El senador Félix Bautista ha presentado una iniciativa legislativa en la República Dominicana con el fin de combatir la importación de productos elaborados con mano de obra forzada. El objetivo principal es lograr que Estados Unidos disminuya el arancel adicional de la Sección 301, actualmente en 12.5%, al 10% que aplica a otros socios comerciales. Esta medida podría generar un ahorro significativo para los exportadores dominicanos y potenciar su competitividad en el mercado estadounidense.
El legislador Félix Bautista sometió al Senado de la República un borrador de ley destinado a prevenir y prohibir la entrada de productos fabricados mediante labor coercitiva. Con esta acción, la República Dominicana busca negociar con los Estados Unidos una disminución del gravamen adicional de la Sección 301, fijado actualmente en 12.5%, hasta el 10% que se impone a otras naciones aliadas en el comercio.
Según lo expresado por el congresista, equiparar la cuota que abonan países como El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Malasia podría significar para la industria exportadora dominicana una economía de hasta 182 millones de dólares anualmente, equivalente a cerca de 10,920 millones de pesos dominicanos, al reducir los gastos vinculados a las remesas hacia el mercado estadounidense.
Esta propuesta, denominada Ley de Prevención y Prohibición de Importación de Mercancías y Bienes Producidos Mediante Trabajo Forzoso, busca establecer un marco legal que le permita al país demostrar ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) que posee mecanismos eficaces para impedir la entrada de bienes elaborados bajo tales circunstancias.
Bautista también solicitó al presidente Luis Abinader, en su rol de líder del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que instruya a los miembros del parlamento de dicha organización política para que la propuesta sea aprobada lo más rápido posible.
El senador ejemplificó el efecto que tendría la disparidad arancelaria en las compañías de zonas francas dedicadas a la manufactura de dispositivos médicos y farmacéuticos. Explicó que unas cuarenta empresas de este rubro exportaron el 72.2% de su producción a Estados Unidos durante el año 2025. Actualmente, estas mercancías dominicanas enfrentarían una tasa del 12.5%, a diferencia del 10% que pagan productos similares originarios de México.
Bautista advirtió que esta diferencia de 2.5 puntos porcentuales menoscaba la competitividad y podría alentar a las empresas a trasladar sus operaciones a países con menores costos de exportación, lo que impactaría negativamente la generación de divisas y el empleo.
“La disparidad de 2.5 puntos porcentuales que hoy asume la República Dominicana en comparación con naciones como El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Malasia no es un castigo perpetuo: es una condición que se revierte con la sanción de un instrumento legal definido. Si esta ley es aprobada, estaríamos en posición de solicitar a los Estados Unidos, en el contexto de las negociaciones diplomáticas, que eliminen el 2.5%, como lo han hecho con otros países. De esta forma, aseguramos la competitividad de las exportaciones dominicanas que ingresan al mercado de Estados Unidos, incluyendo a los exportadores de dispositivos médicos y farmacéuticos, tabaco, fabricación de cigarros y sus derivados, agroindustria, centros de llamadas, bebidas alcohólicas, plásticos y calzado, y con ellos, los puestos de trabajo de cientos de miles de dominicanos”, enfatizó el legislador.
Bautista anunció que supervisará el proyecto en las comisiones pertinentes del Senado y de la Cámara de Diputados y que sostendrá encuentros con representantes de los sectores exportadores, zonas francas y entidades del Poder Ejecutivo relacionadas con el asunto. Entre estas instituciones mencionó la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El propósito, detalló, es impulsar la aprobación de la propuesta y facilitar que la República Dominicana pueda solicitar la aplicación de la tasa del 10% otorgada a otros socios comerciales estadounidenses.
Según Bautista, el criterio empleado para clasificar a los socios comerciales estadounidenses en distintos grupos arancelarios estuvo vinculado al reconocimiento, por parte de la USTR, de sistemas eficientes para vetar la importación de bienes producidos mediante labor obligatoria. El congresista sostuvo que países como El Salvador, Guatemala, Honduras y México robustecieron sus normativas a través de leyes o marcos jurídicos vinculantes, mientras que Malasia implementó auditorías independientes y modificaciones en sus estándares de cumplimiento laboral.
En República Dominicana, el Decreto 502-26, del 23 de julio de 2026, estableció un procedimiento administrativo temporal para vedar la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso. Sin embargo, Bautista considera esencial la aprobación de una ley que cumpla con el estándar de “adopción y aplicación efectiva” requerido para optar por la reducción arancelaria.
El proyecto contempla prohibir el ingreso al territorio nacional de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso y regular la trazabilidad de las cadenas de suministro de las exportaciones dominicanas. La Dirección General de Aduanas se encargaría de tramitar los procedimientos y tomar las decisiones de prohibición, mientras que el Ministerio de Trabajo actuaría como autoridad técnica para evaluar la posible existencia de trabajo forzoso.
Asimismo, la propuesta establece una declaración jurada del importador dentro de la Declaración Única Aduanera, procedimientos administrativos con plazos definidos, medidas provisionales para la retención temporal de mercancías y la creación de un Registro Público de Prohibiciones de Importación por Trabajo Forzoso. También incluye mecanismos para levantar prohibiciones cuando se constate el cese del trabajo forzoso y la compensación a las víctimas, así como sanciones por declaraciones falsas, que abarcarían desde multas de cinco hasta cien salarios mínimos del sector público y la suspensión del registro de importador en los casos más graves.
La propuesta establece, además, obligaciones reforzadas de debida diligencia y seguimiento para exportadores dominicanos pertenecientes a sectores considerados de riesgo, entre ellos el textil, agrícola, pesquero, minero y de construcción. El proyecto derogaría el Decreto 502-26 una vez entre en vigor su reglamento y comenzaría a aplicarse noventa días después de su publicación en la Gaceta Oficial.
Según los datos incluidos en la propuesta, la diferencia de 2.5 puntos porcentuales entre el 12.5% aplicado a República Dominicana y el 10% correspondiente a países con cumplimiento reconocido representa un costo anual estimado de entre 127 millones y 182 millones de dólares para el sector exportador dominicano. El documento indica que Estados Unidos concentra entre el 52.5% y el 53.5% de las exportaciones dominicanas, mientras que las exportaciones totales del país alcanzaron 14,645 millones de dólares en 2025, un incremento del 13.4% respecto al año anterior. Las zonas francas exportaron 8,425.9 millones de dólares en 2024, de los cuales 6,117.2 millones de dólares, equivalentes al 72.6%, tuvieron como destino Estados Unidos. Además, el sector registraba 196,709 empleos formales directos en febrero de 2026, de acuerdo con los datos incluidos en el documento.
