El recién promulgado Código Penal, Ley 74-25, extiende el plazo de prescripción para delitos de corrupción administrativa, buscando asegurar que estos crímenes sean debidamente juzgados. Sin embargo, el abogado Carlos Felipe advierte que esta medida no será plenamente efectiva sin un robustecimiento de las capacidades investigativas del Ministerio Público, la Policía Judicial y la Procuraduría General de la República, así como una mayor inversión en el sector justicia.
La nueva normativa penal, establecida en la Ley 74-25, amplía el período de tiempo para la prescripción de los ilícitos de corrupción en la administración pública. El propósito es asegurar que estos expedientes no queden sin sanción, sino que sean procesados conforme a la seriedad del caso. No obstante, el jurista litigante, Carlos Felipe, consideró que la extensión del lapso no bastará para erradicar la impunidad si no se potencia la habilidad de investigación del Ministerio Público, la Policía Judicial y la Procuraduría General de la República. “No es suficiente, pero contribuye significativamente; comprendo que con esto se protegerían considerablemente las indagaciones del Ministerio Público. Es necesaria la consolidación de los organismos de investigación, de la Policía Judicial, de la inversión en el ámbito judicial, pero, lo más crucial, la inversión en la Procuraduría General de la República”, señaló el letrado al ser consultado.
El abogado Carlos Felipe, al referirse al nuevo Código Penal, enfatizó que la reciente legislación fortalecerá de manera notable la batalla contra la corrupción, dado que tipifica todas las modalidades en las que podría manifestarse este flagelo. “El nuevo Código robustece de forma significativa la pugna contra la corrupción, porque define de manera explícita todas las formas actualizadas en las cuales puede existir corrupción. Y no únicamente en el dominio de interés o del erario público, sino también la corrupción privada, en el sector empresarial. Es decir, la corrupción en todos los contextos la sanciona con claridad”, puntualizó Felipe.
El nuevo Código incrementa la penalización por desvío de recursos estatales. Entre las enmiendas de mayor trascendencia que instaura el nuevo Código se encuentra la sanción por malversación de fondos públicos, la cual se eleva a un rango de cinco a diez años de reclusión, superando el marco vigente que contemplaba de dos a tres años. Esto endurece el castigo para quienes cometan este delito dentro de la administración pública.
El pasado miércoles, el partido Opción Democrática (OD) presentó ante la Cámara de Diputados un documento con diez propuestas de modificación al nuevo Código Penal. Entre ellas, se incluye la sugerencia de declarar imprescriptibles los delitos más graves contra la administración pública vinculados con actos de corrupción, con el fin de fortalecer la protección de los derechos fundamentales.
La Cámara de Diputados aprobó este lunes, en una sesión extraordinaria y en segunda discusión, el proyecto de ley que modifica diversas disposiciones de la Ley 74-25, la cual establece el Código Penal de la República Dominicana. En esta segunda jornada, los diputados introdujeron catorce nuevas propuestas de enmienda, de las cuales ocho fueron aceptadas y seis fueron rechazadas. La pieza legislativa ahora pasa al Senado de la República para su procesamiento en esa ala del Congreso Nacional.
