Tres ciudadanos dominicanos han sido puestos bajo detención provisional en Panamá, enfrentando cargos por delincuencia organizada y trata de personas. Se les acusa de participar en una red dedicada a reclutar individuos para combatir en la guerra ruso-ucraniana, habiendo recibido cuantiosas transferencias de dinero para este propósito. La fiscalía sostiene que los implicados formaban parte de una estructura criminal que no pagaba a los reclutados por su participación en el frente.
Tres personas de nacionalidad dominicana radicadas en Panamá han sido puestas bajo custodia preventiva, tras ser imputadas por delitos de crimen organizado y tráfico humano con miras a la explotación laboral. Se les imputa haber participado en una organización dedicada a incorporar individuos para combatir en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Los individuos señalados son Joselyn Ramírez, Rolando Newball y María Inés García, quienes presuntamente recibieron transferencias superiores a los 800 mil dólares para enganchar a panameños dispuestos a viajar a la Federación Rusa con fines bélicos. La acusación fiscal sostiene que Ramírez, Newball y García forman parte de una red delictiva que atraía a personas, las cuales finalmente no obtenían remuneración alguna por su servicio en el frente.
Elizabeth Carrión, la fiscal encargada del caso, detalló que este grupo utilizó la plataforma TikTok para contactar a Octavio Carrillo, Rafael Ulises y José Montenegro, todos residentes en la provincia de Bocas del Toro. Los convencieron de trasladarse a la Ciudad de Panamá para tramitar sus pasaportes, adquirir billetes de avión y firmar el “acuerdo para ofrecer sus servicios en la confrontación armada”. Según la fiscalía, las tres víctimas fueron llevadas a un hospedaje denominado Chellox Panamá Airport, situado en Tocumen. Desde allí, los reclutadores gestionaron pagos utilizando tarjetas de crédito y movilizaron a los reclutados para obtener sus documentos de viaje y finalizar los trámites pertinentes. No obstante, durante su estancia, dos de las víctimas huyeron del alojamiento y se comunicaron con la policía, al sospechar que podrían ser víctimas de explotación laboral.
Las indagaciones revelan que José Montenegro, una de las víctimas, sí viajó a Rusia. Una vez en el país, nunca recibió los 2,000 dólares que le habían prometido, por lo que solicitó ayuda a la Cancillería panameña y fue repatriado. Las investigaciones indican que Ramírez, supuesto líder del grupo, realizó diversos viajes a Colombia, donde recibía directrices y fondos para operar en territorio panameño. El juez Ceballos consideró que las pruebas presentadas por la fiscalía durante la audiencia ofrecen un fuerte indicio de su participación en una organización criminal dedicada al tráfico de personas con fines de explotación laboral.
