La investigación sobre presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) ha evolucionado significativamente, abarcando casi dos años de pesquisas y acciones judiciales. Iniciada por denuncias de autorizaciones médicas no reconocidas por los afiliados, la última fase, denominada Operación Cobra 2.0-A, ha resultado en 28 detenciones y ha expandido el enfoque hacia profesionales de la salud y proveedores de servicios. Este caso judicial de gran envergadura involucra a diversos actores, desde exfuncionarios hasta empresarios y médicos.
La indagación, que comenzó con un reporte sobre permisos médicos ignorados por los asegurados, ha transitado por casi veinticuatro meses de pesquisas, registros y procedimientos judiciales. La etapa más reciente resultó en la detención de veintiocho individuos y amplió el alcance hacia médicos y proveedores de servicios sanitarios. Lo que se inició como una investigación por supuestas anomalías en los permisos de servicios médicos dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) se ha transformado en un extenso proceso judicial que involucra a exservidores públicos, comerciantes, facultativos y prestadores de servicios de salud. El asunto regresó al centro de la atención pública el viernes 18 de septiembre de 2026, cuando el Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra 2.0-A, una nueva fase de las indagaciones que dejó veintiocho personas detenidas después de realizar treinta y siete allanamientos en diversas localidades del país. No obstante, el origen de las pesquisas se remonta a casi dos años antes.
Una denuncia en noviembre de 2024
Uno de los primeros antecedentes documentados ocurrió el 28 de noviembre de 2024, cuando SeNaSa presentó una queja ante el Ministerio Público luego de identificar solicitudes de autorizaciones correspondientes a procedimientos y consultas médicas que posteriormente fueron desconocidas por los afiliados cuyos datos aparecían en los registros. A partir de ese momento, las autoridades comenzaron a profundizar las investigaciones sobre las autorizaciones, facturaciones y operaciones llevadas a cabo a través de la aseguradora estatal. Las pesquisas se fueron incrementando y abrieron nuevas líneas de investigación vinculadas no solo con la provisión de servicios médicos, sino también con contratos, proveedores y la gestión de recursos dentro de SeNaSa.
Cambio de dirección en SeNaSa
Meses después, el 13 de agosto de 2025, Santiago Hazim dejó la Dirección Ejecutiva de SeNaSa. Dos días más tarde, el Gobierno anunció la designación de Edward Guzmán Padilla para ocupar el puesto. Para ese momento, las indagaciones sobre las operaciones de la aseguradora seguían progresando, aunque todavía no se había producido la ofensiva judicial que meses después llevaría el caso a los tribunales. Fue en diciembre de ese mismo año cuando el expediente adquirió una dimensión diferente.
Diciembre de 2025: estalla la Operación Cobra
El Ministerio Público inició la denominada Operación Cobra, mediante la cual se ejecutaron allanamientos y arrestos contra personas que, de acuerdo con la investigación, estarían relacionadas con una supuesta red que habría actuado en detrimento de la ARS estatal. Entre los arrestados se encontraba el exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, además de antiguos funcionarios, empresarios y personas conectadas con empresas proveedoras. El 11 de diciembre de 2025, el Ministerio Público presentó una solicitud de medidas de coerción de más de quinientas páginas contra los primeros imputados y pidió que el expediente fuera declarado complejo. La acusación preliminar atribuyó diferentes delitos a los investigados, entre ellos asociación de malhechores, coalición de funcionarios, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y lavado de activos. Cuatro días después, el 15 de diciembre, el tribunal impuso medidas de coerción contra los diez imputados de aquella primera fase. Siete recibieron prisión preventiva por un periodo de dieciocho meses, mientras otros tres fueron enviados a arresto domiciliario. El Ministerio Público ha estimado en casi RD$16,000 millones el impacto económico atribuido a la supuesta red investigada. Se trata de una estimación sostenida por el órgano acusador dentro del proceso y no de una cantidad establecida mediante sentencia definitiva.
Cobra no cerró las investigaciones
La judicialización de los primeros implicados no representó el final de las pesquisas. Durante 2026, el Ministerio Público continuó rastreando operaciones y ampliando el número de personas bajo investigación. El enfoque comenzó a extenderse hacia otros actores que supuestamente habrían participado en diferentes niveles del esquema investigado. Entre ellos aparecieron médicos, prestadores de servicios de salud y personas relacionadas con procesos de autorización y facturación de servicios médicos. El 4 de septiembre de 2026, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional concedió cuatro meses adicionales para completar las pesquisas y presentar la acusación contra los primeros procesados. El plazo fue extendido hasta el 11 de diciembre.
Nueve meses después llega Cobra 2.0-A
La segunda gran ofensiva del caso llegó el viernes 18 de septiembre de 2026. Ese día, decenas de fiscales y agentes policiales salieron desde tempranas horas a ejecutar simultáneamente treinta y siete allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. El despliegue dejó veintiocho personas detenidas, entre ellas médicos, prestadores de servicios de salud y personas vinculadas al sector farmacéutico. En el operativo participaron cuarenta y cinco fiscales, alrededor de doscientos agentes de la Policía Nacional y dieciséis miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales. La nueva fase representa un cambio significativo dentro del expediente: mientras la primera Operación Cobra concentró buena parte de sus actuaciones en antiguos funcionarios, empresarios y proveedores, Cobra 2.0-A profundiza en quienes presuntamente habrían participado en la ejecución de determinadas operaciones médicas y facturaciones investigadas.
Servicios que afiliados aseguran nunca recibieron
Entre los aspectos examinados en esta segunda etapa figuran presuntas autorizaciones y cobros correspondientes a procedimientos que algunos afiliados aseguran no haber solicitado ni recibido. Una de las líneas de investigación abarca 4,363 autorizaciones relacionadas con cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas, realizadas entre enero de 2021 y febrero de 2025, por aproximadamente RD$41.1 millones. Según la tesis investigativa del Ministerio Público, datos reales de afiliados habrían sido utilizados para gestionar autorizaciones y posteriormente generar facturaciones correspondientes a servicios que las personas consultadas durante las pesquisas negaron haber recibido. También se investigan posibles irregularidades relacionadas con firmas y documentos utilizados para respaldar algunas de esas operaciones.
Interrogatorios y una investigación que continúa
Este sábado 19 de septiembre, parte de los detenidos fue trasladada a la Procuraduría General de la República para continuar los interrogatorios, luego de permanecer bajo custodia tras los allanamientos. Ahora corresponde al Ministerio Público determinar la situación individual de cada detenido y establecer contra quiénes presentará solicitudes de medidas de coerción y cuáles serán las imputaciones específicas. Casi dos años después de aquella denuncia por autorizaciones médicas desconocidas por afiliados, el caso SeNaSa continúa ampliándose. La Operación Cobra 2.0-A abre una nueva etapa que traslada parte del foco hacia profesionales y prestadores de servicios de salud, mientras el expediente original contra los primeros imputados continúa su curso en los tribunales.
