La República Dominicana ha implementado mejoras en sus sistemas de alerta y respuesta ante desastres sísmicos. Sin embargo, surge una inquietud crucial: ¿qué sucederá si un terremoto de gran magnitud impacta zonas urbanas con alta densidad poblacional, viviendas muy próximas entre sí y calles estrechas? Este escenario podría complicar significativamente las operaciones de rescate y la capacidad de las autoridades para asistir a las personas afectadas.
La República Dominicana está progresando en sus sistemas de alarma, regulaciones y capacidad de respuesta frente a catástrofes. No obstante, una interrogante fundamental persiste ante la amenaza sísmica: ¿qué pasaría si un fuerte terremoto afectara áreas urbanas donde miles de hogares están pegados unos a otros, con vías angostas, una gran concentración de habitantes, escaso espacio público y edificaciones cuya condición estructural no siempre está documentada? En lugares como el Distrito Nacional, Santiago, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y una sección de Santo Domingo Este, por ejemplo, hay barrios donde las casas se han edificado muy cerca, incluso en zonas próximas a riachuelos, condiciones que podrían dificultar las labores de salvamento.
El reto para las autoridades no es solo verificar que las nuevas construcciones tengan los permisos correspondientes. También implica considerar qué hacer con las miles de viviendas ya existentes que presentan condiciones que podrían incrementar su fragilidad, ya sea por la inestabilidad del terreno, la proximidad entre una edificación y otra o el tipo de construcción. El inconveniente no sería únicamente cuántas estructuras resultarían dañadas, sino si los equipos de emergencia podrían alcanzar a las personas atrapadas, abrir vías de acceso y llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate en áreas urbanas con una ocupación tan elevada.
EL PELIGRO EMPIEZA ANTES DEL EVENTO SÍSMICO
La República Dominicana no parte de cero en su preparación ante la amenaza de un temblor. El país cuenta con normativas de diseño, entidades técnicas, sistemas de monitoreo, mecanismos de respuesta y herramientas para la evaluación de riesgos. El Código de Construcción dominicano establece requisitos específicos para el diseño sísmico de edificaciones, incluyendo disposiciones para que las estructuras soporten las fuerzas laterales producidas por los movimientos telúricos y para que sus cimientos resistan las tensiones generadas por dichos movimientos.
El Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico también define criterios para determinar las fuerzas sísmicas y contempla la valoración de la vulnerabilidad de las construcciones existentes cuando son modificadas, ampliadas, intervenidas o rehabilitadas. Sin embargo, el desafío también radica en las edificaciones levantadas sin controles técnicos adecuados y en aquellas construidas sin la participación de profesionales especializados, una preocupación señalada por expertos en estructuras.
En julio de 2026, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo advirtió que la República Dominicana enfrenta un riesgo sísmico considerable y exhortó a fortalecer la calidad de las construcciones, la supervisión técnica, la preparación ciudadana y la protección financiera ante un posible terremoto de gran magnitud. INTEC relacionó esa preocupación con el prolongado silencio sísmico de la Falla Septentrional, que, según expertos de esa institución, acumula cerca de ocho décadas sin generar un gran terremoto. Esto no implica que se pueda predecir cuándo ocurrirá un sismo. Significa que el peligro existe y que la preparación debe considerar tanto el fenómeno natural como las condiciones actuales en las ciudades.
UNA METRÓPOLIS DENSAMENTE POBLADA
Los datos del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 permiten comprender una parte del problema. El Distrito Nacional posee una extensión de aproximadamente 91 kilómetros cuadrados y una población de 1,029,110 habitantes, lo que equivale a una densidad de 11,281 residentes por kilómetro cuadrado, según la Oficina Nacional de Estadística. Esta concentración demográfica no constituye por sí misma una vulnerabilidad. Una ciudad densa puede ser segura si dispone de edificaciones resistentes, vías apropiadas, infraestructura preparada, zonas de evacuación, servicios de emergencia suficientes y una planificación urbana adecuada.
EL PROBLEMA SURGE CUANDO LA DENSIDAD SE MEZCLA CON OTRAS VARIABLES.
El análisis de Amenazas y Riesgos en República Dominicana identifica precisamente esa combinación. En el Distrito Nacional, La Zurza, San Diego y Domingo Sabio presentan niveles muy elevados de agravamiento, vinculados a condiciones como el hacinamiento, la marginalidad y la escasez de espacios públicos. El documento indica, además, que para la mayoría de los barrios analizados, el hacinamiento y la falta de parques o áreas públicas son los principales factores que incrementan el riesgo, ya que esos lugares podrían ser utilizados durante la respuesta a una catástrofe.
Herrera es considerado un “foco” de viviendas ubicadas en sitios vulnerables, muchas de ellas construidas sin dejar suficiente espacio para el acceso, al punto de que algunas áreas solo permiten el paso a pie, una situación que se ilustra en las imágenes. Si una porción de estas viviendas sufriera daños estructurales durante un terremoto, ¿por dónde accederían los equipos de rescate? La pregunta y el informe no culpan a quienes residen allí. Más bien, representan una llamada de atención a las autoridades para prevenir con antelación, porque se trata de una cuestión relacionada con la planificación urbana y la capacidad de respuesta.
EL RIESGO TAMBIÉN SE ENCUENTRA BAJO LAS CONSTRUCCIONES
La amenaza tampoco se limita al movimiento de las edificaciones. La República Dominicana se sitúa en un entorno tectónico activo debido a la interacción entre las placas Norteamericana y Caribeña. Este contexto está vinculado a varias fallas sísmicas activas en el territorio, entre ellas las fallas Septentrional y Enriquillo-Plantain Garden. La historia demuestra que los terremotos capaces de generar grandes daños no son un escenario hipotético. El Servicio Geológico Nacional documenta que el terremoto del 4 de agosto de 1946 alcanzó una magnitud de 8.1, tuvo su epicentro a unos 65 kilómetros de la costa noreste dominicana y causó severos daños en diversas provincias. El fenómeno también provocó un tsunami y dejó a comunidades aisladas debido a los daños en viviendas, puentes y carreteras.
La enseñanza es fundamental para la tesis: un desastre no concluye con el derrumbe de un edificio. Puede afectar simultáneamente calles, puentes, redes de servicios, comunicaciones y rutas de acceso. La experiencia internacional corrobora esta dimensión. El Servicio Geológico de Estados Unidos documentó que el terremoto de Loma Prieta, ocurrido en California en 1989, dañó calles urbanas, carreteras, puentes, túneles y otras estructuras del sistema vial. También registró alteraciones significativas en el transporte y dificultades para las operaciones de emergencia.
EL SEGUNDO INCONVENIENTE PUEDE SER LLEGAR
En República Dominicana existe una diferencia entre tener capacidad de alerta y contar con una capacidad efectiva de rescate en cada territorio. Una alerta puede advertir sobre un peligro, un protocolo puede establecer qué hacer y un sistema de emergencia puede recibir una llamada. Pero ninguna de esas herramientas elimina por sí sola una calle bloqueada por escombros, una vivienda colapsada sobre otra, un puente inservible o una zona urbana sin espacios suficientes para instalar equipos, ambulancias y centros temporales de atención.
La experiencia de otros terremotos demuestra que la interrupción de las vías de comunicación puede convertirse en un componente crítico de la emergencia. En Loma Prieta, el Servicio Geológico de Estados Unidos documentó daños en carreteras y estructuras viales, además de problemas relacionados con el transporte y la respuesta de los organismos de emergencia. La reducción del riesgo urbano, por lo tanto, no depende únicamente de que una edificación pueda resistir el movimiento. También requiere asegurar que los servicios esenciales, las vías y los espacios necesarios para la respuesta puedan mantenerse operativos o recuperarse rápidamente. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres ha señalado que el crecimiento urbano, la exposición de infraestructura, la vulnerabilidad física y las limitaciones de preparación y respuesta son factores que pueden aumentar el riesgo de desastre.
LAS AUTORIZACIONES
El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones reportó 1,122 licencias de construcción emitidas entre enero y julio de 2026, frente a 605 durante el mismo período de 2025. La cifra también supera las 953 licencias emitidas durante todo 2025, según los datos incorporados a esta investigación. El MIVHED informó, además, que en julio alcanzó 201 licencias de construcción en un solo mes. El incremento de las licencias constituye un indicador importante de la capacidad institucional para procesar nuevos proyectos. Pero plantea otra pregunta periodística que todavía necesita ser respondida con datos: ¿qué ocurre con las edificaciones que ya existen?
No basta con contar cuántas licencias se emiten actualmente. Hay que conocer cuántas edificaciones existentes fueron levantadas bajo las normas vigentes, cuántas fueron modificadas posteriormente, cuántas han sido evaluadas estructuralmente y cuántas presentan condiciones que podrían aumentar su vulnerabilidad. El propio MIVHED mantiene mecanismos para la habilitación de profesionales y empresas dedicados a la evaluación y el levantamiento estructural de edificaciones existentes, así como para estudios geotécnicos y ensayos de suelos y materiales.
LA CIUDAD YA ESTABLECIDA TAMBIÉN NECESITA PREVENCIÓN
El riesgo sísmico debe dejar de analizarse únicamente como una relación entre terremoto y edificio. En ciudades densamente ocupadas debe estudiarse como una cadena de eventos que podrían dificultar las labores de rescate. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres ha advertido que los impactos sociales y económicos de los desastres se concentran cada vez más en centros urbanos debido a la densidad de población, infraestructura y activos expuestos. También plantea la necesidad de utilizar información sobre riesgo para orientar la planificación urbana, las inversiones y las medidas de resiliencia.
Para República Dominicana, esto significa que una política moderna de prevención no debería limitarse a construir mejor hacia el futuro. También tendría que responder qué hacer con la ciudad que ya existe. Los académicos coinciden en que el desastre todavía puede reducirse si el país utiliza los datos que ya tiene para identificar dónde se concentran la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad, y convierte esa información en decisiones concretas de construcción, fiscalización, rehabilitación, ordenamiento territorial y rescate. Porque cuando llegue el terremoto, si alguna vez ocurre uno de gran magnitud, ya no habrá tiempo para descubrir dónde están las zonas difíciles de entrar. La ciudad tendrá que haberlo sabido antes.
