El embajador de Rusia en República Dominicana, Alexey Victorovich Seredin, ha puesto en duda un informe de la ONU que detalla el reclutamiento engañoso o coercitivo de ciudadanos extranjeros, incluyendo dominicanos, para unirse a las fuerzas armadas rusas en Ucrania. Seredin calificó el informe de “falso” y aseguró que su país está dispuesto a cooperar con las autoridades dominicanas para aclarar la situación, mientras la embajada ya investiga una lista de 20 dominicanos presuntamente afectados.
El diplomático ruso, Alexey Victorovich Seredin, cuestionó un informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que documenta la captación, mediante engaños o coacción, de ciudadanos de otros países, incluidos dominicanos, para incorporarlos a las Fuerzas Armadas de Rusia y enviarlos a luchar en el conflicto contra Ucrania. “Esta información contiene el reporte de una comisión internacional independiente, así llamada, pero no reconocemos el mandato de esta comisión independiente, que consideramos que está basada en datos completamente falsos. Entonces, hay que verificar”, expresó Seredin al referirse a las informaciones sobre este asunto.
El embajador aseguró que las autoridades rusas tienen la disposición de colaborar con la República Dominicana para esclarecer la situación. Detalló que la Embajada recibió, a través de la Cancillería dominicana, una lista de personas que supuestamente se encuentran en Rusia bajo engaño y que la documentación fue remitida a Moscú para su revisión por los organismos competentes. Seredin indicó que la información disponible en la Embajada identifica a 20 dominicanos, aunque reconoció que el número podría ser mayor. Añadió que los resultados de las verificaciones serán comunicados a las autoridades dominicanas y a los familiares de las personas involucradas.
El informe de la comisión internacional, identificado como A/81/440 y fechado el 19 de octubre de 2026, señala que ciudadanos de República Dominicana, Colombia y Perú habrían sido captados mediante ofertas engañosas y trasladados bajo circunstancias que ocultaban el propósito militar de su viaje. Según el documento, algunas agencias de reclutamiento les indicaban que viajarían por motivos turísticos a Turquía o Rusia, aunque el verdadero fin era incorporarlos al servicio militar. Estas denuncias también han sido abordadas por el programa N Investiga, conducido por la periodista Nuria Piera, mediante reportajes que recogen testimonios de dominicanos atraídos por supuestas ofertas de empleo, así como denuncias de familiares preocupados por el paradero de sus seres queridos.
El documento de Naciones Unidas examina el reclutamiento de ciudadanos de 48 países y señala indicios de captación mediante engaño o coacción en 29 de ellos. Entre los países mencionados figuran República Dominicana, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras y Perú. La comisión sostiene que estas prácticas podrían constituir trata de personas con fines de explotación en el ámbito militar y describe mecanismos que incluirían falsas oportunidades laborales, traslados internacionales y contratos firmados bajo presión. Mientras tanto, Seredin insistió en que se deben verificar las informaciones y esperar los resultados de la revisión documental antes de establecer conclusiones sobre el caso.
Uno de los hallazgos más relevantes para República Dominicana aparece en el párrafo 49, página 11 del informe, donde los investigadores explican cómo las agencias organizaban los viajes de los ciudadanos captados. Según el documento, los intermediarios gestionaban boletos de avión, visados, alojamientos y otros trámites necesarios para trasladar a los extranjeros hacia territorio ruso. En el caso de los dominicanos, junto con ciudadanos colombianos y peruanos, los investigadores encontraron que las agencias les indicaban viajar sin visado y utilizar documentación que presentaba el desplazamiento como un viaje turístico a Turquía o Rusia.
El informe también señala que los vuelos de los reclutados podían incluir escalas en países como Brasil, México, Panamá, España, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, entre otros destinos. Las agencias que participaban en estas operaciones se presentaban frecuentemente como empresas legítimas de viajes, turismo o contratación laboral. Algunas incluso aseguraban contar con respaldo gubernamental. Los investigadores identificaron un alto grado de coordinación entre los intermediarios que operaban en los países de origen, los agentes encargados del traslado y las autoridades rusas que recibían a los extranjeros.
Una vez en Rusia, los extranjeros eran trasladados a alojamientos temporales y posteriormente entregados a estructuras militares. De acuerdo con la comisión, muchos eran obligados a firmar contratos con el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, que establecían un compromiso de servicio militar por un año. Los documentos estaban redactados exclusivamente en ruso, idioma que la mayoría de los afectados no comprendía. Los investigadores comprobaron que, en numerosos casos, los reclutados eran despojados de sus teléfonos celulares, pasaportes y licencias de conducir, lo que dificultaba su comunicación con familiares y limitaba sus posibilidades de escapar. La comisión obtuvo copias de contratos que presentaban un formato idéntico, independientemente del país de procedencia de los reclutados. Los testimonios también describen amenazas de muerte contra quienes se negaban a firmar. Uno de los afectados relató que fue llevado a un lugar donde presenció cómo disparaban contra cuatro rusos y posteriormente le advirtieron que sería el siguiente si no aceptaba incorporarse al servicio militar. Otros denunciaron que permanecían vigilados en instalaciones militares y que intentar escapar podía costarles la vida.
En la tercera entrega de su investigación sobre dominicanos reclutados para la guerra, N Investiga tuvo acceso a un contrato militar redactado en ruso, que permitió examinar las obligaciones y consecuencias que enfrentaban los ciudadanos incorporados a las Fuerzas Armadas de ese país. El documento analizado por el programa estaba vinculado a la Orden número 625 del Ministerio de Defensa ruso, del 18 de septiembre de 2023, y establecía un compromiso de servicio por un año. Entre las obligaciones figuraban cumplir las normas militares, prestar juramento y servir a la Federación de Rusia. El contrato también contemplaba el reembolso de recursos destinados a la formación militar en determinadas circunstancias de salida anticipada, aunque el espacio correspondiente al monto de esa deuda aparecía en blanco. Durante el reportaje, el abogado Juan José Eusebio, especialista en Seguridad y Defensa Nacional, explicó que abandonar el servicio podía implicar consecuencias penales conforme a la legislación rusa, con posibles penas de entre cinco y 20 años de prisión por deserción, dependiendo de las circunstancias. La investigación periodística también tuvo acceso a una grabación atribuida a un integrante de la estructura de reclutamiento, así como a testimonios de familiares que denunciaban dificultades para comunicarse con los dominicanos que permanecían en Rusia. Entre los casos expuestos figuró el de Jesús Campusano, un trabajador de 52 años de Bajos de Haina que viajó a Rusia después de responder a una oferta de empleo civil difundida a través de Facebook. Sus familiares denunciaron que posteriormente quedó vinculado a un contrato militar, pese a que su viaje había sido motivado por una oportunidad de trabajo.
En otra investigación, cuatro jóvenes dominicanos contactaron directamente al equipo de N Investiga para denunciar que habían escapado de sus presuntos reclutadores y acudieron a la Embajada de República Dominicana en Rusia en busca de protección. Los afectados aseguraron que nunca habían firmado contratos para incorporarse formalmente a las Fuerzas Armadas rusas y que temían ser enviados al frente de combate. Según sus testimonios, incluso después de recibir asistencia diplomática, continuaban recibiendo amenazas de muerte a través de mensajes de WhatsApp. Las personas que presuntamente los reclutaron afirmaban conocer su ubicación y los números de las habitaciones del hotel donde estaban hospedados. También denunciaron que les exigían 10,000 dólares por persona, pese a que aseguraban no haber suscrito compromisos militares. Los jóvenes explicaron que inicialmente eran cinco los dominicanos involucrados, pero únicamente cuatro lograron ponerse bajo protección de las autoridades diplomáticas. Del quinto aseguraron desconocer su paradero. Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) informó que había gestionado los boletos aéreos para facilitar el retorno de los cuatro ciudadanos, quienes emprendieron su viaje de regreso a República Dominicana. No obstante, la versión oficial de la Cancillería difirió de las denuncias de los jóvenes respecto a las amenazas, al sostener que permanecieron protegidos durante la asistencia diplomática. Aunque la comisión de Naciones Unidas no identifica públicamente a estos cuatro dominicanos entre los casos individuales examinados, los mecanismos de presión, las amenazas y las prácticas de reclutamiento descritas en el informe guardan similitudes con las denuncias difundidas por N Investiga.
El informe internacional también revela que muchos extranjeros reclutados carecían de experiencia militar y recibían una preparación extremadamente limitada antes de ser enviados a las zonas de combate. Según los investigadores, los entrenamientos podían durar desde apenas 20 minutos hasta un mes. Posteriormente, los reclutados eran enviados al frente de guerra en Ucrania, donde debían cavar trincheras, asegurar territorios, transportar alimentos y agua, recuperar cadáveres y participar en operaciones de asalto. La comisión documentó castigos, golpes, amenazas de muerte y vigilancia mediante drones para impedir que algunos soldados retrocedieran durante las operaciones. Numerosos extranjeros murieron, desaparecieron, resultaron heridos o fueron capturados poco después de su despliegue. El documento también recoge denuncias de familiares que perdieron comunicación con sus seres queridos y, en algunos casos, se enteraron de sus muertes a través de redes sociales o de otros combatientes.
La investigación identificó además un componente económico en las redes de captación. Según el informe, algunos intermediarios exigían a los reclutados comisiones de entre 400 y 8,000 dólares para cubrir supuestos gastos de traslado y documentación. Estos montos podían cobrarse antes del viaje o descontarse de los salarios prometidos. Una vez incorporados a las estructuras militares, algunos extranjeros denunciaron que nunca recibieron sus pagos, que sus salarios fueron retenidos o que se realizaron retiros bancarios sin su autorización. En determinadas situaciones, los intermediarios o miembros del personal militar confiscaban las tarjetas bancarias de los reclutados o conservaban otra tarjeta con acceso a sus cuentas. Para sustentar sus hallazgos, la comisión reunió 245 testimonios relacionados con los reclutados, sus familiares, representantes legales, autoridades, investigadores y periodistas. También examinó boletos de avión, itinerarios de viaje, visados, cartas de invitación, reservas de hoteles y contratos del Ministerio de Defensa ruso.
Las conclusiones de la comisión internacional cobran especial relevancia frente a las explicaciones ofrecidas por la Cancillería dominicana sobre los contratos militares de ciudadanos identificados por sus familiares. En una comunicación divulgada en octubre, el canciller Víctor Bisonó sostuvo que los contratos correspondientes a los casos conocidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores habían sido firmados voluntariamente y estaban redactados tanto en español como en ruso. El funcionario explicó que esas relaciones contractuales imponían condiciones y limitaciones a las gestiones que podía realizar el Estado dominicano para procurar el regreso de sus ciudadanos. Sin embargo, el informe de Naciones Unidas establece que, entre los casos investigados, existieron contratos firmados bajo engaño o coacción, sin que los afectados comprendieran el idioma ni las obligaciones militares que asumían. Aunque el documento internacional no permite determinar si examinó los mismos contratos remitidos por la Cancillería dominicana, sus conclusiones plantean interrogantes sobre las circunstancias en que ciudadanos extranjeros aceptaron incorporarse al Ejército ruso. La comisión también precisa que la firma de un contrato militar no elimina automáticamente la condición de víctima de trata, cuando la incorporación se produjo mediante engaño, amenazas o abuso de vulnerabilidad.
Tras evaluar las evidencias, la comisión concluyó que las autoridades rusas incurrieron en trata de personas y otras violaciones de derechos humanos mediante el reclutamiento de extranjeros para combatir en Ucrania. En consecuencia, recomendó a Rusia poner fin a estas prácticas y desvincular inmediatamente del servicio militar a los extranjeros identificados como víctimas de trata, garantizando su protección y asistencia. También exhortó a los países de origen, incluida República Dominicana, a investigar y procesar a los responsables de estas redes, desarrollar campañas de prevención y colaborar para lograr el retorno de sus ciudadanos. Asimismo, explicó que los extranjeros incorporados formalmente a las Fuerzas Armadas rusas bajo estas circunstancias no deben ser considerados mercenarios y que, en caso de captura, les corresponden las protecciones establecidas para los prisioneros de guerra en los Convenios de Ginebra.
