El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, informó este jueves que el Gobierno dominicano está trabajando estrechamente con las autoridades de Estados Unidos. El objetivo es eliminar la clasificación de insumos vinculados al trabajo forzoso, buscando así evitar nuevos incrementos en los aranceles aplicados a las exportaciones del país. Esta gestión surge tras un reciente aumento arancelario estadounidense.
El titular de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, manifestó el jueves que la administración gubernamental está colaborando con las autoridades de los Estados Unidos. El propósito es suprimir la categorización ligada al empleo de materiales asociados con el trabajo forzoso, con la finalidad de impedir futuros incrementos en los impuestos aduaneros que gravan las exportaciones dominicanas.
"Conseguiremos que no exista ninguna inquietud respecto al asunto de las labores forzadas, ya que estamos cooperando directamente con nuestros aliados estadounidenses", sostuvo el funcionario en el programa El Día. Sus declaraciones se producen luego de que Estados Unidos elevara al 12.5 % los gravámenes aplicados a las exportaciones de República Dominicana en su más reciente actualización impositiva. Esto se debe a las conclusiones de un análisis que determinó que el país no había restringido de forma suficiente el uso o la importación de componentes relacionados con el trabajo forzoso.
Sanz Lovatón detalló que la intención es subsanar las observaciones hechas por las autoridades de Estados Unidos y evitar que los productos dominicanos destinados a la exportación enfrenten mayores cargas arancelarias por la misma circunstancia en el futuro. El ministro afirmó que el tema de los aranceles no es reciente y consideró que la nación debe amoldarse al panorama comercial actual. "No se trata de revertir la situación, se trata de no perder productividad", explicó.
Agregó que, en su opinión, los gravámenes "han llegado para quedarse", por lo que la estrategia del país debe enfocarse en mantener condiciones de competencia frente a otros mercados.
El Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), suscrito en 2004 e integrado por Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, permitió la supresión progresiva de aranceles para la mayoría de los productos comercializados entre las naciones miembros que cumplen con las reglas de origen.
Sin embargo, en 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un impuesto aduanero adicional del 10 % a las importaciones provenientes de República Dominicana como parte de su política de aranceles recíprocos. Esta medida disminuyó parte de las ventajas arancelarias contempladas en el acuerdo. Recientemente, Trump ha aplicado un nuevo aumento a República Dominicana, pasando del 10 % al 12.5 %, lo que equivale a 2.5 puntos porcentuales adicionales.
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