Las fiscalías de República Dominicana y Colombia han formalizado un acuerdo para establecer un Equipo Conjunto de Investigación (ECI). Este mecanismo busca intensificar la lucha contra el crimen organizado transnacional, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, los delitos económicos y la corrupción, facilitando el intercambio directo de pruebas y la coordinación de acciones entre ambos países. Con el apoyo de la UNODC, este pacto subraya un compromiso mutuo por una cooperación efectiva y oportuna.
La Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la Nación de Colombia han suscrito un convenio para la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI). Su objetivo primordial es reforzar las pesquisas contra la delincuencia organizada que opera a través de fronteras, la trata de seres humanos, el contrabando de migrantes, los delitos de carácter económico y la corrupción.
El pacto fue rubricado por Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, y Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de Colombia. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Este nuevo instrumento permitirá a los fiscales de las dos naciones intercambiar directamente evidencias y elementos probatorios, así como implementar medidas procesales de forma conjunta y coordinar indagaciones relativas a casos específicos de criminalidad transnacional.
Reynoso enfatizó que el acuerdo incluye un plan operativo desde su firma, lo que, a su entender, demuestra el firme compromiso de ambos países con una colaboración eficiente y a tiempo. “Para la República Dominicana, y estoy segura de que para Colombia también, esta firma de un equipo conjunto de investigación posee una particularidad: es un acuerdo que ya trae consigo su plan operativo”, señaló.
La Trata de Personas: Una Prioridad
La procuradora indicó que República Dominicana empleará esta herramienta para enfrentar crímenes como la trata de personas con propósitos de explotación sexual y el tráfico ilegal de migrantes. Recordó que el país ya había establecido un primer Equipo Conjunto de Investigación con Chile y aseguró que el Ministerio Público continuará utilizando los instrumentos previstos en la Convención de Palermo.
“El delito de la trata de personas vulnera profundamente la dignidad humana. Es un crimen cuyo fin es la comercialización de individuos”, expresó Reynoso. Añadió que la batalla contra esta infracción constituye una prioridad para la actual administración del Ministerio Público.
“Cuando un ser humano se convierte en objeto de comercio y es sometido a tratos más propios de la esclavitud, es un delito, reitero, que exige una perspectiva integral y que siempre requiere una atención particular”, manifestó.
Reynoso sostuvo que las autoridades tienen “la obligación ética y legal de trabajar para alcanzar metas estratégicas de gran impacto para la vida de millones de personas, en este caso, colombianos y dominicanos, y otras nacionalidades que eligen vivir en nuestros países”.
Colombia Suma su ECI Número 18
Por su parte, Luz Adriana Camargo Garzón informó que este es el Equipo Conjunto de Investigación número 18 que Colombia ha establecido con naciones signatarias de la Convención de Palermo.
“Quiero comenzar por celebrar la oportunidad de alcanzar acuerdos concretos para el intercambio de información en un asunto tan crucial como el que nos reúne hoy, que trabaja directamente contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual, un flagelo que afecta no solo a nuestra región”, afirmó.
La fiscal colombiana señaló que la trata de personas también tiene repercusiones en diversos países de Europa y consideró indispensable que los delitos transnacionales sean abordados mediante mecanismos de cooperación internacional.
“Hemos descubierto que, definitivamente, en delitos transnacionales la lucha debe ser a través de instrumentos como este, que nos posibiliten un intercambio organizado e informado, un instrumento que nos permita llevar a cabo investigaciones aquí y allá, pero también que nos facilite el desarrollo de programas de investigación conjuntos”, indicó.
Camargo planteó, además, la necesidad de que ambos países compartan metodologías y experiencias de investigación para potenciar sus capacidades institucionales.
Seguir la Ruta del Dinero
La fiscal general de Colombia resaltó la importancia de perseguir las finanzas criminales, no solo en relación con las ganancias obtenidas por las organizaciones, sino también con los recursos que emplean para ejecutar sus operaciones.
“Porque eso implica una movilización de dinero que podemos y debemos interceptar si observamos las sencillas enseñanzas de Falcone: sigue el dinero, sigue la ruta del dinero”, expresó.
Base Jurídica del Acuerdo
El ECI se fundamenta en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo, así como en las normas procesales penales de República Dominicana y Colombia.
El artículo 161 de la Ley 97-25, que establece el Código Procesal Penal dominicano, prevé la posibilidad de que el Ministerio Público coordine investigaciones con autoridades extranjeras y forme equipos conjuntos sujetos al control judicial.
Colombia ratificó la Convención de Palermo el 4 de agosto de 2004, mientras que República Dominicana lo hizo el 26 de octubre de 2006.
El equipo contará con la colaboración y el apoyo logístico de la UNODC y busca facilitar una coordinación más ágil entre fiscales dominicanos y colombianos ante investigaciones que involucren a ambos territorios.
