El senador Omar Fernández ha puesto de manifiesto el notable incremento de estudiantes haitianos en el sistema educativo dominicano, señalando que la matrícula pasó de 25,000 en 2007 a más de 205,000 proyectados para 2025. Este crecimiento, que representa un aumento del 716% en 17 años, plantea serias interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar servicios públicos y la planificación educativa ante el flujo migratorio.
El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, ha vuelto a situar el efecto de la migración de ciudadanos haitianos en el sistema escolar dominicano como tema central de debate. Advirtió que la inscripción de alumnos haitianos en las escuelas públicas se elevó de poco más de 25,000 en el año 2007 a más de 205,000 para el 2025.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Fernández indicó que este ascenso representa un incremento del 716% en un lapso de 17 años. Afirmó que la proporción ha cambiado de aproximadamente un estudiante haitiano por cada cien dominicanos a uno por cada trece.
El legislador consideró que estas cifras deben propiciar un debate sobre la habilidad del Estado para organizar y asegurar los servicios públicos frente al crecimiento de la población migrante. “Ese número por sí solo es una señal de alerta”, declaró Fernández, quien aclaró que el derecho a la educación está garantizado por la Constitución. Sin embargo, sostuvo que esto debe ir de la mano con una política migratoria que le permita al Estado definir quién ingresa al país, bajo qué criterios y por cuánto tiempo permanece en el territorio.
Fernández relaciona la migración con la presión sobre las aulas.
El senador indicó que el aumento en la matrícula de alumnos haitianos ocurre simultáneamente con una disminución de estudiantes dominicanos en las escuelas estatales. Según los datos que presentó, mientras más de 180,000 estudiantes haitianos se integraron al sistema educativo en ese periodo, aproximadamente 141,500 estudiantes dominicanos dejaron de estar inscritos.
Fernández sugirió que esta situación genera interrogantes sobre la planificación educativa y la capacidad de las instituciones escolares para satisfacer la demanda. “¿Cómo puede haber menos alumnos dominicanos, menos inscripciones públicas y, a la vez, cada vez más niños sin cupo?”, preguntó.
El legislador también hizo mención del programa a través del cual el Estado otorga bonos o vales para costear temporalmente la inscripción de estudiantes que no encuentran lugar en los centros educativos públicos. Según Fernández, tres años después de que se anunciara este plan provisional, la cantidad de estudiantes sin cupo se triplicó y, consecuentemente, el gasto destinado a esos bonos también se elevó.
A su juicio, esta situación evidencia inconvenientes en la planificación que terminan desviando recursos públicos hacia escuelas privadas para cubrir una demanda que las instituciones educativas estatales no estarían en condiciones de asumir.
“El 94.7% del incremento de estudiantes extranjeros fueron haitianos”.
Fernández también aseguró que los datos oficiales demuestran que, durante el período analizado, el 94.7% del aumento de estudiantes de origen extranjero correspondió a ciudadanos haitianos. El senador argumentó que abordar esta realidad no implica cuestionar el derecho a la educación, sino examinar las repercusiones que el flujo migratorio tiene sobre los servicios públicos y la capacidad presupuestaria del Estado.
En ese contexto, recordó que ha impulsado medidas desde el Congreso para endurecer las sanciones contra quienes se dedican al tráfico ilegal de personas. Fernández afirmó que, con el apoyo de legisladores de diferentes partidos, se logró incrementar las penas para los traficantes de ciudadanos haitianos y establecer restricciones para funcionarios que participen en estas actividades.
Según explicó, un funcionario que incurra en tráfico de personas podría enfrentar hasta veinte años de prisión y, una vez cumplida la condena, quedar inhabilitado para ocupar un cargo público durante otros veinte años.
Pide enfrentar el problema migratorio.
Fernández sostuvo que la migración irregular no debe analizarse únicamente desde la perspectiva fronteriza, sino también por sus efectos en áreas como la educación, la salud, la seguridad y el presupuesto público. “Así es como se observa el impacto migratorio que nuestro sistema educativo soporta”, afirmó.
El senador aprovechó el inicio del año escolar para plantear la necesidad de discutir estos datos y buscar soluciones que permitan al Estado responder a las necesidades de los estudiantes dominicanos y, al mismo tiempo, cumplir con las obligaciones legales respecto a quienes se encuentran en el territorio nacional. “Los problemas que este gobierno se niega a afrontar hoy, serán nuestros hijos y nietos quienes los terminarán pagando el día de mañana”, concluyó.
