La Fiscalía de Perú ha clausurado una investigación concerniente a las esterilizaciones obligatorias realizadas a miles de mujeres, predominantemente de comunidades originarias y campesinas, durante el mandato de Alberto Fujimori. Esta determinación se basa en una legislación reciente que prohíbe clasificar sucesos previos a julio de 2002 como delitos de lesa humanidad. Organizaciones de derechos humanos han manifestado su fuerte rechazo, calificándola de "ley de impunidad" y demandando una revisión inmediata del caso.
La Fiscalía de Perú ha decidido cerrar la investigación sobre las intervenciones quirúrgicas de esterilización forzada efectuadas a miles de mujeres, mayoritariamente de pueblos originarios y del campo, durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), ya fallecido. Esta resolución se apoya en una legislación aprobada en 2024 que impide considerar como crímenes contra la humanidad o de guerra eventos anteriores a julio de 2002. Conforme a una resolución del Ministerio Público, fechada el 22 de octubre y divulgada por la agencia AFP, la acción judicial quedó anulada por caducidad, al estimarse aplicables las normas sobre prescripción establecidas en la legislación penal vigente.
Esta determinación ha provocado el rechazo de diversas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, quienes tildan la normativa de "ley de impunidad" y exigen una revisión del archivo del expediente. La investigación abarcaba las acusaciones de 4,172 mujeres que afirmaron haber sufrido graves secuelas tras someterse a procedimientos de esterilización, así como los casos de otras cinco que perdieron la vida. Las operaciones se llevaron a cabo como parte de un programa de planificación familiar impulsado durante la administración de Fujimori, quien siempre negó las acusaciones.
Rocío Silva-Santisteban, directora de la organización feminista Demus, expresó su indignación ante la decisión y anunció que presentarán una impugnación ante un fiscal de mayor rango para solicitar una revisión del archivo. "Nosotras estamos totalmente indignadas de esta resolución", manifestó a la AFP. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también instó a la Fiscalía a reconsiderar su resolución en conformidad con los estándares internacionales en la materia. "Es indignante que después de casi tres décadas de búsqueda de justicia, miles de mujeres, principalmente indígenas, rurales y en situación de pobreza, enfrenten una nueva vulneración de sus derechos", señaló la organización en un comunicado.
El cierre de la investigación beneficiará a 52 personas que estaban siendo investigadas, incluyendo a tres exministros de Salud del gobierno de Fujimori.
Antecedentes del caso
El asunto ha sido objeto de objeciones por parte de organismos internacionales. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas consideró que las esterilizaciones podrían constituir un delito de lesa humanidad. Asimismo, en marzo de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo a favor de una víctima que falleció en 1997 después de ser sometida a una esterilización sin su consentimiento. En su sentencia, el tribunal declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano.
Fujimori, quien fue condenado por graves vulneraciones a los derechos humanos, murió en septiembre de 2024, después de haber recibido un indulto por razones humanitarias. La ley de 2024 en la que se basa la decisión fiscal también ha sido cuestionada por sus implicaciones en otros procesos judiciales relacionados con violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno peruano, que enfrentó a las fuerzas del Estado con grupos de izquierda radical durante las décadas de 1980 y 1990.
