse por facturar poco, ya que el cambio afecta al proceso y no al volumen. Aunque la estrictez de Hacienda aún es incierta, destaca que la multa para los clientes puede ascender hasta 50.000 euros anuales, y para los softwares que no cumplan, hasta 150.000 euros.
