La educación enfrenta un reto significativo, evidenciado por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie). Mientras que la mayoría de los docentes reporta que las aulas sobrepobladas obstaculizan la atención personalizada, los estudios de Onesvie revelan que la infraestructura de muchos de estos espacios también presenta deficiencias que requieren intervención urgente. Esta combinación crea un escenario complejo para el desarrollo educativo de los estudiantes.
Un 82.9 % de los educadores consultados por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) afirma que la gran cantidad de alumnos en las aulas restringe la atención individualizada que se puede ofrecer a cada estudiante. Paralelamente, las evaluaciones realizadas por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) indican que las condiciones físicas de varias de estas instalaciones también demandan una revisión.
El informe de la ADP detalla que el 67.7 % de los profesores considera que la excesiva cantidad de estudiantes limita de forma importante la dedicación a los alumnos, mientras que un 15.2 % opina que la afecta de manera moderada. Solamente el 14.2 % de los encuestados manifestó que esta problemática no existe en su institución. Sin embargo, el número de estudiantes por clase no es la única dificultad.
En el estudio de Onesvie, entregado a N Digital, el cien por ciento de los centros educativos examinados mostraba alguna clase de irregularidad estructural o no estructural. Esto significa que todas las escuelas incluidas en dicha evaluación presentaban alguna condición que necesitaba ser analizada técnicamente. Los hallazgos abarcan desde inconvenientes evidentes, como grietas, filtraciones y desprendimientos, hasta situaciones que exigen una valoración especializada para determinar la reacción de una estructura ante un movimiento telúrico.
Mientras el 82.9 % de los docentes encuestados identifica la sobrepoblación como un impedimento para brindar atención individual a los estudiantes, existen instituciones donde una parte de sus salones debe ser inspeccionada, reforzada o incluso clausurada debido a las condiciones de su infraestructura.
Esta situación puede generar una presión adicional sobre los espacios disponibles: si una escuela ya recibe un gran número de estudiantes y, al mismo tiempo, necesita inhabilitar aulas para realizar intervenciones, la capacidad del centro se reduce aún más. Por lo tanto, el problema no se limita a determinar cuántas aulas nuevas requiere el sistema educativo. También es crucial conocer cuántas de las aulas actuales pueden seguir operando, cuáles necesitan reparaciones, cuáles demandan reforzamiento y cuáles deben ser reconstruidas.
Uno de los casos detectados por Onesvie corresponde a la Escuela de Educación Básica María Auxiliadora de la Loma del Chivo, en el Distrito Nacional. Este centro atiende a 512 estudiantes y cuenta con 48 empleados. La evaluación reveló filtraciones en paredes, techos, vigas, columnas y zonas del sótano, además de desprendimientos de revestimiento, fisuras, desniveles en las uniones de construcción y asentamientos desiguales en el lado este del edificio.
Los documentos de Onesvie demuestran que esta problemática no se restringe a una única institución educativa. En la provincia San Cristóbal, la entidad llevó a cabo un estudio de vulnerabilidad en 315 escuelas. Según sus resultados, 90 fueron clasificadas con una vulnerabilidad muy alta y 131 con una vulnerabilidad alta. El levantamiento también registró que 189 de las escuelas habían sido afectadas por tormentas, 159 por huracanes, 158 por lluvias intensas, 91 por inundaciones y 36 por sismos, entre otros eventos.
Entre los centros incluidos en el estudio se encuentran Francisco J. Peynado, América Lugo, Instituto Politécnico Loyola, Luis Oscar Uribe Albert, Alejandro Angulo Javier Guridy, Fernando Cabral Ortega, Promoción Jeringa, Marcos Castañer y Ángela Núñez Fernández, entre otros.
