Ernesto Rafael Rodríguez García ha sido nombrado director de la Policía Nacional, asumiendo el reto de fortalecer la seguridad ciudadana, mejorar la disciplina interna y dar continuidad a la reforma institucional. Su nombramiento, dispuesto por el presidente Luis Abinader, llega en un momento de altas expectativas y debates legislativos sobre la eficacia de la institución y la necesidad de cambios profundos en su funcionamiento y liderazgo.
Ernesto Rafael Rodríguez García asumió este martes la dirección de la Policía Nacional con el desafío de optimizar la respuesta ante la delincuencia, consolidar la disciplina interna y continuar con el proceso de modernización de dicha institución. Este nombramiento se produce después de que el presidente Luis Abinader relevase a Andrés Modesto Cruz Cruz, quien ocupó el cargo por un lapso de seis meses. La modificación en el liderazgo se oficializó mediante el Decreto 558-26, el cual designó a Rodríguez García como nuevo director general y ordenó su ascenso al rango de mayor general. La misma disposición también otorgó a Cruz Cruz una honrosa situación de retiro.
La llegada de Rodríguez García ocurre en un periodo donde diputados de diversas corrientes políticas coinciden en señalar las grandes expectativas que recaen sobre la nueva cúpula policial, aunque sus opiniones varían respecto a la gestión gubernamental y el progreso de la reforma institucional. Desde el partido oficialista, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Gómez, aplaudió las determinaciones del Poder Ejecutivo y enfatizó que la ciudadanía venía solicitando desde hace tiempo ajustes en la Policía Nacional.
Gómez manifestó que los seis meses de gestión del director anterior no fueron suficientes para satisfacer las expectativas de los ciudadanos y expresó su esperanza de que Rodríguez García logre mejores resultados. El legislador también propuso que la institución debe confrontar la delincuencia con firmeza, pero siempre respetando los derechos de la población. “Buscamos orden, pero lo deseamos con el respeto irrestricto a los derechos humanos”, declaró Gómez, al indicar que el nuevo director debe combatir la criminalidad con decisión y rigor.
El diputado Carlos Sánchez también identificó como uno de los principales retos del nuevo director la imperante necesidad de mejorar la efectividad contra la delincuencia y fomentar un ambiente de cohesión dentro de la Policía Nacional. Sánchez afirmó que existía insatisfacción tanto en segmentos de la población como dentro de la propia institución con la administración previa, y sostuvo que, a su parecer, el rendimiento del exdirector ya generaba críticas durante sus primeros meses.
“Él se había desgastado en los primeros cien días porque no percibíamos a un director que, además de combatir enérgicamente la delincuencia y la inseguridad ciudadana, tampoco generaba un ambiente de tranquilidad, un clima favorable dentro de la propia Policía”, explicó. El legislador mantuvo que quien lidere la institución debe promover la unión entre sus integrantes para que los agentes puedan realizar sus funciones en condiciones adecuadas. “Si eres el líder de una institución, debes transmitir un mensaje de unidad, de hermandad, para que los agentes, al salir a proteger al ciudadano, lo hagan en un entorno de cohesión”, manifestó.
Otro de los puntos de discusión surgidos en el Congreso se centra en la operación interna de la institución. El diputado Ramón Bueno aconsejó al nuevo director aprender de las experiencias ocurridas durante la gestión anterior y consideró que uno de sus mayores desafíos será disminuir los conflictos y las situaciones que han provocado cuestionamientos dentro de la Policía. “Lo que le sugiero al nuevo jefe de la Policía, a quien conozco, con quien hemos conversado y ha visitado nuestra comisión un par de veces, es que tome como lección lo que le sucedió al jefe pasado”, expresó.
Bueno aseveró que la institución enfrenta circunstancias que demandan atención y planteó que el nuevo director deberá esforzarse para reducir lo que denominó “ruido” interno. El legislador también consideró indispensable una revisión dentro de la Policía ante casos que han suscitado críticas, incluyendo acusaciones sobre agentes presuntamente relacionados con el manejo y venta de sustancias ilícitas. Rodríguez García llega a la jefatura con experiencia precisamente en áreas vinculadas al control interno de la institución. Antes de su nombramiento, ejercía como inspector general de la Policía Nacional y previamente ocupó, entre otras funciones, la dirección de Asuntos Internos, la Dirección Regional Sur, la Dirección de Enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía y la Dirección de Control Interno.
Los legisladores también vincularon la llegada del nuevo director con el proceso de reforma de la Policía Nacional. Carlos Sánchez explicó que el proyecto que estaba en estudio en la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados deberá ser retomado, según sus declaraciones, luego de haber caducado su vigencia legislativa. “Habrá que presentarlo nuevamente en la Cámara de Diputados”, señaló. El diputado añadió que aún no se había definido si la iniciativa sería reintroducida por el Poder Ejecutivo o por un legislador, aunque aseguró que la comisión está lista para continuar trabajando en el contenido del proyecto.
Ramón Bueno también hizo un llamado al Congreso para que asuma su responsabilidad en la discusión de la reforma policial y consideró que esta debe contribuir a mejorar la seguridad y la capacidad de respuesta de la institución ante las necesidades de la población. El proceso de transformación policial, por su parte, ya cuenta con mecanismos institucionales de seguimiento. En febrero de este año, el Gobierno aprobó la Resolución 038-2026, que estableció el SISMAP Seguridad Ciudadana como una herramienta para monitorear, evaluar y fortalecer el desempeño de las instituciones encargadas de la seguridad. El sistema considera indicadores de eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, profesionalización, orientación al ciudadano y mejora continua.
Desde la oposición, el diputado de la Fuerza del Pueblo Tobías Crespo reconoció que el presidente de la República posee la facultad constitucional de designar y remover funcionarios, pero criticó la forma en que, a su juicio, el Gobierno ha manejado la reforma policial y la seguridad ciudadana. Crespo sostuvo que la permanencia de seis meses del director anterior evidencia las dificultades en la dirección de la institución y cuestionó si ese período fue suficiente para obtener resultados. El legislador también criticó la manera en que, según afirmó, se presentan las estadísticas de criminalidad y propuso que la reforma policial debe ir más allá de aspectos salariales para consolidar el orden, la autoridad y la seguridad en las calles.
Mientras tanto, el diputado José Alberto Jiménez calificó de preocupante que se produzca un nuevo cambio en la dirección de la Policía después de una administración de apenas seis meses, y atribuyó la situación a una deficiente planificación. “El problema aquí no es tanto del jefe de policía, el problema aquí es de la Presidencia de la República”, afirmó.
Con el relevo formalizado, Ernesto Rafael Rodríguez García comienza una nueva etapa al frente de la Policía Nacional. Su nombramiento ocurre seis meses después de que Andrés Modesto Cruz Cruz asumiera el cargo en reemplazo de Ramón Antonio Guzmán Peralta. Cruz Cruz había sido designado mediante el Decreto 111-26, del 17 de febrero de 2026, y previamente se desempeñaba como inspector general de la institución. Ahora, el nuevo director recibe una institución sobre la que recaen expectativas políticas y ciudadanas vinculadas a la disminución de la delincuencia, la disciplina interna, la profesionalización de sus miembros y la continuidad del proceso de transformación policial.
Para el diputado Luis Gómez, el desafío es que esos cambios se traduzcan en beneficios tangibles para la población: una Policía capaz de enfrentar la criminalidad con determinación, pero siempre dentro del respeto a los derechos humanos. El desempeño de la nueva jefatura comenzará así a evaluarse no solo por las modificaciones administrativas que pueda implementar, sino también por su habilidad para dar respuesta a los problemas de seguridad ciudadana que los propios legisladores señalan como una de las principales demandas de la población.
