El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha ratificado la prisión preventiva para el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Santiago Hazim, y otros implicados en el presunto desfalco de la ARS estatal. Esta decisión se tomó durante la revisión obligatoria de las medidas de coerción, afectando a un grupo acusado de diversos delitos económicos que impactaron a la institución y sus afiliados.
El juez Deiby Timoteo Peguero, perteneciente al Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, validó la continuidad de la prisión preventiva para Santiago Hazim, antiguo director del Seguro Nacional de Salud (SENASA), y otros acusados de malversar fondos de la ARS pública, durante la revisión periódica de las medidas coercitivas. Previamente, Hazim había retirado la petición de reclusión domiciliaria que su representación legal había presentado ante el tribunal, indicando que no se opondría a seguir bajo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras.
La Fiscalía está llevando a juicio a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa y presunto líder de la red de corrupción, junto a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo. Estos últimos habían apelado los dieciocho meses de prisión preventiva que les fueron impuestos en diciembre pasado por el juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena Ferreras. Adicionalmente, se procesa a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes cumplen arresto domiciliario. El juez Sena Ferreras también les impuso a estos tres la obligación de presentar garantías económicas y la prohibición de salir del país.
Entre otras acusaciones, al colectivo liderado por el imputado Hazim Albainy, el Ministerio Público les atribuye delitos como colusión de funcionarios, prevaricación, asociación delictiva, cobro de sobornos, fraude contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos apócrifos y blanqueo de capitales. Los acusados causaron un perjuicio a SeNaSa y a sus más de siete millones de asegurados, estimado en al menos quince mil millones de pesos.
