Los cuestionamientos a los galenos implicados en el expediente SeNaSa 2.0 han concluido en la sede de la Procuraduría General. Se anticipa que el Ministerio Público presentará en breve la petición de medidas coercitivas, lo que definirá la situación legal de los investigados, decidiendo quiénes permanecerán bajo detención y quiénes serán liberados. La defensa, por su parte, ha manifestado su preparación para impugnar las acusaciones.
Los interrogatorios a los profesionales de la salud involucrados en el suceso SeNaSa 2.0 terminaron este día en las instalaciones de la Procuraduría General de la República. Se prevé que el Ministerio Público formalice en las siguientes horas la petición de medidas de coerción, lo que establecerá la condición jurídica de los examinados, definiendo quiénes continuarán privados de libertad y quiénes podrán recobrarla.
A lo largo de la jornada, el letrado Santo Liriano, quien representa a uno de los doctores, expresó sus reservas acerca de ciertas acciones del Ministerio Público. Calificó de superfluos los registros efectuados en los domicilios de los implicados, argumentando que había transcurrido cerca de un año desde la operación inicial y que, según su criterio, no existía peligro de eliminación de pruebas.
El abogado también manifestó que durante las entrevistas no se especificaron con claridad los cargos o la base de la indagación. Indicó que las preguntas se centraron primordialmente en individuos que los médicos conocen y en posibles movimientos financieros. Frente a una posible solicitud de medidas de coerción, Liriano afirmó que la representación legal está lista para presentarse ante los juzgados y refutar la validez de las imputaciones que eventualmente se formulen.
