El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) ha rechazado la justificación de Estados Unidos para imponer un arancel del 12.5% a productos dominicanos, la cual se basa en la supuesta falta de controles contra el trabajo forzoso. El presidente del Conep, Celso Juan Marranzini, sugiere que esta argumentación es una estrategia para mantener la medida, advirtiendo sobre posibles impactos negativos a largo plazo en las exportaciones de la República Dominicana.
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, declaró este lunes que la razón esgrimida por Estados Unidos para aplicar un gravamen del 12.5% a ciertos bienes exportados desde República Dominicana, bajo el pretexto de que el país carece de mecanismos efectivos para prevenir la entrada o fabricación de artículos vinculados al trabajo forzado, es meramente una justificación. “Una perspectiva es que esta es la forma de sustentar la disposición”, comentó Marranzini durante una aparición en el programa El Día, al mismo tiempo que aseguró que la base legal de la normativa previa ya ha caducado.
Marranzi consideró que esta explicación se inclina más hacia una justificación para la implementación del arancel que hacia una situación real concerniente a los sistemas de control existentes en República Dominicana. El líder de la organización advirtió que el incremento al 12.5% en los impuestos aduaneros aplicados por Estados Unidos a productos dominicanos podría acarrear consecuencias desfavorables para las exportaciones de República Dominicana en el futuro cercano y distante. Además, detalló que, hasta el momento, no se ha percibido un efecto inmediato de la medida, dado que este tipo de modificaciones comerciales usualmente requieren tiempo para manifestarse en la economía.
En relación con la imposición de aranceles, la administración del presidente Donald Trump estableció nuevos impuestos de entre el 10% y el 12.5% a productos importados de varias docenas de naciones, argumentando que sus gobiernos no han realizado esfuerzos suficientes para evitar la entrada al mercado estadounidense de bienes supuestamente producidos mediante trabajo forzado. Esta acción podría afectar a algunos de los principales socios comerciales de Washington y reavivar las tensiones económicas a nivel global.
