El exprocurador Jean Alain Rodríguez cuestionó la intención del Ministerio Público de aplicar una nueva disposición del Código Procesal Penal a un proceso judicial iniciado años atrás. Argumenta que esta acción viola el principio de irretroactividad de la ley, lo que podría sentar un precedente problemático. Rodríguez instó a la ciudadanía a seguir de cerca la decisión del tribunal, expresando confianza en que su defensa prevalecerá.
El antiguo procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, manifestó su desacuerdo este lunes con la pretensión del Ministerio Público de utilizar una norma del nuevo Código Procesal Penal en un procedimiento que se inició hace varios años. Considera que tal interpretación transgrede la regla de no retroactividad de la legislación.
Estas declaraciones surgieron después de que el tribunal suspendiera la sesión donde Rodríguez asumió personalmente una parte de la defensa de su petición para la extinción de la acción penal.
El exfuncionario hizo un llamado a los ciudadanos para que presten atención al veredicto que deberá emitir el tribunal, advirtiendo que, a su entender, la aplicación de una regulación reciente a sucesos o procesos previos podría establecer un antecedente con consecuencias para otras causas judiciales.
Rodríguez manifestó su certeza de que el tribunal desestimará la propuesta presentada por el Ministerio Público y anticipó que, una vez se reanude la audiencia, continuará exponiendo los argumentos de su defensa en favor de la anulación de la acción penal.
Acerca del proceso judicial
El expediente de Jean Alain Rodríguez, denominado Caso Medusa, es un procedimiento legal por actos de corrupción administrativa, desvío de recursos que superan los 6,000 millones de pesos dominicanos y sobornos ocurridos durante su periodo como procurador general de la República (2016-2020).
Actualmente, el juicio de fondo se está llevando a cabo en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. El dosier detalla que la red causó un daño económico superior a los 6,000 millones de pesos dominicanos mediante tácticas fraudulentas relacionadas con contratos, adquisiciones, desembolsos indebidos y la gestión de fondos públicos de la entidad.
La acusación también involucra a diversos exfuncionarios y colaboradores de la Procuraduría, a quienes el organismo acusador imputa participación en una estructura dedicada al desvío de dinero estatal y otras anomalías administrativas. Algunos de los imputados han reconocido su culpabilidad en los hechos y han llegado a pactos con el Ministerio Público a lo largo del desarrollo del proceso.
