Una investigación exhaustiva ha revelado múltiples anomalías en los procesos de licitación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) para el suministro del almuerzo escolar. Se han documentado casos que incluyen empresas de reciente creación obteniendo contratos millonarios, descalificaciones posteriormente revertidas, y denuncias de una supuesta venta de adjudicaciones. Estos hallazgos sugieren posibles vínculos entre proveedores favorecidos y plantean serias preguntas sobre la transparencia en la gestión de fondos públicos destinados a la alimentación estudiantil.
Los concursos del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) para proveer el almuerzo en centros educativos quedaron bajo la atención pública después de varias publicaciones periodísticas de N Investiga sobre los acuerdos obtenidos por jóvenes de Azua sin la aprobación crediticia requerida. Ahora, N Investiga ha presentado grabaciones de audio, material audiovisual y documentos que demuestran las inconsistencias en las licitaciones del INABIE, abarcando desde inhabilitaciones que fueron después revocadas, cocinas montadas a última hora, compañías recién fundadas que lograron convenios por sumas elevadas, hasta acusaciones sobre una presunta comercialización de adjudicaciones e indicios de posibles conexiones entre proveedores beneficiados en diferentes procedimientos.
Uno de los escenarios que genera más interrogantes es el de varios jóvenes residentes en Azua que consiguieron contratos para suministrar alimentos en San Pedro de Macorís. Nayelis Carolina Beltré Beltré, de 24 años, y Luisa Margarita Beltré Beltré, de 23, dueñas de Beltré Beltré SRL, recibieron una asignación de RD$48.1 millones, mientras que Franniel Ramírez Beltré, de 24 años, obtuvo más de RD$24 millones y Carolin Michel Díaz Beltré, con solo 19 años, fue beneficiada con un contrato de RD$38 millones.
La indagación indica que algunas de estas firmas fueron registradas apenas unos meses antes del proceso de licitación y que uno de los jóvenes se registró como proveedor del Estado cuando el proceso ya había iniciado. Posteriormente, los mismos proveedores fueron nuevamente asignados en un concurso para kits de alimentos sin procesar en la región Este, acumulando, entre los tres, contratos por cientos de millones de pesos.
El informe también cuestionó la capacidad económica que habrían tenido estos jóvenes para asumir operaciones que exigen una inversión considerable antes de recibir los pagos del Estado. Según lo expuesto, para alcanzar una calificación de 77 puntos en la evaluación de una cocina se requiere una inversión aproximada de RD$3.5 millones solo en equipos, sin incluir adecuaciones del local, nómina, combustible, vehículos, controles sanitarios y capital de trabajo.
La investigación encontró además interrogantes sobre certificaciones financieras empleadas para acreditar solvencia económica, incluyendo documentos asociados a Coopsuplider, cuyo estado de inactividad fue confirmado por un miembro de su antiguo consejo de administración. A esto se añadieron visitas de los periodistas a las cocinas de algunos de los adjudicatarios, donde surgieron dudas sobre equipos, instalaciones y el origen de parte del personal, varios de ellos procedentes de Azua.
El caso adquirió otra dimensión cuando apareció el nombre de Jorge Luis Patricio Ramírez, quien, según el reportaje, habría visitado a un suministrador que denunciaba anomalías y se habría identificado como propietario de las cocinas de los Beltré; además, comparte apellido con la madre de una de las jóvenes y aparece vinculado a una empresa que también obtuvo una asignación millonaria en el mismo proceso.
Las acusaciones no se limitaron a San Pedro de Macorís. En Monseñor Nouel, proveedores perjudicados cuestionaron asignaciones por más de RD$1,269 millones y denunciaron que una de las empresas ganadoras habría sido filmada instalando su cocina el mismo día de la inspección. La investigación también identificó similitudes entre empresas adjudicatarias, como números telefónicos compartidos entre compañías que participaron y ganaron dentro de un mismo proceso, lo que fue presentado como un posible indicio de colusión que merece ser investigado.
A esto se sumó el testimonio de una proveedora que afirmó que, durante una reunión informal, le pidieron RD$1 millón por cada mil raciones para asegurar un contrato. Otro oferente entregó a N Investiga una grabación de audio en la que una voz no identificada habla de la venta de adjudicaciones por millones de pesos.
En Independencia, por otro lado, Sabor de Oro pasó de ser inhabilitada a ser aprobada por una vía excepcional y posteriormente obtuvo un contrato de RD$32.6 millones; videos obtenidos por el programa muestran que, días antes, el local permanecía cerrado y sin señales de preparación de alimentos, mientras que después comenzaron a llegar equipos durante la madrugada para acondicionar la instalación.
Lo que al principio podría parecer una serie de incidentes aislados empieza a tomar una perspectiva diferente cuando se consideran en conjunto los nombres que se repiten, las compañías que aparecen en diversos procedimientos, las inhabilitaciones que se revierten, las cocinas que se habilitan posteriormente, los contratos millonarios y las acusaciones sobre supuestas negociaciones de adjudicaciones.
El propio reportaje plantea una pregunta fundamental: si detrás de proveedores que formalmente figuran como empresas independientes existe una estructura común de individuos que financian, organizan o controlan distintas compañías para aumentar su participación en las contrataciones públicas. De confirmarse alguna coordinación, el problema dejaría de ser únicamente el de expedientes cuestionados y pasaría a implicar la posible concentración organizada de un negocio que mueve miles de millones de pesos y que tiene como propósito la alimentación diaria de cientos de miles de estudiantes.
Hay demasiados elementos sobre la mesa como para analizar cada expediente de forma individual; ahora corresponde determinar quién está detrás de ellos y cómo se están distribuyendo los contratos del almuerzo escolar.
